La decisión del Gobierno de dejar fuera del anteproyecto de ley del aborto la rebaja del IVA del 10% al 4% a los productos de higiene menstrual, como tampones y compresas, no se adoptó por razones financieras, como se ha deslizado desde el Ministerio de Igualdad, sino por cuestiones puramente "técnicas" y "de "competencias", según aseguran fuentes de Hacienda.

Desde el departamento de Irene Montero se apuntó en los últimos días, mientras algunos de los asuntos más novedosos de esta ley, como la nueva baja por reglas dolorosas se negociaba en el seno del Ejecutivo de coalición, que el Ministerio de Hacienda se había negado a esta rebaja fiscal por los estragos económicos de la guerra de Ucrania (el argumento de que no es el momento idóneo para minorar la recaudación) y por el hecho de que el IVA en España es de lo más bajos de Europa.

Pero fuentes de Hacienda corrigen esta versión y aseguran que obedeció sólo por "criterios técnicos" y de "seguridad jurídica". Cada Ministerio, explican, no puede legislar unilateralmente de temas fiscales porque "no tienen competencias". Además, fuentes conocedoras señalan que desde Igualdad no se comunicó a Hacienda que iban a incluir esta regulación en el borrador de la nueva ley del aborto y que, prácticamente, se enteraron por la prensa.

La propuesta de Irene Montero era que el IVA de los productos de higiene menstrual, que ahora mismo es del 10%, quedara a cero, aunque en el propio Ministerio asumían que era un planteamiento de máximos porque el acuerdo del Ejecutivo de coalición lo fija en el 4%. Hacienda da por supuesto que esta reducción "irá en los próximos presupuestos", que es, defienden, el marco legislativo correcto.

La semana pasada la ministra de Igualdad señaló en una entrevista en La Ser que "el socio mayoritario, particularmente Hacienda, no ha querido que vaya en esta ley" y que se volvería a negociar de cara a las cuentas de 2023. Una posibilidad que avala también el bloque socialista.

La cuestión es si el Gobierno podrá sacar adelante unos nuevos presupuestos, por el mal momento que atraviesan sus relaciones con ERC, uno de sus principales socios parlamentarios y que resulta vital para poder aprobarlos. Fuentes del Ejecutivo sostienen que su intención es presentar unas nuevas cuentas, aunque no desvelan si lo harán aunque no tengan la seguridad de contar con apoyos suficientes. Las mismas fuentes confían en que las discrepancias con ERC ya se hayan superado cuando haya que presentar el proyecto.