Primero fue Carmen Calvo quien viajó hasta el Vaticano, en octubre de 2018. Luego, dos años más tarde, el propio presidente, Pedro Sánchez. También la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el pasado diciembre. Y ahora, será el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, quien se verá con el papa Francisco. Será el próximo lunes, 13 de junio, cuando el Pontífice reciba en audiencia privada al ministro en la Santa Sede, según informaron fuentes de su equipo este jueves.
La visita a Roma, reclamada por el propio Ejecutivo, se justifica porque el Ministerio de la Presidencia es el competente en materia de libertad religiosa y de relaciones con las confesiones religiosas. En particular, con la Iglesia católica, con la que mantiene un “diálogo constante en España que ha permitido alcanzar acuerdos”.
El ministro Bolaños, continuaron fuentes de su departamento, se siente “honrado de tener la oportunidad de intercambiar opiniones” con el Papa y “trabajar en los distintos temas de interés común entre el Gobierno de España y la Iglesia católica”.
Bolaños sí despejó ya con la Conferencia Episcopal Española una cuestión importante para el Ejecutivo, como las inmatriculaciones indebidas. La Iglesia admitió que no le correspondía la titularidad de cerca de un millar de propiedades, que registró a su nombre aprovechando una ley de José María Aznar que le permitió hacerlo con una simple certificación eclesiástica. Aquel acuerdo fue solemnizado por Sánchez y el presidente de los prelados españoles, el cardenal Juan José Omella, en la sede de la institución religiosa.
No obstante, la comisión con la Iglesia relativa a las inmatriculaciones sigue en marcha. Pero hay otras dos más montadas entre el Gobierno y los obispos españoles: una sobre el régimen tributario (para que la Iglesia pague impuestos) y otra sobre la Obra Pía de Roma, una entidad de derecho privado y nacionalidad española, encomendada a la Embajada de España ante la Santa Sede. No hay una comisión Gobierno-Iglesia, sin embargo, sobre los abusos cometidos por religiosos. La investigación está en manos del Defensor del Pueblo, comisionado de las Cortes Generales, aunque aún no se ha constituido la comisión que se encargará de los trabajos y en la que participará la Iglesia, aunque no formará parte de ella. La Conferencia Episcopal encargó además una auditoría de los abusos sexuales al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo.
