El presidente del GobiernoPedro Sánchez, se mostró este sábado muy duro tanto con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como con el Tribunal Constitucional, instituciones a las que les imputó "falta de legitimidad" por no haberse renovado en plazo. Y aprovechó el fallo del Supremo de Estados Unidos sobre el aborto para defender la reforma de la ley que el propio Ejecutivo promulgó para impedir al CGPJ hacer nombramientos, con el fin de renovar el Tribunal Constitucional.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sánchez expresó su temor a un hipotético retroceso en derechos, como ha ocurrido en Estados Unidos, y recordó que 50 diputados del PP recurrieron hace más de 10 años la ley de interrupción voluntaria del embarazo vigente, impugnación que en el actual Constitucional quería empezar a deliberar una vez que pasaran las elecciones andaluzas, aunque no aparece en el orden del día del pleno de la semana próxima.

Tras presentar el nuevo decreto anticrisis que se extenderá hasta final de año, el presidente del Gobierno se reafirmó en la necesidad de reformar por segunda vez la ley orgánica del poder judicial para poder devolver al órgano de gobierno de los jueces, que lleva tres y medio en funciones, la potestad de nombrar a los magistrados del Constitucional, ya que, si no, sería cuando menos muy discutible que el Ejecutivo procediera a nombrar a los dos que le corresponden en este tercio.

Afirmó que los jueces toman decisiones muy importantes, por lo que su órgano de Gobierno debe contar con la máxima legitimidad, lo que ahora no ocurre por el bloqueo del PP que "no quiere cumplir con las obligaciones constitucionales", pese a que se trata de un mandato constitucional. "La Constitución se tiene que cumplir todos los días, no cuando interese al principal partido del oposición", sentenció.

Urgencia por parte de los jueces

Te puede interesar:

En la carrera judicial también preocupa la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial. La asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria hizo público este sábado un comunicado en el que califica de "urgente que diputados y senadores cumplan su obligación y designen a los nuevos vocales del CGPJ conforme a criterios que excluyan la imagen de politización del órgano", así como una reforma legal que impida que una situación semejante pueda reproducirse en el futuro.

Este colectivo pide garantizar "la imagen de neutralidad política del CGPJ, siguiendo las exigencias de las instituciones europeas al respecto". Para ello cree que "es urgente que los grupos políticos dejen de utilizar el sistema judicial como un instrumento de satisfacción de sus propios intereses, en detrimento de la convivencia democrática entre todos los españoles.