Fue la frase que utilizó Mónica Oltra nada más asumir la cartera de Igualdad y Servicios Sociales, una de las parcelas de gestión más desagradecidas y delicadas en cualquier Gobierno. Su objetivo era “rescatar a las personas”, ponerlas en el centro del sistema, especialmente a las más vulnerables. Siete años después la consellera y lideresa de Compromís acaba de anunciar su dimisión debido a su imputación por el presunto encubrimiento de los abusos de su ex marido a una menor tutelada.
La primera decisión nada más aterrizar el Botànic fue atajar las listas de espera de la dependencia. Su primera gran promesa que, siete años después, ha cumplido. En 2015, el sistema acogía a 43.000 personas, Oltra deja el Gobierno con 107.000 ciudadanos con prestación, aunque con matices. Su principal talón de Aquiles en la gestión ha sido no abonar la dependencia a las 14.000 familias de personas que murieron a la espera de cobrar la ayuda.
La consellera siempre priorizó en la lista a los vivos, pero las familias sin compensar siguen ahí. Pese a todo, la mejora en los datos de dependencia y la agilización de las listas ha sido palpable desde que Oltra llegó al Gobierno, posicionándose cada año a la cabeza de los datos del Imserso en cuanto a incorporación de nuevos beneficiarios.
Otro de los hitos de la gestión de Oltra fue la aprobación de la ley de infancia, una norma pionera a nivel autonómico que después tendría su réplica a nivel estatal. Paradójicamente, le avala su cambio de modelo y buena gestión de los centros de menores tutelados y apuesta por las familias acogedoras.
Cumplió una de las reivindicaciones históricas de mejorar y equiparar el dinero para las familias de acogida sin lazos de sangre con el menor. También es una de las pocas autonomías de España que no tiene ningún niño o niña de menos de 6 años en un centro de menores. Además, otra muestra de la buena gestión es que se realiza el pago mes a mes y no de manera acumulada.
Cambió el tamaño de los centros de menores, dejando de lado la masificación y el caos de casos como el de Monteolivete, y pasando a centros con unidades de convivencia mucho más pequeñas y mayor integración con el entorno, barrio y centros escolares de los alrededores. Todo esto priorizando en todo momento las familias de acogida. La C. Valenciana es una de las referentes en esta materia.
Una de las primeras normas que salió de la cartera de Oltra y se materializó en 2017 fue la Ley Integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y a la Expresión de Género, conocida como 'Ley Trans'. El texto es una de las normas más avanzadas de toda España en cuanto a despatologización de la transexualidad y persecución de las llamadas terapias de conversión. La ley recoge, entre otras cosas, el derecho de autodeterminación de género de las personas que lo manifiesten sin necesidad de prueba psicológica o médica, y también plantea la posibilidad de conceder la documentación directamente desde la autonomía para evitar la exclusión laboral, discriminación o el sufrimiento en la exposición pública.
Otro de los hitos de su paso por Igualdad fue la creación del contrato programa, que a pesar de haber traído críticas y retrasos de varios meses a comienzos de cada año, ha conseguido generar estabilidad a las empresas que trabajan en servicios sociales o la tutela de menores, frente al modelo pasado que acababa generando una suerte de clientelismo por los plazos tan cortos y criterios cambiante. Aún así los impagos a las empresas que gestionan los centros de menores generaron algunas propuestas frente a la Generalitat.
Renta Valenciana de Inclusión y residencias
En 2018, Oltra puso en marcha esta renta básica para la población vulnerable en sustitución de una ayuda del Partido Popular que no funcionaba y no contaba a penas con beneficiarios. La ayuda tardó en arrancar y en un primer momento las solicitudes se colapsaron por la necesidad de la población, lo que costó críticas a la vicepresidenta, pero finalmente el sistema acabó engrasado y funcionando correctamente.
De hecho, tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (las dos ayudas coexisten pese a ser muy similares) se ha demostrado que la valenciana es una prestación que, además de ser mucho mayor económicamente, funciona mejor en los plazos. En estos momentos hay unas 75.000 personas que reciben mensualmente esta renta básica. En el año 2019 la vicepresidenta anunció que la Renta Valenciana de Inclusión complementaría el sueldo de trabajadores pobres, pero la pandemia paralizó los planes de vicepresidencia y a día de hoy esa norma se ha quedado en stand-by.
Posiblemente su gran promesa incumplida ha sido el cambio en las residencias de mayores que dejara atrás el modelo Blasco-Cotino. El nuevo decreto -que ha quedado a las puertas de ser aprobado- planeaba residencias mucho menos masificadas y con unidades de convivencia de unas 20 personas, con un máximo de 100 plazas por centro.
Durante toda la elaboración siempre tuvo enfrente a la patronal Aerte, que veía imposible compaginar este plan de residencias menos masificadas con las 22.800 plazas que estima la OMS que serán necesarias. Este plan de vicepresidencia pretendía generar unas 7.000 plazas adicionales a las 28.720 actuales, repartidas en 357 centros (283 privados y 74 públicos). Pese a los esfuerzos en la gestión, la realidad es que Igualdad apenas ha aumentado las plazas residenciales en este tiempo.
La tarea era ingente, y para paliar la situación Oltra decidió aprobar una norma para prohibir que se concediera una plaza en una residencia a más de 20 km del domicilio de la persona. Pese a todo, una de las grandes críticas siempre ha sido la falta de plazas en este tipo de centros y los grandes tiempos de espera a los que son sometidos las personas. En el plano de la discapacidad, la historia se repite y a día de hoy los familiares tienen muy complicado encontrar un centro para que un gran dependiente pueda ser cuidados, llegando incluso (en algunos casos) a tener que renunciar a la tutela para no perder una plaza.
La atención temprana es otra de las fuentes de críticas a Igualdad, pese a los esfuerzos de la vicepresidenta por incrementarla. Tras heredar la gestión del departamento de Sanidad (presidido entonces por Carmen Montón), ha duplicado el número de plazas desde el año 2015, pasando de 1.476 a 3.296. También se ha duplicado el número de centros, pasando de 35 a 60 y con un aumento de 280 profesionales. Pese a esto, durante todo este tiempo el departamento de Oltra ha tenido en contra a muchas familias de niños y niñas con dependencia y Trastorno Espectro Autista (TEA).
Uno de los mayores cambios de la gestión de Oltra, con una de las mayores carteras del Botànic, fue la puesta en marcha de la Ley de Servicios Sociales. Con esta ley amplió en gran medida las plantillas (aunque no acabó de desatascar la gestión de los ayuntamientos), pero la pandemia no hizo más que agravar la necesidad y su departamento tuvo que hacer frente a una de las mayores crisis económicas y sobre todo sociales recientes. El texto nacía con la filosofía de devolver a los trabajadores sociales a la calle, más cerca de las personas y evitar las tareas burocráticas, algo que en la práctica no ha conseguido, con un mapa de servicios sociales todavía pendiente.
