El Gobierno encara este jueves la convalidación en el Congreso del real decreto ley de medidas frente a la guerra en Ucrania, en medio de una gran incertidumbre sobre el resultado final de la votación. La negativa de ERC a apoyarlo (salvo giro de última hora) como castigo por el presunto espionaje a cargos independentistas, a través del 'software' Pegasus, sitúa al Ejecutivo muy cerca de no poder aprobarlo. Por eso anoche hizo un intento de aproximación con el anuncio de que acepta tramitarlo como proyecto de ley, para incorporar las aportaciones de otros grupos parlamentarios. Las dudas sobre el resultado final son tan considerables que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, canceló su viaje a Moldavia y a Polonia para estar presente en el hemiciclo. Ni un solo voto puede fallar.
Este último paso del Ejecutivo -el ofrecimiento de convertirlo en proyecto de ley- es también una petición que había hecho el PP y eso condujo a que en algunos ámbitos se interpretara como un gesto al principal partido de la oposición. Pero no es su apoyo, que Génova condiciona a que se acepten algunas de sus propuestas económicas, el que busca el Gobierno. La oferta está dirigida sobre todo a EH Bildu y algunos partidos pequeños como Teruel Existe o BNG, según aseguran fuentes socialistas.
Aunque hasta la votación, este mediodía, quedan horas aún para negociar, el Ejecutivo y el PSOE eran ayer miércoles muy pesimistas con la posibilidad de convencer a ERC, cuya relación con Moncloa está muy deteriorada, a pesar de que se les ha prometido una investigación interna en el CNI. Tanto esto como la activación de la comisión de secretos oficiales, a costa de cambiar las mayorías, ha resultado infructuoso y los republicanos están enrocados en el no. Fuentes socialistas apuntan a que "Pere Aragonès ha visto en esta situación de tensión con el Gobierno la oportunidad de comerse a Junts".
Por eso, a lo largo de todo el día, los esfuerzos del Ejecutivo y del PSOE se concentraron en conseguir el voto de los 'abertzales', ya que, aunque uno de sus diputados ha sido presuntamente espiado no tiene la entidad del espionaje masivo que denuncian los partidos catalanes. Si EH Bildu vota a favor, a pesar de que ERC y el PP lo hicieran finalmente en contra, existiría una suma para alcanzar más síes que noes, con Unidas Podemos, Más País, Compromís, PNV, PRC, Teruel Existe, BNG y Nueva Canarias. De hecho, a este último partido se le convenció durante las negociaciones con la promesa de tramitar como proyecto de ley el real decreto ley. Una decisión que también puede atornillar a Teruel Existe, dudoso por un asunto incluido en el plan anticrisis relacionado con las renovables.
Es una fórmula de altísimo riesgo, ya que necesitas, sí o sí, el apoyo de EH Bildu y del BNG. Pero el Gobierno ha concentrado en ella las mayores probabilidades de convalidar el decreto y, según fuentes gubernamentales, son "muy conscientes" de que la votación se puede perder.
La otra opción, que Moncloa contempla como remota, es una abstención regalada del PP. El Gobierno se ha negado hasta ahora a negociar en serio con los populares porque eso supondría desarmar su propia mayoría parlamentaria, ya absolutamente desarbolada por la ruptura con ERC. Fuentes socialistas apuntan también que el principal partido de la oposición conoce la "debilidad" por la que atraviesa el Ejecutivo, a raíz del 'caso Pegasus' y eso anima a las formaciones de centroderecha, al unísono, a tumbar el decreto para propinar una sonora derrota a Sánchez. La impresión en el PSOE es que el PP votará que no.
El PP: "Es insuficiente"
La vía de la negociación con el PP (su abstención parecía imprescindible ante el malestar absoluto de los socios del Gobierno y la confirmación de otros grupos como Ciudadanos de que votarán en contra) se confirmó como estéril tras el cruce de cartas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el responsable económico popular, Juan Bravo. El PP exigió para facilitar la aprobación del decreto cuatro puntos de su plan económico que debían ser tramitados como proyecto de ley: la rebaja de impuestos a las rentas bajas y medias, la bajada del IVA de la electricidad, medidas para agilizar la gestión de los fondos europeos y una racionalización del gasto burocrático y político del Gobierno.
Montero respondió, visiblemente molesta por la “presión mediática” ejercida por los conservadores al hacer pública su misiva, dejando claro que no aceptaba el plan económico de Feijóo. “Comprenderás que requiere de un análisis profundo porque es necesario estudiar el impacto presupuestario”, despachó la titular de Hacienda. Moncloa, en paralelo, lanzaba el anuncio de que el Gobierno se comprometía a tramitar el decreto como proyecto de ley para incorporar a futuro medidas de los grupos.
Pero el PP desechó desde el primer momento que se tratara de un guiño hacia su grupo, insistiendo en que la tramitación en el Congreso es “la nada” si no se concretan los cuatro puntos por escrito. “Es del todo insuficiente y el Gobierno lo sabe”, explicaron distintas fuentes de la dirección nacional del PP a este diario a últimas horas de la noche.
El diputado que defenderá la postura popular del decreto es Jaime de Olano. Pero muchos de sus compañeros de filas insistían este miércoles muy tarde en que “aún no se había comunicado el sentido del voto”. En el entorno de Feijóo confirmaban que la decisión se tomará el mismo jueves, incluso durante el debate. Y concluían: “Hay tiempo” mirando a un Gobierno que fue buscando voto a voto una vez más, con la calculadora en la mano.
Las dudas del 'no' y la abstención
Los populares, como ya publicó este diario, se mueven desde hace días entre la abstención y el no. Aunque hace semanas, cuando el Consejo de Ministros aprobó el texto, la balanza se inclinaba a la posición de abstenerse a la hora de convalidarlo en el Congreso, durante el fin de semana pasado la cúpula conservadora se inclinó a valorar un voto en contra. Primero, por los problemas crecientes del Ejecutivo tras el escándalo del espionaje, que amenaza con tambalear la legislatura.
Y, además, en el PP entienden que el decreto “se ha quedado muy corto” y es “insuficiente” para dar salida a la crisis inflacionista que viven los ciudadanos. Por eso creen que votar en contra no supondría un desgaste tan grande. En la otra cara de la moneda se encuentran los dirigentes que no terminan de ver claro un no a un decreto tan sensible que afecta directamente a los hogares españoles, sobre todo en lo que supone llenar el depósito del coche. “Si el decreto tiene medidas buenas, aunque sean muy pocas, es difícil justificar un voto en contra”, explican. Tampoco niegan que la anterior dirección popular no habría expresado dudas y ya estaría en el no. Y en ese contexto, reconocen, Feijóo podría querer marcar distancias.
