El 25 de febrero de 2021, el fiscal Luis Pastor envió a Arabia Saudí una comisión rogatoria (solicitud de cooperación judicial internacional) para identificar el pago de dos comisiones (120 y 100 millones de euros en cifras redondas, respectivamente) en el proyecto de adjudicación de la obra del tren del AVE del Desierto Medina-La Meca, cuya tramitación empezó en 2006. Sabía Pastor que poco podía esperar, habida cuenta de que uno de los embajadores de España en Riad a los que había citado en sus diligencias fue tajante: “Arabia Saudí y Corea del Norte son los dos países que menos colaboran con la justicia, los más oscuros del mundo”. Como viera que no había respuesta, insistió a través del Ministerio de Justicia para conocer el estado de la tramitación. El 4 de agosto de 2021, se reiteró la solicitud. Y finalmente, el pasado 4 de abril llegó la respuesta.
“A la Autoridad de Control y Anticorrupción del Reino de Arabia Saudita le gustaría informar que, después de la investigación, no ha encontrado transacciones derivadas de actividades sospechosas entre las compañías españolas y Al Shoula Establishments Group o EPIC Arabia Project Development Company”.
El puzle de las comisiones
Pastor comprobaba aquello que ya el fiscal suizo Yves Bertossa, quien inició en Ginebra las investigaciones en agosto de 2018, señaló a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, cuando este cronista le preguntó el 13 de diciembre de 2021 si no había enviado a su vez una solicitud de auxilio a Riad sobre la comisión de 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) que, según sospechaba, encubría la transferencia ordenada por el rey saudí Abdullaziz el 8 de agosto de 2008 a la cuenta helvética de Juan Carlos I, entonces rey de España y jefe de Estado.
“De natural soy optimista. Pero no llego a tanto como pedir auxilio judicial a Arabia Saudí”, se rio.
El fiscal Pastor traza la historia del proyecto de adjudicación del AVE y el puzle de las comisiones pagadas.
En 2006, “la Saudi Railways Organization (SRO) abre la licitación para la construcción, con financiación pública, de una línea ferroviaria de alta velocidad entre las ciudades de La Meca y Medina, llamada Haramain High Speed Railway”.
La carta del Rey
Mira por dónde, el 13 de marzo de 2006, Juan Carlos I envió desde el Palacio de la Zarzuela una carta al primer viceministro (2005-2011) y ministro de Defensa, el príncipe coronado de Arabia Saudí Sultán bin Abdullazziz Al Saud, llamado Sultán el bueno, en la que anunciaba su visita oficial entre el 8 y 10 de abril de 2006.
Según decía, iría “acompañado de una “importante delegación de España y nos centraremos en mejorar nuestra relación política y económica. Espero ver a su alteza real en orden a considerar ciertos detalles que sin duda promoverían una relación más estrecha entre nuestros respectivos países...”
Y añadía: “Estoy enviando esta carta con una persona de confianza, la señora Shaphari Zanganeh, para coordinar privadamente la posibilidad de dicho encuentro”. Se trataba de la entonces esposa, hasta 2014, del famoso traficante de armas y visitante asiduo cuando Marbella era una fiesta para los millonarios dignatarios de Oriente Próximo.
Es decir: Adnan Khashoggi.
Visita con Corinna
La visita oficial tuvo lugar en pleno noviazgo entre Juan Carlos I y Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Y su amante viajó en el Airbus A-310 de la Fuerza Aérea Española en los asientos reservados a los miembros del Gobierno, y, por supuesto, a la reina Sofía.
Corinna participó en calidad de asesora en la operación. En un comunicado posterior a la visita que realizaron Juan Carlos I y Corinna a la Agencia Saudí de Inversiones Internacionales (SAGIA) -mientras la reina Sofía se hallaba de visita al hospital Príncipe Sultán Abdulaziz- se apuntaba: “La princesa Corinna acompañó al rey y a una delegación española a Arabia Saudí en una visita de Estado como consejera estratégica de la delegación”.
Por su parte, Shaphari Zanganeh se desplazó en avión privado por invitación de Juan Miguel Villar Mir, el hombre fuerte de la constructora OHL, pilar del proyecto saudí.
Los argumentos de los comisionistas
Los dos comisionistas que identifica en su informe de archivo el fiscal Pastor son Shaphari Zanganeh, a través de su empresa de consultoría Epic (97, 5 millones de euros, aunque solo cobró una parte y otra está en litigio), y Mishaal bin Abdulazizz Al Saud (120 millones de euros), miembro de la familia real, uno de los hombres más poderosos del reino saudí y fundador del Al-Shoula Group, el gran inversor en desarrollos inmobiliarios en Oriente Próximo.
Shaphari Zanganeh justificó su comisión, comprometida sobre todo por Villar Mir en nombre de las empresas españolas, por su trabajo de intermediación, asesoramiento y contactos.
Pero, entonces, ¿para qué necesitaba la carta de presentación de Juan Carlos I del 13 de marzo de 2006 para acordar la cita con el viceprimer ministro de Arabia Saudí?
Por su parte, Mishaal bin Abdulazizz Al Saud cobró la comisión “habitual” de peaje para entrar en Arabia Saudí.
¿Y el tercer comisionista?
El pago de los 100 millones de dólares -siempre las comisiones rondan esta cantidad – a la cuenta de la fundación Lucum creada por Juan Carlos I en julio de 2008 tuvo como propósito recibir ese dinero el 8 de agosto de aquel año.
Blanco y botella.
Las conclusiones
En su informe, Pastor apunta que al interrogar a Corinna en Londres, en 2019, la testigo “ manifestó que el anterior jefe del Estado dijo en su presencia que 50 millones de euros de las comisiones pagadas por la adjudicación del AVE Medina-La Meca eran para él, si bien no pudo asegurar que realmente hubiera llegado a cobrar tal cantidad. Respecto a la intervención de Zanganeh, dijo que se reunió con ella en varias ocasiones en Madrid y en Arabia Saudí, que le comentó que estaba vinculada con OHL desde el año 2006, que era una mujer de negocios con éxito en una región muy difícil y que cobró entre 80 y 100 millones de euros por su participación en el proyecto del AVE a La Meca, circunstancia que conocía porque se lo dijo el rey emérito y que fue un pago que le hizo el consorcio ganador de la licitación”.
Pastor deja, al final de su escrito, constancia de su incredulidad.
“A nadie se oculta que estos contratos, calculadamente ambiguos y retribuidos por importes significativamente superiores al valor de cualquier servicio legítimo que el intermediario pueda proporcionar, permiten habitualmente canalizar el pago a las autoridades o funcionarios involucrados en la adjudicación, de tal modo que el intermediario conserve para sí una parte del pago y transfiera a la autoridad local la dádiva acordada por haber ganado el contrato”.
Con todo, concluye "que los elementos de que se disponen tras esta investigación, son claramente insuficientes, sin univocidad incriminatoria, carentes de la necesaria conexión entre sí, en parte contradictorios, y que, por lo tanto, no permiten construir, siquiera provisionalmente, una tesis inculpatoria".
