El PSOE y Unidas Podemos van a terminar el periodo de sesiones con la lengua fuera, agotados sus diputados, porque en el último mes han logrado que se aprueben una decena de leyes entre dictámenes y textos definitivos y tras negociaciones a cuatro, cinco y seis bandas. Se han quedado en lista de espera la ley de regulación del juego, la de memoria democrática o la del fondo de compensación de las víctimas del amianto. En julio, sin embargo, acabarán sus trámites. Están las fuerzas al límite, pero queda un sprint final duro.
Vendrán las vacaciones de agosto y llegará septiembre; se reanudará el curso político y regresarán los diputados a sus escaños. Las direcciones del PSOE y de Unidas Podemos tienen muy avanzado el calendario legislativo previsto para otoño. Dos normas están marcadas en rojo: la nueva ley de seguridad ciudadana, con la consiguiente derogación de la “ley mordaza”, y la nueva ley de vivienda.
Fuentes parlamentarias conocedoras de estos planes han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, que a partir de septiembre, por tanto, el Gobierno volcará sus esfuerzos en ambos procedimientos con el objetivo de que entren en vigor en 2023. Los portavoces de las formaciones de izquierdas llevan tiempo hablando sobre la agenda progresista y la necesidad de hacerla realidad. Aunque suena música militar procedente de la Cumbre de OTAN, en el Gobierno se han convencido de que no pueden truncar emblemas de sus votantes y potenciales votantes.
Tendrá que compatibilizar la apuesta social con la apuesta en Defensa y seguridad. Esperan las fuentes que el PP se una a este viaje y ayuden a eclipsar las divergencias con Unidas Podemos, que no cesan. Este jueves, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha destacado su disconformidad con los planes del presidente de aumentar el gasto militar. No es un disenso nuevo, pero resonó en el día de la clausura de la Cumbre que ha alumbrado el plan de la organización atlántica hasta 2030. El convenio con Estados Unidos respecto de la base de Rota, las adhesiones de Suecia y Finlandia a la propia OTAN y la modificación de la ley de seguridad nacional son los ámbitos que el PSOE trabajará con el PP y con Cs.
Al mismo tiempo, trabajará con los aliados parlamentarios de izquierdas la derogación de la ley mordaza y la nueva ley de vivienda. El abanico de aliados ha mutado, cabe recordar. De apoyarse en ERC y en el PNV a sujetarse en el PNV, EH Bildu y PDeCAT. La vía vasca ha adquirido un brillo especial durante los meses de mayo y junio. Gracias a estas dos formaciones, más la catalana que en el Congreso dirige Ferrán Bel, fue avalado el primer decreto contra las consecuencias de la guerra de Ucrania y salvada la ley de los planes de pensiones. Ahora, gracias a ellos, se ha construido la base para que la ley de memoria pase de imposible a viable.
No es sencillo porque PNV y PDeCAT son más conservadores que EH Bildu, cuyo grupo parlamentario se ha situado a la izquierda del PSOE en la defensa de derechos sociales y laborales, en línea con ERC, a pesar de que sean fuerzas autónomas para votar, y con Unidas Podemos. Sin embargo, gracias a negociaciones a varias bandas, se han podido conciliar los intereses de todos ellos.
Con este mimbre numérico en un Congreso fragmentado, el Gobierno afrontará dos tareas titánicas. Impulsar la derogación de la ley mordaza y la ley de vivienda después de meses desaparecidas no es precisamente una labor fácil. Lo hará porque gracias a los seis diputados del PNV, los cinco de EH Bildu y los cuatro del PDeCAT, aparte de los de Más País, Compromís, Teruel Existe y PRC, la línea hacia la mayoría absoluta de los 153 diputados de PSOE y Unidas Podemos es más corta. No garantizada, pero sí más corta.
Derogación de la ley mordaza
La ponencia que está analizando la derogación de la ley mordaza sobre la base del texto del PNV, registrado al poco de empezar la legislatura, se ha seguido reuniendo con suma discreción desde hace dos meses. Apenas se han producido avances. Las posiciones de ERC y EH Bildu permanecen distantes. No obstante, en el PSOE, según las fuentes consultadas, el panorama no es tan negro. Hace una semana, por ejemplo, acercaron posiciones sobre cómo sancionar la resistencia a la actuación policial, tal y como publicó el diario El País. Éste es uno de los numerosos escollos, así como el material antidisturbios que los ponentes pretenden regular.
La dirección socialista ha comprobado que sin los 13 votos de ERC en el Congreso puede funcionar. La clave es ir negociando las propuestas según los proponentes. Cesiones por aquí y cesiones por allá permiten pulir los acuerdos, y a la postre, las leyes.
Desde finales de 2021, no se ha sabido casi nada de la ley mordaza. El PSOE comenzó el nuevo año muy optimista e incluso barajó la posibilidad de cerrar el trámite durante la primera mitad del mes de febrero. Fue imposible, y desde entonces, el silencio. PSOE y Unidas Podemos habían logrado aparcar las rencillas y pactaron enmiendas sobre el uso y difusión de imágenes de los policías, la comunicación previa de las manifestaciones, el tiempo de permanencia en comisaría, la cuantía de las sanciones, el testimonio de los agentes en procesos judiciales y hasta las devoluciones en caliente, que delegaron en una eventual reforma de la ley de extranjería.
Los negociadores no cuentan aquí con PP ni con Cs, que se oponen abiertamente. Justo a finales de 2021 sus direcciones salieron en tromba a apoyar las manifestaciones del principal sindicato policial, en contra del proceso de derogación por considerar que deja indefensos a los agentes.
La ley de vivienda
La derogación de la ley mordaza al menos se intentó en enero y en febrero. La Comisión encargada de su trámite, la de Interior, llegó a convocar la ponencia hasta en sesiones dobles en un mismo día. Fue en balde.
La ley de vivienda no ha corrido la misma suerte. Llegó al Congreso en febrero porque el Consejo de Ministros se empeñó en sacarla adelante a pesar de los numerosos reparos que pusieron los órganos consultivos, en concreto el Consejo General del Poder Judicial, muy crítico con las delimitaciones competenciales del texto. La conclusión del órgano de gobierno de los jueces coincide con la de formaciones nacionalistas e independentistas, e incluso con la del PP.
A diferencia de la nueva ley de seguridad ciudadana, que al menos aglutina a la izquierda a pesar de sus diferencias, la de vivienda no logra ni eso. ERC pidió devolver el proyecto y presentó un texto alternativo. También abogaron por su devolución PNV y PDeCAT, así como PP y Cs. En marzo, viendo el encono que suscitaba la norma, el Gobierno optó por guardarla en el cajón y esperar tiempos mejores.
Hace un par de semanas, la ministra competente, la de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, declaró sus intenciones de habilitar la Comisión parlamentaria del ramo en julio para avanzar en la tramitación de la ley. Pedir algo así delata algún movimiento previo. Las fuentes parlamentarias consultadas, al ser preguntadas por la pretensión de Sánchez, descartan que en julio se organice la Comisión, pero no que haya habido tanteos entre grupos. Por ello, miran a otoño. Y miran con optimismo.
Además de los encajes competenciales, el Gobierno y la oposición deberán concretar las medidas para contener las subidas de los precios del alquiler. Cataluña tiene una norma al respecto que parte de la declaración de zonas de mercado tensionadas. ERC ha marcado una línea roja con ella: nada que la debilite o se solape. Según su propuesta, esa declaración habría de hacerse en función de la carga media de la hipoteca o de si dicho alquiler rebasa el 30% de los ingresos medios, o renta media, de los hogares. Un recargo del IBI del 150% en viviendas vacías es otra petición.
Los incentivos fiscales componen otro campo de enfrentamiento, al igual que las medidas relativas a la okupación. El PP aprecia en la ley una vulneración del concepto de propiedad privada tal y como establece el ordenamiento constitucional.
En fin, un reguero de enmiendas para una ley extensa y muy compleja. Pero el Gobierno se ha propuesto dar señales de existencia a la ciudadanía de izquierdas. Señales contundentes. Y para el otoño ya sabe cuáles serán las que provengan del Congreso.
