La nueva ley de memoria democrática ha cogido velocidad de crucero en el Congreso y es más que probable que esté aprobada durante la primera quincena de julio. Fuentes parlamentarias han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece a este mismo grupo, Prensa Ibérica, diario que a lo largo de esta semana la ponencia cerrará el informe, que durante la que viene (pese a ser periodo extraordinario) la Comisión Constitucional aprobará el dictamen y que entre los días 11 y 15 de julio el pleno dará el “ok” definitivo y enviará el texto al Senado.
Los grupos parlamentarios, por tanto, están negociando las enmiendas a toda velocidad. Algunas han recibido el “ok” del PSOE y de Unidas Podemos, que son los que llevan la batuta. Pero hay muchas que revisar aún y que presentar como transaccionales, esto es, la fusión de los textos aportados por varias formaciones. Son diversos los aspectos que requieren todavía retoques y vistos buenos del Gobierno, pero uno, según han informado las fuentes de la negociación a este medio, ha quedado ya finiquitado.
En la semana previa al comienzo del Orgullo, el viernes próximo, la novedad encierra simbología y relevancia. A raíz de una propuesta de Más País, la nueva ley de memoria va a devolver la nacionalidad española a los hijos/as y nietos/as de aquellas personas que durante la Guerra Civil y el franquismo se exiliaron por su orientación sexual.
El texto, una leve modificación de la disposición adicional octava de la norma, sobre la adquisición de la nacionalidad española, es el siguiente: “Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a ella, a los efectos del artículo 20 del Código Civil”. La novedad reside en cuatro palabras que no figuraban en el mismo párrafo del proyecto legislativo que remitió el Gobierno a finales de agosto del año pasado: “o de orientación sexual”.
Esta disposición adicional octava regula una serie de supuestos cara a la asunción de la nacionalidad, y a su vez, el plazo de formalización de ello: dos años a contar desde la entrada en vigor de la ley, si bien da potestad al Consejo de Ministros para establecer una prórroga de un año más.
Aunque la ley de memoria histórica de 2007 facilitó la concesión de la nacionalidad a los hijos y nietos de los exiliados, en líneas generales (los cálculos del Gobierno cifraron en más de 80.000 las personas beneficiarias), no existía hasta ahora ninguna precisión sobre exiliados por orientación sexual. La ley de memoria de 2022 añadirá tal condición.
En Más País no disimulan su satisfacción por este añadido, que creen “pionero”, apuntan fuentes de la formación que lidera Íñigo Errejón. “Es un reconocimiento de que la dictadura persiguió y criminalizó la homosexualidad”, lo que abocó al exilio a muchas personas, cuando no a la cárcel, a detenciones o a tortura, añaden.
Las citadas fuentes se congratulan de que la ley recoja una garantía tampoco contemplada en la redacción inicial: la del Estado sobre el derecho a que se investiguen violaciones de los derechos humanos no sólo durante la Guerra Civil y la dictadura posterior, sino también durante la Transición, 1982 inclusive. Será la nueva Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática la que intervenga en estos casos.
Los derechos LGTBI en la ley
El proyecto legislativo del Gobierno da prioridad al reconocimiento de las víctimas LGTBI de la dictadura franquista. La exposición de motivos, sin ir más lejos, consagra la nulidad de las condenas y sanciones impuestas durante el conflicto y el franquismo por “razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación e identidad sexual”.
Añade la norma que la represión y persecución a los colectivos LGTBI quedó demostrada en la modificación de la Ley de Vagos y Maleantes de 1954, ya que se obró para incluir a “los homosexuales” en tales categorías, y de la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, según la cual quienes efectuaran “actos de homosexualidad” serían considerados “peligrosos sociales”.
Tanto la nulidad de las sanciones como el reconocimiento como víctimas se articulan posteriormente en la norma, en los preceptos 1.2 y 4.2, que alude a la reparación.
El plano político
Si la nueva ley de memoria democrática, sucesora de la de memoria histórica que promulgaron las Cortes a instancias del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se va a convertir en breve en una realidad, es por el grado de consenso que han ido labrando, despacio y poco a poco, el PSOE y Unidas Podemos. No lo han tenido fácil.
El proyecto, efectivamente, desembarcó en el Congreso a finales de agosto de 2021. Antes de que acabara el año, los partidos que componen el Gobierno de coalición anunciaron un acuerdo respecto de una serie de enmiendas fundamentales para la salud política del texto, a juicio de los proponentes. Una tiene que ver con la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, que se llevará a cabo conforme al Derecho Internacional Humanitario. Los delitos cometidos por el franquismo serían imprescriptibles y no amnistiables. Otra incide de lleno en las vías de reparación o resarcimiento de bienes incautados y/o expoliados.
A ERC no le gustaba nada el texto primero y no le gustaron nada las ideas de PSOE y Unidas Podemos. De hecho, la ley de memoria democrática fue la primera amenaza seria a la estabilidad que socialistas y “morados” intentaban fraguar y solidificar en la Cámara. En septiembre de 2021, el portavoz republicano, Gabriel Rufián, confirmó que su grupo no sólo presentaría una enmienda a la totalidad (devolución), sino que además registraría un texto alternativo. Ninguno prosperó en el pleno, pero ilustró hasta qué punto Esquerra iba a pelear por llevar la norma a sus derroteros.
El histórico diputado independentista Joan Tardá ha estado siempre en las negociaciones. Como ya lo estuvo en época de Zapatero, se conoce al dedillo los vericuetos de la nueva regulación, así como las fortalezas y debilidades de los demás negociadores. En una entrevista a este medio denunció con dureza la timidez del PSOE con la ley. Lo llamó "trampa".
ERC torció tanto la viabilidad de la negociación que el Gobierno, en vez de ir rápido durante la primavera de este año, prefirió ralentizar la marcha. No dejó de sondear a otros grupos entretanto, a espaldas de Esquerra. Habló con las formaciones minoritarias, en especial Más País, y fue cultivando vías de pacto con el PNV, EH Bildu y PDeCAT. El proceso le ha salido bien. Las fuentes parlamentarias consultadas dan por hechos los apoyos de los de Aitor Esteban, Ferrán Bel e Íñigo Errejón y creen casi atado el del grupo de Mertxe Aizpurua. Fuentes de la formación independentista vasca piden esperar. BNG y Compromís abogan también por la prudencia.
Las fuentes, por otra parte, ven señales de cambio en Esquerra. Los primeros intercambios de enmiendas han matizado la posición de los republicanos catalanes, a criterio de fuentes socialistas y de Unidas Podemos. ¿Podrían pasar al sí? Semejante viaje se ve aún lejos, pero ya no se descarta. En el juego de propuestas para modificar el proyecto ha quedado claro que la Ley de Amnistía, de 1977, no se va a derogar, como plantea ERC, ni se declarará ilegal el franquismo. No obstante, los grupos están analizando cómo propiciar que dicha ley de hace 55 años no obstaculice investigaciones judiciales sobre presuntos crímenes de lesa humanidad. Quizá, aquí, algo se mueva, y en consecuencia, también, el voto de los 13 diputados independentistas.
