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Modificación contra la prostitución

El feminismo reprocha a la ley del PSOE que no prevea salidas para las prostitutas

Regulacionistas y abolicionistas coinciden en que hay que ayudar a las afectadas, con medidas laborales o permisos de residencia

Varias mujeres participan en una manifestación convocada en Madrid por asociaciones feministas. EFE

Uno de los temas que más dividen al movimiento feminista tiene que ver con cómo abordar la prostitución. Una parte del feminismo aboga por el abolicionismo y otra por el regulacionismo –es decir, considerar la actividad como un trabajo y dar derechos a las “trabajadoras sexuales”. En los últimos meses, el PSOE ha cogido con fuerza la bandera del abolicionismo y, fiel a ella, ha presentado una propuesta legal destinada a perseguir el proxenetismo “en todas sus formas”, a cerrar los prostíbulos y a penalizar a los clientes. Con estas medidas, prevé desactivar la prostitución sin llegar a prohibirla.

No obstante, la iniciativa legal, que será debatida este martes en el Congreso y previsiblemente será admitida a trámite gracias al apoyo del PP y la oposición de algunos de los grupos de izquierda y regulacionistas, solo contiene media decena de artículos destinados a modificar el Código Penal. No es una ley integral y no contiene medidas destinadas a ayudar a las prostitutas y facilitarles una salida laboral. Es lo que le reprocha al PSOE el sector abolicionista del feminismo, mientras que el regulacionista opina que directamente perjudicará a las prostitutas y las conducirá a más vulnerabilidad.

Por el contrario, las abolicionistas apoyan la propuesta legal y consideran que si va a acompañada de “impulso político” y persecución policial, servirá "por fin" para frenar la actividad proxeneta y la proliferación de prostíbulos. “Es un paso necesario porque España tiene una posición estratégica en las redes de trata de mujeres y crimen organizado y hasta ahora no se ha debatido como ese crimen puede estar enquistado en los estamentos de poder”, según denuncia Graciela Atencio, directora de la Escuela Abolicionista Internacional.

Permiso de residencia

Ahora bien, la también la directora de feminicidio.net avisa de que la propuesta del PSOE tiene una “carencia” y es que no contempla “una salida y ayuda hacia las mujeres”, como sí lo hace la ley orgánica abolicionista del sistema prostitucional que, para que la tengan en consideración el estamento político, ha redactado la Plataforma Estatal de Organizaciones por la Abolición de la Prostitución (PAP).

Su portavoz, Rosario Carracero, también considera que la ley del PSOE es “insuficiente” porque no contiene medidas de apoyo para las prostitutas, como favorecer su incorporación al mercado laboral o un permiso de residencia para las extranjeras ‘sin papeles’, que son legión en este ámbito. Asimismo, Carracero echa de menos que la ley defina la prostitución como una forma de violencia hacia las mujeres e incorpore iniciativas para “cambiar el paradigma”, como formación especializada para los cuerpos de seguridad o los operadores jurídicos. Además, “son necesarias medidas de sensibilización que cambien la normalización hacia la prostitución de la sociedad”.

La ley ‘del solo sí es sí’, que está en tramitación en el Senado, ya incorpora varios avances, como la educación sexual en los centros educativos para promover la igualdad o que las víctimas de explotación sexual tengan los mismos derechos que otras víctimas, como asesoría jurídica o ayudas económicas. Sin embargo, son insuficientes y no están dirigidas a todas las mujeres que se prostituyen, según el sector abolicionista del movimiento feminista, que considera necesario una ley específica. Además, Igualdad y Justicia trabajan en una ley integral contra la trata, pero es una incógnita si verá la luz esta legislatura.

Las regulacionistas

En el lado opuesto, el sector regulacionista reniega de ley socialista porque es una “propuesta perversa, cargada de punitivismo y sin ninguna medida social”, que solo abocará a las prostitutas “a más clandestinidad, estigma, abusos, explotación y deportaciones”, según Kenia García, trabajadora sexual e integrante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla. “Penalizar al cliente es penalizar nuestra pan. Y, a través de la tercería locativa –que castiga a quien destine un inmueble a la prostitución -, van a disuadir a quienes nos alquilan un sitio, nos expondrán a desalojos y a persecución no sólo policial sino también vecinal”, añade. Incluso, al “considerar que cualquier obtención de lucro de la prostitución ajena es proxenetismo, hasta un taxista que nos traslade puede ser considerado un proxeneta”. “En realidad, se está diluyendo el verdadero delito y se pone en peligro al entorno próximo y familiar de las mujeres, así difícilmente van a protegerlas”, concluye.

En la misma línea, la profesora de la Universidad Carlos III Paula Sánchez Perera considera que la iniciativa socialista es un “ejercicio electoralista” que provocará “mayor clandestinidad”. “Aunque no se produzca una criminalización directa, se penaliza a su universo, como arrendadores, intermediarios, parejas... Y dada la ausencia de alternativas reales para el abandono [de la actividad], la criminalización indirecta les conducirá a espacios clandestinos y, con ello, a mayor aislamiento, estigma y vulnerabilidad. En lugar de políticas punitivas, la prostitución requiere de políticas sociales y de una reforma de la ley de extranjería”, asevera. 

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