El PP carga la mitad de su plan fiscal sobre las autonomías

Feijóo ha adjuntado una carta que dirige directamente al presidente del Gobierno en la que le dice que sabe que "no es frecuente" que el Ejecutivo y el principal partido de la oposición trabajen "juntos", pero asegura que su voluntad es "cambiar esa política" y poder colaborar en los asuntos "relevantes". Por esa razón le pide que atienda sus propuestas "con espíritu leal y constructivo". El todavía presidente de la Xunta remarca que las medidas son "realistas" y "pueden afrontarse presupuestariamente". El documento lleva como membrete en cada una de las 40 páginas el escudo de España y no el del PP. Feijóo, que ya evitó las siglas en su última campaña electoral, quiere que cale la idea de que está preparado para ser el próximo presidente y es la "alternativa" a Sánchez, no el jefe de la "oposición", palabra que evita en sus intervenciones.

El PP propone al Ejecutivo un menú de diferentes medidas de carácter tributario -que afectan al IRPF, al IVA, a los impuestos especiales y al de Sociedades- para negociar su posible aplicación con un coste máximo de entre 7.500 y 10.000 millones, a cargo de la "sobre-recaudación' que, según los populares, obtendrá Hacienda por el efecto de la inflación sobre los precios.

Se da la circunstancia de que la mitad de la recaudación del IRPF y del IVA está cedida a las comunidades autónomas, así como entre el 58% y el 100% de los impuestos especiales. "Sería razonable que las autonomías asumieran su parte" del coste presupuestario, ha admitido este viernes el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, en un encuentro con medios de comunicación.

Además de medidas fiscales, el plan del PP incluye medidas para agilizar la ejecución de los fondos europeos, empezando por transformar en beneficios fiscales unos 4.900 millones de euros que ahora actualmente están planteados en forma de ayudas que, según el PP, conllevan una fuerte carga burocrática. El plan incluye también propuestas, sin cuantificar, para una mayor eficacia en el gasto público. Entre ellas incluye la necesidad de reducir el número de ministerios.

Menú fiscal

En particular, el menú fiscal del PP incluye una batería de medidas cuyo grado de aplicación pretende negociar con el Gobierno, dentro de un margen presupuestario de entre 7.500 y 10.000 millones de euros que, según los populares sería compatible con los objetivos de reducción del déficit público que pretende el Ejecutivo. Por ello, según Juan Bravo, la mayor parte de las propuestas está sin cuantificar. "Todo dependerá de la combinación que esté dispuesto a aceptar el Gobierno", razona.

El menú fiscal incluye seis medidas:

1.- Una ayuda directa de entre 200 y 300 euros para los contribuyentes con rentas inferiores a 14.000 euros, no obligados a declarar el IRPF

2.- Un complemento en el mínimo personal del IRPF para rentas entre 14.000 y 22.000 euros. Este complemento sería mayor para la franja de menor ingresos y menor a medida que a renta se aproxime a los 22.000 euros.

3.- Rebajar los tres primeros tramos de la tarifa del IRPF (para rentas hasta 40.000 euros) en algún porcentaje que permita corregir la inflación en alguna medida. El impacto presupuestario de esta medida podría oscilar entre los 500 y los 3.500 millones de euros, dependiendo del porcentaje en el que se decidiera deflactar la tarifa, según ha explicado Bravo. En particular, deflactar la tarifa en un 5% tendría un impacto aproximado de 1.500 millones, según cálculos preliminares del PP.

4.-Rebajar los pagos fraccionados para las contribuyentes con rentas derivadas derivadas de actividades económicas. Esta propuesta incluye también una rebaja en los módulos del régimen de estimación objetiva, para compensar el aumento de los costes.

5.- Rebajar al 4% ó el 5% el IVA del gas.

6.- Rebaja de los impuestos especiales sobre los carburantes.

Votación en el Congreso

Cara al debate parlamentario del decreto del Gobierno, la próxima semana, Bravo no ha querido aclarar qué hará el PP si el Ejecutivo no acepta ninguna de sus iniciativas. El Ejecutivo de coalición debe convalidar en el Congreso su real decreto con medidas para mitigar el impacto de la guerra de Ucrania y los populares no han decidido todavía su voto. “Ya veremos lo que decide Feijóo si al final no hay voluntad de acordar y no se ha cumplido lo firmado en la Conferencia de Presidentes de La Palma, donde se dejó por escrito que era necesario bajar impuestos (…) Podrán decir que ‘no’, pero tendrán que explicarlo. En Navarra [PSOE] algunas de estas medidas ya están en vigor, así que muy locas no pueden ser si se aplican por otros gobiernos”, ha respondido el vicesecretario de Economía del partido conservador. La principal indicación que le dio Feijóo cuando le encargó el plan es que sea "factible", como si lo tuviera que aplicar el PP si estuviera en la Moncloa.

Al Gobierno de Sánchez se le ha complicado la convalidación, ya que tiene a ERC, Junts y EH Bildu exigiéndole explicaciones por el llamado ‘catalangate’ y no las da, escudándose en que la ley le prohíbe hablar de qué medios y qué procedimientos utiliza el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para obtener información. Según Citizen Lab, el grupo de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, 67 líderes independentistas, entre ellos, el del 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, fueron espiados con el sistema Pegasus, un programa espía que solo pueden presuntamente comprar los gobiernos.