El Tajo-Segura vuelve a los tribunales. No ha habido sorpresas. La votación estaba bien amarrada y el Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Tajo ha aprobado este martes elevar el caudal ecológico del río en su cabecera. El recorte del Tajo-Segura sigue adelante, por lo tanto, por 47 votos a favor de aumentar el caudal ecológico en el río, 22 en contra del planteamiento (la mayoría de los que tiene la comunidad de Madrid gestionada por el PP) y 4 abstenciones.
El caudal se elevará en la cabecera progresivamente hasta 2027. En concreto, en Aranjuez, y en el entorno de los embalses de Entrepeñas, Buendía y Bolarque, donde pasará de los 6 m³/ segundo actuales a 8,52 m³/ segundo desde que se publique en el BOE -previa ratificación en el Consejo Nacional del agua y, posteriormente, en el Consejo de Ministros- , lo que recortará el trasvase entre 105 y 130 hm³ al año. Agua que deberá ser suplida por caudal desalado en Torrevieja que los agricultores no pueden pagar y que también provocará la subida de la tarifa a los 35 municipios alicantinos cuyo suministro en alta gestiona la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
A partir de ahora falta todavía un pequeño recorrido administrativo, como es el que el plan se lleve al Consejo Nacional del Agua, controlado por el Ministerio para la Transición Ecológica, la Abogacía del Estado emita su informe, y después el Consejo de Ministros lo apruebe y se publique en el BOE. A partir de ahí se abrirá la vía judicial. Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura, insistió este martes, tras conocer un resultado “anunciado”. en que “si en este país quedase un poco de cordura hídrica, el propio Gobierno debiera parar los pies al Ministerio. Primero se va a aprobar una planificación hidrológica con dos planes de cuenca enfrentados, como son el del Segura y el del Tajo, y en segundo lugar alguien parece obviar que existe una Ley del Trasvase de 1971 que no se ha derogado y en el que se detalla el envío de agua”.
"Si en España quedara un poco de cordura hídrica el propio Gobierno debiera parar los pies al Ministerio. Es inaudito aprobar una planificación con dos planes de cuenca enfrentados"
La decisión, crónica de una muerte anunciada desde ya hace casi tres años, cuando Gobierno central y Castilla-La Mancha, pactaron el aumento del caudal, en teoría para sanear el río, supone un mazazo para el futuro socioeconómico del sur de la provincia de Alicante, desde Alicante y Pilar de la Horadada, con un censo de un millón de personas, que se multiplica por dos en verano. El agua del Tajo no solo es clave para el sector agrícola sino también para el abastecimiento urbano, la industria y el turismo.
Casi finalizada la vía administrativa -el Ministerio ha ido, paso a paso, controlando todas las votaciones- y fracasada la política, el recorte del trasvase iniciará en los próximos meses la batalla judicial, ya que se han anunciado recursos por la vía de lo contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional del Consell, la Diputación, que plantea reclamar una indemnización de 5.000 millones de euros por el lucro cesante-, Asaja-Alicante, Sindicato Central de Regantes y el Ayuntamiento de Elche. No en vano, en este último municipio está la comunidad de Riegos de Levante, la más grandes de Europa con más de veinte mil comuneros, que recibe agua del Tajo.
El agua del Tajo que llega a Alicante y Murcia no solo beneficia a estas dos provincias, sino que sostiene el 43% de la exportaciones agrícolas de España a la Unión Europea. En concreto, el 71% de las hortícolas y un 25% de la producción de frutas. Pese a la importancia de los datos, el estudio de regantes y Cámara de Comercio revela, también, que en los 43 años de funcionamiento del acueducto, tan solo en un año, en 2001, llegaron los 600 hm3 que contempla la ley, ya que la media anual está en los 350 hm3.
El valor económico de la producción agrícola es de 1.500 millones de euros al año, el 34% en la Vega Baja y el campo de Elche, pero los autores destacan que el agua es clave para sostener el turismo residencial. El impacto económico total anual es de 3.013 millones de euros. Y en cuanto a la huella de carbono, los regadíos evitan la emisión de 1,2 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera al año. La sustitución del agua del trasvase del Tajo por agua desalada reduciría esta cifra a 700.000 toneladas.
El Ministerio para la Transición Ecológica había suavizado en los últimos meses su discurso en cuanto altrasvase Tajo-Segura tras la primera manifestación de los regantes en mayo de 2021 en Madrid, y tiene previsto invertir 500 millones de euros para mejorar la infraestructura hidráulica en la cuenca del Segura. La propia vicepresidenta Teresa Ribera llegó a reconocer en una reunión con los regantes que la contaminación del río Tajo no era culpa del trasvase si no de las aguas residuales mal depuradas que Madrid vierte al cauce. Sin embargo, en la revisión de los planes de hidrológico no se ha tocado, por ejemplo, el caudal ecológico del río Jarama, muy contaminado por la mala depuración en Madrid y que termina vertiendo sus agua en el Tajo, del que es afluente.
La Confederación del Segura llegó a plantear rebajar el aumento del caudal ecológico a los 7m3/segundo. Una solución salomónica que también rechaza el Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura, ya que según sus cálculos, seguirían perdiéndose 40 hm3 al año, que debieran suplirse por un agua desalada cara y que, además, tampoco existe en la actualidad. La desaladora de Torrevieja produce 80 hm3, y fuentes cercanas a los planes del Gobierno que la planta, si no se tuerce nada, no producirá 120 hm3/año hasta dentro de cinco años.
En riesgo, por lo tanto, y según los técnicos, el 2,8% del PIB de España (3.000 millones de euros) y el 3,7% del empleo (106.000 puestos de trabajo). La sustitución del agua del trasvase por la desalada provocará, por otro lado, una fuerte factura energética, la que supondrá la sustitución del agua del trasvase por desalada. Mientras que mover un metro cúbico de agua del trasvase (mil litros de agua) necesita 1,21 kw/hora, la producción de ese mismo metro cúbico de agua desalada del mar representa el consumo de 4,32 kw/hora, según advirtieron hace una semana las cámaras de comercio de las provincias afectadas por los recortes.
"Tenemos razones jurídicas, políticas y sociales para defender el Tajo-Segura en los tribunales. La lealtad de la Generalitat Valenciana está con los regantes"
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha rechazado el paso adelante de la Confederación del Tajo e insiste en que “tenemos razones jurídicas, políticas y sociales para defender el Tajo-Segura en los tribunales. La lealtad de la Generalitat Valenciana está con los regantes y actuaremos en consecuencia para defender a la provincia de Alicante”.
El jefe del Consell insiste en que “reafirmamos claramente la posición de la Generalitat Valenciana. No vamos a dar ningún paso atrás en esta situación. Continuaremos hablando, pero también acudiendo a lo que en el Estado de derecho significa la Justicia. Recurriremos todos aquellos cambios que se produzcan que no garanticen el derecho de la Vega Baja y de Alicante a tener el agua necesaria”.
“En este proceso hemos presentado alegaciones racionales sustentadas técnica y jurídicamente para mejorar las perspectivas que anunciaba el Ministerio. Lo hemos hecho adecuándonos a los canales que están previstos en la legislación y lo continuaremos haciendo. Por la vía de la negociación y de los espacios jurídicos”, subraya Puig, que reitera que “lo hemos hecho en el pasado, cuando no nos ha gustado o no nos ha parecido correcto o no nos ha parecido ajustado a Derecho, alguna limitación al trasvase. Pero, en este caso yo lo quiero decir con total rotundidad, creo que tenemos razones jurídicas, políticas y sociales para continuar defendiendo el derecho de la provincia de Alicante a recibir agua del Tajo”.
“Es indignante el perjuicio, es indignante cómo se está trabajando este tema, y es indignante que se esté jugando con el futuro de cien mil familias"
Por su parte, Carlos Mazón, presidente de la Diputación, se mostrado desolado. “Es indignante el perjuicio, es indignante cómo se está trabajando este tema, y es indignante que se esté jugando con el futuro de cien mil familias en la provincia de Alicante. No tiene sentido, es una ignominia y parece mentira que entre dos socialistas como son el presidente Ximo Puig y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no sean capaces de arreglarlo y encontrar un solución”.
Carlos Mazón se muestra también descorazonado tras comentar el tema con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. “Después de haber hablado con el presidente Puig de este asunto, tengo que decirles que no soy nada optimista con respecto a encontrar una solución favorable para los intereses de la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de la muerte del Tajo-Segura por obra y gracia de Pedro Sánchez y de la Generalitat Valenciana, que ha sido incapaz de reaccionar”. Mazón estará el martes en la tractorada que han convocado los regantes y Asaja-Alicante por las calles de Alicante para denunciar la “traición” hídrica del Gobierno con la provincia de Alicante.
