El Gobierno ha podido testar que la crisis de confianza que atraviesa con ERC, su socio imprescindible de legislatura, es más honda de lo que advertía. Mucho más. El ministro Félix Bolaños, mano derecha del presidente y su piloto para todos los asuntos delicados, viajó este domingo a Barcelona para ofrecer a la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, cuatro vías con las que aclarar el presunto espionaje más de 60 dirigentes y activistas independentistas, entre ellas una investigación interna en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Pero ninguna de esas salidas satisfizo al Govern, son "insuficientes, vagas". La reunión, de unas dos horas, no fue "bien", no se ofrecieron las "respuestas" que la Generalitat esperaba, resumió Vilagrà. Pese a la extrema frialdad mostrada por la 'consellera', pese a que la fractura continúa abierta, en la Moncloa se dicen confiados en que su apuesta servirá, que se logrará reconducir la tensión, que se han dado "pasos" y que al final el independentismo lo comprenderá y hará su "camino", porque "no queda otra". Porque la oferta, la "voluntad" de esclarecer el 'Catalangate', en palabras del titular de la Presidencia, es sincera, "inequívoca".
La Generalitat se esforzó por exhibir y escenificar esa falta de "confianza" en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La 'consellera' llevó a Bolaños a su despacho, propuso dejar los móviles fuera de la sala y ambos se sentaron en los extremos de una mesa que parecía infinita, ella con visible cara larga, y él con el libro con el que la obsequió, 'En defensa de la conversación', de Sherry Turkle. Casi al tiempo, el Defensor del Pueblo, institución liderada por el exministro socialista Ángel Gabilondo, comunicaba (pertinentemente) que abría una investigación sobre el eventual uso "inadecuado" del programa espía Pegasus y la posible violación de derechos fundamentales. Pesquisas que enseguida aplaudía el Ministerio de Defensa, de quien depende el CNI.
El Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes, también emprenderá su propia investigación, y el CNI le facilitará datos
Bolaños expuso a Vilagrà las cuatro herramientas o "soluciones" que plantea el Ejecutivo. Uno, la apertura de un "control interno del CNI, a petición de este mismo organismo, para analizar las medidas existentes y su aplicación". Dos, la "plena disposición" del centro para "facilitar y colaborar en las actuaciones" que iniciará el Defensor. Tres, urgir a los grupos para que constituyan la comisión de secretos oficiales "lo antes posible", con participación de todas las fuerzas "sin excepción" —o sea, que estén Bildu y ERC, vetados por el PP, sobre todo la primera, pero también Vox—. En ese órgano, que se reúne a puerta cerrada y cuyas revelaciones no pueden ser públicas, comparecería la directora del CNI, Paz Esteban. Y cuarta vía, la "plena colaboración del Gobierno con la justicia" y su "disposición a desclasificar" todos los documentos necesarios para "esclarecer los hechos".
El ministro sostuvo que el Ejecutivo "comprende la preocupación e inquietud" de los que han denunciado haber sido espiados. Pero no dio más detalles porque la ley de secretos oficiales y la que regula el CNI impide facilitar información reservada. Ese es el gran escollo para el Gobierno, las ataduras que la legislación impone y que ha de respetar. Bolaños no pudo confirmar a la 'consellera', por tanto, si la inteligencia española hizo uso de los dos programas de fabricación israelí, Pegasus y Candiru, para espiar al soberanismo desde 2017 a 2020.
Posibilidad de rebajar las mayorías
Pero sí insistió en que el Ejecutivo no tiene "nada que ocultar" y que todo se ha hecho conforme a la ley (o sea, con amparo judicial), y precisamente por eso facilita la investigación y quiere que la comisión de secretos se conforme ya. Sobre este último punto, no dijo cómo, pero los socialistas, como ya avanzó este diario, estudian forzar el desbloqueo rebajando la mayoría de tres quintos necesaria para elegir a los diputados miembros del órgano, impidiendo 'de facto' el veto del PP.
La cita fue "cordial, sincera y correcta". Pero lectura de Vilagrà fue radicalmente opuesta. El encuentro "no ha ido bien", manifestaba, y con eso dejaba claro que la herida sangra. "No podemos estar satisfechos con las explicaciones. Son del todo insuficientes, vagas, inconcretas y de resultados inciertos. Un caso tan grave requiere claridad, honestidad y asunción de responsabilidades por parte de aquellos que nos han espiado", señaló.
Bolaños urge a los grupos a que constituyan sin dilación la comisión de secretos oficiales, sin vetos a ninguna fuerza política, pero el órgano aún no está conformado y el PSOE estudia fórmulas de desbloqueo
El Govern quiere saber ya, sin dilación, "quién ordenó las escuchas", quién tuvo conocimiento de los seguimientos, "qué se ha hecho" con los datos obtenidos. Y demanda obtener garantías de que el espionaje no se reproduce. Y exige "dimisiones de los responsables". La consellera auguró "consecuencias graves" si el Ejecutivo "no se mueve", e incidió en que no valen soluciones "cosméticas". Advirtió además de que si la Moncloa pretendía garantizarse el apoyo parlamentario de ERC, "no lo ha conseguido", porque la cita de este domingo no sirvió para "normalizar las relaciones". "Las confianzas están rotas, queremos resultados concretos" y si Sánchez no da más pasos, la legislatura se pondrá "muy difícil". Será un auténtico Vietnam para el bipartito, vino a decir.
A pesar de las reticencias de la Generalitat, Sánchez pone la pelota a rodar para intentar tranquilizar a sus socios. Se escrutará al CNI y el Defensor también hará pesquisas, en su calidad de alto comisionado de las Cortes Generales. Fuentes próximas a Gabilondo se remitían a la ley, que recalca que "no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad", y trabaja de manera autónoma. Gabilondo sí recibió y aceptó el encargo del Congreso de investigar los abusos sexuales cometidos por religiosos en el seno de la Iglesia católica.
"No hay nada ilegal"
Según el artículo 22 de la ley orgánica que regula su figura, el Defensor puede solicitar a los poderes públicos "todos los documentos que considere necesarios", incluidos los que estén clasificados. Las investigaciones que realice "se verificarán dentro de la más absoluta reserva", "sin perjuicio de las consideraciones" que la institución juzgue "oportuno incluir en sus informes" a Congreso y Senado. El mismo precepto indica que se dispondrán "medidas especiales de protección en relación con los documentos clasificados como secretos". Es decir, que las conclusiones del informe que elabore serán públicas, pero no contendrán los datos de carácter reservado. A su vez, la información que llegue a la comisión de secretos oficiales no podrá difundirse. De ahí que ERC recele de un formato que no le permite dar cuentas al universo independentista.
"Las confianzas están rotas, queremos resultados concretos", sostiene Vilagrà. "Hemos abierto puertas y ventanas para aclarar todo", recalcan en el Gabinete
En la Moncloa, tras escuchar a la consellera, intentaban ser optimistas. Distintas fuentes defendían, en conversación con este periódico, que sí se han dado "pasos" para restablecer la relación. "Ellos saben que este es el camino. Si tienen otra alternativa, que la expliquen. Podíamos haber planteado una vía, y hemos puesto cuatro encima de la mesa, y hemos demostrado que no actuamos por estética, por paripé. Queremos demostrar que no hay nada ilegal", subrayaban en el equipo del presidente.
En el Ejecutivo apuntaban que se ha seguido el itinerario que marcaba Pere Aragonès: primero, investigar, y luego depurar responsabilidades. "Y ahora ERC dice que no le vale", se quejaban. En la cúpula del Gobierno apelan a dejar que se serenen los ánimos y a que rueden las indagaciones, y creen que no tiene sentido que los republicanos apuesten por hacer estallar la legislatura, ya que "nadie lo entendería". "Desde el Gobierno estamos determinados a reconducir esto, y queremos demostrar que aquí se actúa bien y que esto no es Hungría". En el Gabinete ha dolido que el soberanismo compare España con la democracia iliberal de Viktor Orbán, cuando aquí se respeta "el Estado de derecho y las libertades individuales".
"Hemos abierto puertas y ventanas para aclarar todo", las propuestas son "potentes", reivindicaba un destacado miembro del Gabinete. La duda, ahora, es si será suficiente para el independentismo. Y todo apunta a que no.
