Primero movió la atención a la salud mental de la ciudadanía; meses más tarde, en octubre del año pasado, defendió ante el pleno una nueva legislación sobre el uso del cannabis. Ahora, el líder de Más País, Íñigo Errejón, va a registrar en el Congreso una propuesta para acabar con la burocracia que ralentiza la concesión de ayudas sociales urgentes. Lo hará este martes, según han adelantado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, fuentes de la formación.
Se trata de una proposición de ley cocinada codo con codo con el grupo de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital española. Será, por tanto, una iniciativa con alcance legislativo, para lo cual planteará dos modificaciones puntuales de la ley de subvenciones de 2003, en concreto de su artículo 2. Una va directamente al grano y aboga por sacar del conjunto de prestaciones consideradas subvenciones las "ayudas de emergencia" de los servicios municipales. La otra no incide tanto en el núcleo de la propuesta que firma Errejón: se trata del reemplazo de la palabra "minusválidos" por la expresión "personas con discapacidad", acorde con la solicitud de reforma de la Constitución, paralizada completamente en el Congreso.
Colarse en el debate
El líder de Más País sufre las consecuencias de estar integrado en un grupo parlamentario que es la suma de varias formaciones. Al lograr en las elecciones dos escaños, y a pesar de unirse "de facto" el único de Compromís, no pudo más que aliarse con otras siglas para formar grupo. La alternativa era engrosar el abultado, amplio y variado Grupo Mixto de esta legislatura. Peor negocio.
Errejón convive con JxCat, PDeCAT, BNG y la citada Compromìs en el llamado Grupo Plural. En la rutina parlamentaria, esto tiene consecuencias negativas: una es que las intervenciones en las sesiones de control al Gobierno, en interpelación al presidente, son esporádicas; otra tiene que ver con el ritmo de registro y debate de las leyes propias. La frecuencia de los duelos del diputado madrileño con el presidente suelen ser uno por periodo de sesiones, es decir, uno cada cinco meses. El cupo de defensa de iniciativas legislativas se espacia aún más. Las fuentes de Más País consultadas prevén que hasta el otoño no habrá debate de toma en consideración de una norma propia.
Para encontrar el precedente hay que remontarse a octubre de 2021, cuando Errejón subió a la tribuna del hemiciclo para argumentar los pros de que haya una legislación integral sobre el uso y consumo del cannabis. La propuesta fue rechazada de modo incontestable, pero al menos durante esa semana logró azuzar el debate en las redes y en los medios.
Más allá del resultado de la votación para la admisión a trámite, Más País busca también eso mismo: colarse en la limitada y a veces monótona lista de los temas políticos de actualidad. Con la apuesta por una agenda pública y ambiciosa de salud mental lo logró holgadamente, pues es un asunto que, al margen de su intensidad, no se cae de la opinión pública. Con la de la ley integral del cannabis, el resultado fue más limitado. A partir de unas fechas lo intentará con un tema menos atractivo a priori, pero llamativo porque posiblemente está destapando un error legislativo o una falta de previsión normativa.
Lo urgente no puede ir despacio
En la exposición de motivos, Más País precisa que con su propuesta quiere "aligerar los procesos para conceder las ayudas" que necesitan "tramitación urgente" por dirigirse a "situaciones de especial vulnerabilidad". Se refiere a las prestaciones de ayuntamientos y diputaciones.
Para llevarlo a cabo, la formación de Errejón usa como base la Ley de Bases del Régimen Local, ya que es en ésta en donde se regula "la emergencia" como una competencia de la esfera municipal, y la Ley de Subvenciones, que es la que enumera las ayudas que quedan fuera de las subvenciones. Más País ha reparado en una aparente contradicción; en la primera se habla de la urgencia; en la segunda, no.
El problema de tramitar una prestación social urgente como subvención se encuentra en "la carga burocrática y en los múltiples procedimientos que alargan en el tiempo la concesión", recalca Más País, que cifra en dos meses la posible demora. Que una ayuda de algo más de 100 euros para atajar o aliviar una "auténtica emergencia social" necesite hasta 19 pasos en determinados ayuntamientos no parece que case muy bien con la urgencia, proclama esta organización, que ha redactado la proposición de ley en estrecha colaboración con Más Madrid.
La pandemia no ha mejorado el color del panorama. "Las ayudas de urgente necesidad ascendieron prácticamente a un millón de solicitudes" en consistorios y en diputaciones, apuntan los firmantes, que recuerdan que la cuantía media de tales ayudas se situó en los 184 euros y el total, en consecuencia, en entre 150 y 200 millones. Asimismo, recurre al último informe Foessa, de Cáritas, para remarcar que ha bajado la renta media de los españoles y se han incrementado la pobreza y el riesgo de exclusión.
Más País concluye que si bien el contexto de carestía se ha agudizado con la pandemia, "los mecanismos de ayuda pública, tanto el Ingreso Mínimo Vital como las ayudas de Ayuntamientos y diputaciones, se han mostrado lentos e ineficaces por la profusa consecución de trabas burocráticas y trámites que dificultan el acceso y prolongan la resolución de los expedientes".
Los dos cambios
Para aligerar "la situación de angustia" en la que, según Más País, viven más de tres millones de ciudadanos en España, promoverá una ley que, mediante la modificación de la ley de subvenciones, permita más agilidad en la llegada de las ayudas.
En concreto, solicita añadir al artículo 2 de la norma, acerca de las prestaciones excluidas del cupo de subvenciones, como las ayudas no contributivas, las pensiones de guerra o las derivadas de actos terroristas, un punto que abarque "las ayudas de emergencia y/o urgencia social de los servicios de las entidades locales para cubrir necesidades básicas de la ciudadanía".
De paso, pide cambiar una palabra del 2.4.c: "También quedarán excluidas, en la medida en que resulten asimilables al régimen de prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social, las prestaciones asistenciales y los subsidios económicos a favor de españoles no residentes en España, así como las prestaciones a favor de los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana y de los minusválidos". La palabra de la discordia es la última: "minusválidos" fuera, y en su lugar, "personas con discapacidad".
