La crisis diplomática entre España y Marruecos, que recientemente se acaba de superar ha sido prolongada y profunda, una de las más difíciles entre los muchos choques que a lo largo de décadas acumulan Madrid y Rabat. Sólo se ha podido solucionar con un cambio de postura del Gobierno sobre el conflicto del Sáhara Occidental, que ha supuesto un giro histórico en su planteamiento tradicional.
Pero, a pesar de la hondura de la sima entre los dos países, al menos un ministro, Fernando Grande-Marlaska, mantuvo siempre el contacto con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit. En el Ministerio del Interior ni un sólo día se interrumpió la interlocución con Marruecos. Fuentes del Gobierno confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario pertenecente al mismo grupo editorial que este medio, que durante todos estos meses de tensión los equipos de ambos Ministerios “han hablado a diario” y también "de ministro a ministro", cuando ha sido necesario. “La colaboración policial” entre los dos países, explican, “nunca se ha detenido ni ha bajado”. “Siempre ha existido un nivel de bastante intensidad”.
Ni siquiera cesó en uno de los momentos de mayor tensión, cuando en respuesta a la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para ser atendido de coronavirus en un hospital de Logroño, Rabat propició una avalancha de inmigrantes en las costas de Ceuta, para castigar y advertir a España. Incluso esos días Marlaska continuó hablando con su homólogo marroquí. Esta permanente comunicación con Marruecos es fundamental para España y para Europa. Igual que durante años fue crucial la colaboración con Francia en la lucha contra ETA, ahora se depende de nuestro vecino africano para hacer frente al terrorismo yihadista. De hecho, desde su llegada al cargo en 2018 Marlaska se ha visto hasta en 14 ocasiones con Abdelouafi Laftit.
En contra de acoger a Gali
Fue además Marlaska quien en el seno del Ejecutivo se opuso a que se atendiera a Gali en España, precisamente porque pensaba que eso soliviantaría a Marruecos. Argelia había pedido a la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que el también presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, gravemente enfermo, pudiera curarse en España, y ella lo defendió ante el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Este país era y es nuestro principal proveedor de gas (ahora empieza a sustituirle EEUU en el primer puesto) y un vecino también estratégico para España, en el control de la inmigración, el terrorismo y el narcotráfico. Pero por su posición geoestratégica no en la misma medida que Marruecos.
El Gobierno, a pesar de la oposición del ministro del Interior, resolvió permitir la entrada de Gali. Laya optó por no comunicarlo previamente a Rabat y hacerlo una vez que el líder polisario estuviera ya en España. Pensó, según fuentes conocedoras, que el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, lo comprendería porque muy poco antes le había pedido su ayuda para que la Comisión Europea no incluyera a Marruecos en la lista GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), de países con carencias graves en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Ya estaban en la llamada lista gris, habían adaptado alguna legislación, y querían evitar escalar a la siguiente.
Pero Laya no midió ni el papel del todopoderoso servicio secreto marroquí, que detectó inmediatamente la llegada de Gali, ni el malestar de Rabat porque el 10 de diciembre de 2020, el día en que Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara a través de un tuit, en su propia respuesta como ministra no hubo ni un solo gesto de apoyo, en línea con la posición tradicional mantenida durante décadas por España.
Albares y el giro del Sáhara
Este error en su valoración le costó el puesto en la remodelación del Gobierno que Sánchez hizo en julio. Señalada por Marruecos por la atención a Gali, su contraparte marroquí, Bourita, dejó de cogerle el teléfono. Este hecho la sentenció. También en estos momentos el único enlace con Rabat, según fuentes gubernamentales, fue Marlaska.
Sánchez nombró a José Manuel Albares como nuevo titular de Exteriores con el encargo primordial de recuperar las relaciones con Marruecos. Ha costado nueve meses y España ha tenido que transigir con la exigencia de Mohamed VI de reconocer su plan de autonomía para el Sáhara como “la base más seria, realista y creíble para resolver el diferendo”. Un cambio que prueba que este asunto, y no Gali, era la razón real del malestar marroquí.
Albares se ha tenido que emplear muy a fondo con Bourita para reiniciar la relación bilateral y la negociación estos meses ha tratado de que no sólo se hablará del giro español sobre el Sáhara, sino también del interés del Gobierno en blindar Ceuta y Melilla ante el temor de que si Mohamed VI logra controlar este territorio, descolonizado por España en 1975, se lancé después a por las ciudades autónomas como nueva reclamación territorial e identitaria. El Gobierno considera que ha logrado frenar este propósito con el establecimiento de aduanas en Ceuta (donde nunca ha habido) y en Melilla (eliminada por el reino alauí en 2018), a las que se apunta en el comunicado conjunto que la semana pasada puso fin a la crisis con la visita de Pedro Sánchez a Rabat.
