Las relaciones entre la vicepresidenta del Consell y responsable de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, no han sido precisamente buenas. Los rifirrafes entre una y otra han sido una constante. No sólo en esta legislatura. También en la anterior. Los motivos han sido de lo más variados. Desde la apertura de una comisaría especializada en violencia machista hasta el reconocimiento de las mujeres prostituidas como víctimas sobre la base de una postura abolicionista, pasando por las discrepancias en torno a la gestión de la pandemia en los momentos más duros de la crisis sanitaria o el requisito lingüístico, ahora para el alto funcionariado. Sin embargo, en plena crisis de gobierno del Consell, Bravo ha decidido elevar la presión sobre Oltra. Ha pasado del "aporta o aparta" que le dedicó la consellera de Justicia en noviembre de 2020, a cuenta de las discrepancias entre los dos principales socios del Botànic por la Estrategia Valenciana para la Recuperación impulsada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a marcarle directamente la puerta de salida. Todo a través de una intervención que, en absoluto, se ve como casual, ni en Compromís, ni en determinados círculos de su partido. Ni por los tiempos, ni por el medio, ni por las formas.
Gabriela Bravo abrió la caja de los truenos el martes, apenas unas horas antes de que el conseller de Educación, Vicent Marzà, hiciera oficial el miércoles por la mañana su decisión de dejar el Ejecutivo valenciano para dedicar más tiempo al plano orgánico, con la vista puesta en las elecciones de 2023, abriendo, de paso, la carrera hacia el liderazgo en Compromís. Eligió para ello los estudios de COPE Valencia, una elección tampoco fortuita en opinión de muchos. Fue en este contexto en el que Bravo, en plena crisis de gobierno anunciada por el jefe del Consell, y al hilo de la posible imputación de la vicepresidenta por el caso de los abusos a una menor tutelada por la Generalitat, aludió a "tres" sentencias judiciales que "no dejan en buen lugar a la Administración". Ante ello, no dudó a la hora de pronunciarse sobre la posible salida de Mónica Oltra del Ejecutivo valenciano: "Cada cual es dueño de sus decisiones, tiene su escala de valores, y debe tomar sus decisiones, pero yo, ante una situación en la que se compromete la credibilidad de la institución a la que represento, me lo plantearía", vino a decir. "Cada uno debe saber dónde llega la ética, que es muy importante en política. En ocasiones es importante desligar responsabilidad penal de la política y lo que puede afectar a la institución", añadió Bravo. Más contundente, imposible. El qué, el cómo y el cuándo dejaba poco margen para pensar que era todo fortuito, incluso dentro de sus propias filas.
De Twitter a las declaraciones
A partir de ahí, como era de esperar, se desató la tormenta. Tanto en redes sociales como en las declaraciones en distintos foros. El entorno más cercano a la aún jefa de filas de Compromís salió en tromba. Su jefe de gabinete, Miquel Real, a través de Twitter, apuntó que "no hay tres sentencias sino dos. En ninguna de ellas, en los hechos probados, se menciona a la Administración. Ni para bien ni para mal. Bravo, que es jurista, sabe que está mintiendo". El senador de Compromís Carles Mulet fue más duro si cabe a través de esa misma red social, entrando incluso en cuestiones que rozaban lo personal: "Cuando ninguno aguanta a su lado en la conselleria, cuando ataca los pilares del Botànic como hace usted con la cruzada contra el valenciano y cuando sabe que solo está en el cargo por lo que está, está usted comprometiendo a la institución», sentenció. Por si eso fuera poco, agregó que, «si se va a casa, aplaudiremos y respiraremos".
Posteriormente, llegó el turno de la secretaria general de Més, Àgueda Micó, durante la comparecencia con Marzà. En ese marco, tachó las palabras de Bravo de "impropias", "inoportunas" o "electoralistas", y reivindicó la labor de Oltra frente a la de otros miembros del Consell, de los que, apostilló, "igual lo único que podemos recordar es que han bloqueado la igualdad lingüística de los valencianos». El alcalde de València, Joan Ribó, por su parte, manifestó que, "si tengo que poner un ejemplo de lealtad institucional, no pondría como ejemplo a la señora Gabriela Bravo".
Mientras, del lado socialista, el primero en entrar en harina fue precisamente el jefe del Consell. Lo hizo subrayando que las palabras de Bravo eran «una opinión personal» y, por tanto, "no es un mensaje a nadie». Algo que también suscribieron desde el PSPV-PSOE, por boca de su vicesecretaria general y portavoz, Ana Domínguez, cuando defendió que las palabras de la consellera de Justicia «se circunscriben al ámbito personal".
Unas declaraciones que, a su vez, permitieron a Oltra salirse por la tangente tras la ejecutiva de Compromís en la que se ratificaba a Raquel Tamarit como nueva consellera de Educación, Cultura y Deportes. "Como coportavoz de Compromís, no tengo nada que añadir a lo que han dicho mis compañeros", destacó. Como vicepresidenta, directamente, se escudó en que no comenta "opiniones personales". Unas opiniones personales que, en cualquier caso, no han hecho más que echar más leña al fuego y elevar la presión sobre Oltra, por más que la vicepresidenta y líder de Compromís se afanara en proclamar que "no me siento presionada".
