La triple derecha pone en marcha la maquinaria judicial para que la Generalitat ejecute el fallo que establece el 25% de las clases en castellano en Cataluña. Una alianza que supera sus recelos y que les unifica en un plan de tres frentes: el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), el Tribunal Constitucional (TC) y la fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
La primera maniobra fue llevar al CGE la nueva ley sobre el sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria para retrasar su aprobación. Y lo lograron. El pleno previsto para el pasado viernes quedó suspendido porque la extrema derecha decidió maniobrar y usar este órgano autonómico que hasta el momento detestaba. Cs y PP, por sí solos, no podían activar esta vía porque los populares están en el grupo mixto y se requiere de un mínimo de dos grupos o de un número de diputados que no alcanzan a sumar. Su pacto evitó que PSC, ERC, Junts y 'comuns' pudieran aprobar la ley dentro del plazo fijado por el TSJC para cumplir con su fallo.
El Govern aceleró entonces la aprobación del decreto que explicita el rechazo a los porcentajes. Pese a Vox había descartado recurrir de nuevo al CGE, finalmente la presión de Cs y PP ha permitido que se vuelvan a unir. Sin embargo, como se trata de un decreto, está en vigor desde el lunes -dentro del plazo habilitado- y hay margen de un mes para que sea convalidado en el hemiciclo, con el apoyo ya garantizado de los 'comuns'. El CGE tiene 12 días hábiles para pronunciarse, así que el texto será avalado sin contratiempos, y deberá despejar si el documento cumple con la Constitución y el Estatut.
Una vez quede aprobado por el pleno tanto la ley como el decreto, las derechas activarán el canal del Tribunal Constitucional. PP y Vox pueden hacerlo ya que tienen más de 50 diputados en el Congreso de los Diputados (los populares suman 88 y la extrema derecha, 52) pero los máximos líderes nacionales, Alberto Núñez Feijóo e Inés Arrimadas, han acordado una alianza para que Cs pueda firmar y consensuar el texto del recurso de inconstitucionalidad.
Consecuencias penales
La tercera pata de la ofensiva pasa por una posible responsabilidad penal del 'conseller' d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray, y de otros altos cargos del Departament que dirige. El primero en mover ficha fue Cs que ya el 28 de marzo presentó una denuncia ante la fiscalía del TSJC que fue desestimada el 4 de mayo al considerar que no se dan "los caracteres propios de ilícito de naturaleza penal" porque una cosa es discrepar de las directrices en materia de política lingüística en el ámbito educativo y otra cosa es sostener que "las autoridades educativas han mantenido un deliberado apartamiento de la legalidad, y otra que se sostenga que dicho apartamiento constituye un plan criminal".
Pero, pese al portazo inicial, la líder de los naranjas, Inés Arrimadas, junto al líder de las filas catalanas, Carlos Carrizosa, y la candidata a la alcaldía de Barcelona, Mari Luz Guilarte, ha vuelto a interponer este miércoles otra denuncia para que se investigue si Cambray ha cometido un delito de prevaricación continuado “al anteponer mediante sus actos y resoluciones administrativas o la ausencia de las mismas cuando son debidas, la exclusión o cancelación injustificada del derecho de los ciudadanos a recibir enseñanza en castellano en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos en Catalunya" desde el primer pronunciamiento firme, el 16 de diciembre de 2020.
La dirigente de Cs considera que emana directamente de la Constitución “el derecho a recibir la enseñanza en castellano en, al menos, el 25% de las asignaturas no lingüísticas”, por lo que “no es modificable, alterable ni incumplible” a través de una nueva ley o de un decreto.
En declaraciones a los periodistas, Arrimadas ha acusado al 'conseller' de ser un "matón" por "coaccionar" a los directores de centro y las familias a raíz del decreto "fake" aprobado por la Generalitat.
Por otro lado, la extrema derecha también ha emplazado a PP y Cs a que den apoyo en el Congreso de los Diputados a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para aplicar la sentencia del 25% del castellano en las aulas.
