Primer vínculo entre Cursach y la Policía Local de Palma que aparece en el juicio. Rafael Amengual, uno de los agentes acusados, admitió este martes en su declaración que compaginó su trabajo como policía en la zona de Playa de Palma durante el día con labores de vigilancia por las noches en la discoteca Megapark, en el mismo enclave. "Vigilaba a las negras [en referencia a las mujeres africanas que ofrecen servicios sexuales], ayudaba a sacar la basura y cuando bajaba el contable con el dinero estaba pendiente de que no le pegaran ningún susto", contó sobre su trabajo la discoteca. Amengual, sin embargo, negó haber realizado ninguna intervención como policía que beneficiara a Cursach y rechazó las acusaciones que pesan sobre él, por las que la fiscalía reclama dos años de prisión por un delito de coacciones.
Este policía explicó, a preguntas del fiscal Juan Carrau, que estuvo destinado en la zona de Playa de Palma entre septiembre de 2007 y noviembre de 2010. En esa época, contactó con Antonio Bergas -policía que ya se había jubilado y trabajaba entonces para Cursach- y le preguntó "si sabía de algún trabajo". "Me ofreció lo de Megapark y yo ahí hacía unas horas", señaló. A preguntas de la presidenta del tribunal confirmó que compaginaba su labor como policía con el trabajo en el local nocturno. "Tenía necesidad de estar pluriempleado por necesidad económica. Mi mujer no trabajaba", explicó. Además, añadió que esta circunstancia era "harto conocida" por los mandos policiales.
Amengual precisó que no era él único agente que estuvo trabajando en Megapark y apuntó a otro de los acusados, Felipe Florit. "Compartíamos el mes. Hacíamos 15 días cada uno", detalló sobre la discoteca. No quiso responder si sucedieron en este puesto a Nicanor Góngora, otro de los policías que se sientan en el banquillo. "Eso no está en el actual escrito de acusación", replicó a Carrau.
Respecto a las imputaciones que pesan sobre él, Amengual negó haber levantado actas contra los negocios Level y Divino del Paseo Marítimo para beneficiar a los negocios de Cursach. "Nunca realicé ninguna intervención profesional allí", explicó. También rechazó haber desviado autobuses repletos de jóvenes hacia discotecas del empresario. "Si yo subo a un autocar, lleno de jóvenes que habían pagado 50 euros y les digo que perdían el dinero y tenían que ir a otro local, ¿usted cree que yo habría salido vivo de ese autocar?", dijo.
También admitió haber realizado trabajos como fotógrafo para el Megapark, por los que presentó facturas, y rechazó haber recibido instrucciones de Sbert. "Que yo sepa no es mi jefe de nada", apuntó. Finalmente, añadió que como policía levantó diversas sanciones contra tiqueteros "tanto de Cursach como de Pabisa y otras discotecas" en la playa de Palma.
Durante la sesión de ayer, otros tres agentes de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma negaron rotundamente haber llevado a cabo inspecciones arbitrarias e injustificadas en determinados locales, como sostiene la fiscalía. Feliciano Franco desgranó sus intervenciones en diversos establecimientos: "Actuaba como discoteca sin tener licencia", "tenía la salida de emergencia bloqueada", "funcionó durante 30 años sin licencia de nada". Franco afirmó que las actuaciones que le atribuyó el grupo de Blanqueo "son falsas" y que "nadie lo comprobaba" durante la fase de instrucción, en la que se mantuvo "una ficción durante años".
Gabriel Mayol, también de la Patrulla Verde y que se enfrenta a una petición de 9,5 años de prisión, negó haber preavisado al director de Tito’s de que iban a realizar inspecciones. También descartó haber exigido favores sexuales, un jamón y dinero a los dueños de negocios a cambio de no actuar contra ellos. Sobre los negocios de Cursach afirmó que "normalmente están muy bien" para justificar que no se detectaran deficiencias en ellos. "Nunca he hecho un acta injustificada", resumió.
En el mismo sentido, José Mayans apuntó que las actuaciones de la Patrulla Verde respondían a quejas vecinales o requerimientos de otras unidades policiales o departamentos de Cort. Además, justificó diversas intervenciones en establecimientos en una «orden expresa» del área de Seguridad Ciudadana para «controlar a diario» la hora de cierre en zonas como La Lonja, Santa Catalina y el Marítimo.
Carlos Vallecillo, por su parte, aseguró que estaba destinado en Menorca cuando ocurrieron algunos de los episodios que le imputan en Palma. También rechazó haber impuesto a un negocio la contratación de otro agente como portero y negó haber exigido dinero o regalos a los dueños de negocios a cambio de brindarles un trato de favor.
La vista oral continúa hoy. Quedan por declarar seis policías y un funcionario del Ayuntamiento de Calvià.
