La defensa de Luis Medina, implicado en el cobro de comisiones del Ayuntamiento de Madrid por la venta de material covid durante los primeros meses de la pandemia, ha solicitado al juez encargado del conocido como 'pelotazo' de las mascarillas, Adolfo Carretero, que expulse al Ayuntamiento de Madrid del proceso, en el que está personado como acusación particular, ya que "dieron por válido" el material que recibió a través de esa transacción.

El escrito remitido por la representación del aristócrata argumenta, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, que "el Ayuntamiento es una de las partes firmantes de los negocios investigados" y que la institución los aceptó "plenamente" y los rubricó, por lo que la defensa del imputado entiende que el Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida no se ha visto "afectado ni perjudicado por los hechos investigados".

"No puede aceptarse que el Ayuntamiento de Madrid sea acusación particular en un asunto donde ha estado de acuerdo con los contratos investigados, suscribiéndolos y en ningún momento revocándolos ni denunciándolos, habiéndose mostrado conforme con lo que ha obtenido de los mismos", expone la defensa de Medina, que obtuvo cerca de un millón de dólares en comisiones.

"En el caso de que de las diligencias se aprecie que se ha producido alguna irregularidad, la responsabilidad podría recaer en dicha Institución", es decir, en el Ayuntamiento de Madrid, por lo que "no es el momento procesal oportuno para personarse ni tener como acusación particular, a una parte que por su participación en los contratos puede acabar siendo investigada", aprecia la defensa en su escrito.

Asimismo, la defensa incide en que el Ayuntamiento, a través de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S.A., suscribió unos contratos para adquirir mascarillas KN95 por valor de un millón de euros, guantes de nitrilo por valor de 2,5 millones de euros y test rápidos de covid, por los que la institución pagó 250.000 euros.

"El Ayuntamiento se dio por satisfecho con la solución [de esas transacciones], por lo que ahora no puede venir a quejarse de algo que dieron por válido y por lo que no interpusieron ningún tipo de reclamación", señala la defensa del aristócrata en el escrito.

No existe "ninguna reclamación por estos contratos"

La defensa de Medina considera acreditado "contundentemente" que el Consistorio "de ninguna de las maneras se ha visto perjudicado por los contratos investigados" por el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid y se apoya en que, "hasta el día de hoy, no se ha presentado ninguna reclamación por estos contratos". Para el abogado del aristócrata, esto constituye una "prueba fehaciente de que el Consistorio estaba de acuerdo con los mismos y con el resultado".

Para ello, se centra en el testimonio que trasladó el 16 de marzo de 2021 la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento, Elena Collado, ante la Fiscalía Anticorrupción, que ya se encontraba investigando el caso de las mascarillas. En esa declaración, Collado sostuvo que no hubo problema alguno con las mascarillas, dado que se recibieron todas las unidades encargadas, "eran de la calidad que esperaban e incluso manifestó que el precio le pareció barato, al estar en aquel momento el mismo tipo de mascarillas en el mercado a 40 euros", recoge el escrito enviado al juez.

El material que sí que generó controversia fue el de los guantes, dado que no eran "de la calidad que esperaban (40 mm)", y se pusieron en contacto con el socio de Luis Medina, Alberto Luceño, para proceder a la devolución de más de cuatro millones de euros, que "era la diferencia entre los guantes que se habían encargado y los que habían llegado", sostienen. A Elena Collado también le pareció adecuado el precio pagado por este material, resaltan.

Por último, el letrado se refiere a los test rápidos de detección del coronavirus que recibió el Ayuntamiento y que, siempre según la defensa de Medina, el problema derivó de que "uno de los lotes tenía poco reactivo, pero ese líquido ya les había llegado y, a día de hoy, no le consta por mi parte que no funcionaran (sic), puesto que el Ayuntamiento lo habría reclamado".