La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que se la investiga "por hacer cumplir la ley a petición de quien se la salta", después de que la Audiencia de Barcelona haya ordenado investigarla por una querella de un fondo de inversión en la que se acusa al consistorio de presionarlos para que ofrecieran alquileres sociales a familias vulnerables.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha revocado el archivo judicial de una querella del año 2020 del fondo Vauras contra la alcaldesa Ada Colau, los concejales Marc Serra y Lucía Martín y una funcionaria y ha ordenado investigar unos presuntos delitos de prevaricación y coacciones en relación con los expedientes sancionadores a la propiedad del bloque Llavors, en la calle Lleida, 48.

Colau ha reaccionado a través de las redes sociales con un mensaje en el que destaca que el gobierno municipal de BComú lleva "diez denuncias archivadas y, por muchas que nos pongan, ningún fondo buitre ni ningún especulador conseguirá asustarnos".

"Al contrario, nos reafirman en aquello que hemos venido a hacer: defender los derechos fundamentales y el bien común", subraya la alcaldesa.

En Instagram, Ada Colau ha considerado que "parece el mundo al revés" ya que "se nos investiga por hacer cumplir la ley a petición de quien se la salta", por lo que "estas querellas no van a conseguir lo que buscan, que es asustarnos".

Advierte la alcaldesa de que es "muy grave que se ponga en tela de juicio que las administraciones públicas podemos aplicar la ley vigente para defender el derecho de vivienda".

La alcaldesa explica su versión del caso, que asegura es "paradigmático de cómo actúan los fondos buitre, acostumbrados a especular y echar a vecinas vulnerables sin que ninguna institución les parara los pies. Hasta que llegamos nosotros -Barcelona en Comú- al Ayuntamiento".

Colau subraya que el consistorio barcelonés impuso al fondo extranjero Vauras Investiments sanciones por incumplir la obligación de ofrecer alquiler social a las familias vulnerables que pretendía echar, como recoge la ley 24/2015 del derecho a la Vivienda y atención a las familias.

"Como respuesta, el fondo presentó una querella contra los concejales Marc Serra y Lucía Martín, contra una funcionaria municipal y contra mí misma", explica la alcaldesa, que destaca que la querella no se admitió ni siquiera a tramite porque "ni el juez ni fiscalía vieron fundamento alguno" y expresa su sorpresa porque fruto de un recurso de Vauras Investiments, la Audiencia de Barcelona haya decidido ordenar al juzgado que reabra el caso y admita la querella.

La alcaldesa ha asegurado que "el Ayuntamiento seguirá colaborando con la justicia siempre, demostrando que no se ha producido ningún delito y que se ha aplicado la ley escrupulosamente".

En su mensaje en Instagram también asegura que está convencida de que "la causa se acabará archivando como siempre que hemos tocado los intereses de este y otros 'lobbies".