El Congreso terminó el jueves el periplo de la ley de residuos, que no ha sido fácil. Costó hacer el dictamen en el Congreso y costó hacerlo en el Senado, pero la norma ya está aprobada y entrará en vigor tras ser publicada en el BOE. Se notarán sus numerosos efectos a partir de entonces, a partir de ya mismo: la prohibición de la venta de plásticos de un solo uso (bastoncillos o pajitas, por ejemplo), la inclusión de un modelo de retorno de los envases si no se cumplen los objetivos de reciclaje marcados por la UE, lo que supone el fin del monopolio del cubo amarillo; nuevos impuestos, más poder a los alcaldes de municipios costeros para que prohíban fumar en las playas e impongan las consiguientes sanciones...
La ley es amplia y los diputados y senadores han tenido que correr para tenerla lista, pues se trata de una exigencia de la UE que, de haberse ralentizado, habría abierto aún más el grifo de las sanciones por incumplimientos concretos. Durante el periplo, entre la extensión de la norma y las prisas, ha habido tensiones políticas. ERC, por ejemplo, no acata el contenido por una tasa. En el texto se consagra un impuesto estatal por tratamiento de residuos en vertederos que en Cataluña se lleva aplicando desde hace 20 años con un más que aceptable rendimiento: genera 80 millones a las arcas del Govern. Considera la formación independentista que el impuesto que incluyó el Ministerio de Hacienda rebaja el del modelo fiscal catalán. Se produjeron negociaciones a finales de año para limar las diferencias, en vano. No se han registrado acercamientos.
Este desacuerdo muestra un conflicto fiscal dentro de la tramitación de la ley de residuos. Podría verse como un trasunto sectorial de las relaciones entre el PSOE y su aliado preferente en el Congreso, ERC. Unas relaciones que no atraviesan su mejor momento. Desde que coincidieron en los presupuestos generales del Estado vigentes, la sintonía se ha diluido. Cuestan más los pactos entre ambos.
Pero resulta que no es el único. He aquí otra copia de lo que es ahora mismo la política española. El culpable: el bisfenol. Ésta es su peripecia en tres pasos.
Paso 1: el Congreso prohíbe
La Agencia para la Seguridad Alimentaria de la UE define el bisfenol A como "una sustancia química que se utiliza principalmente en combinación con otras sustancias para fabricar plásticos y resinas". Pone un ejemplo a continuación: se encuentra en los plásticos de bicarbonato, que es un plástico rígido y transparente de alto rendimiento. Seguro que ya saben qué tipo de plástico es. Han tenido entre sus manos botellas así.
Se trata de un producto contaminante, mucho, de lo que han alertado diferentes estudios. A pesar de ello, es uno de los más fabricados del mundo. La Ley de Residuos se presentó como una oportunidad inmejorable para acabar con este elemento. El diputado de Unidas Podemos Juantxo López de Uralde, presidente de la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso, vio la oportunidad y comenzó a plantear la incorporación al texto de una enmienda al respecto.
Porque la norma, cuando llegó al Congreso en mayo de 2021, no planteaba objetivos muy ambiciosos sobre el bisfenol. A decir verdad, no planteaba ninguno. Decía esto, artículo 18.1.i: "Fomentar la reducción del contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos, sin perjuicio de los requisitos legales armonizados relativos a dichos materiales y productos establecidos a escala de la Unión Europea".
El proyecto legislativo delegaba en la normativa europea la regulación sobre el uso y presencia del contaminante. Los diputados no necesitan mucho tiempo en el Congreso para saber que una redacción así, tan ambigua, es como no decir nada. López de Uralde y sus interlocutores socialistas, especialmente en este campo, impulsaron dos añadidos a ese punto. El primero supone incluir una concreción: se trata de evitar la presencia de "sustancias incluidas" en los anexos y los reglamentos sobre sustancias restringidas y los alteradores endocrinos.
El segundo es aún más preciso: "En particular, y de conformidad con lo previsto en estas normas, estará prohibida la utilización de ftalatos y bisfenol A en envases".
El 28 de diciembre de 2021, el Congreso aprueba el proyecto. La enmienda ha quedado así. Satisfacción en las partes. Es cierto que el resultado de la votación no muestra un bloque mayoritario robusto, ya que están en él, básicamente, PSOE, Unidas Podemos, PNV y Más País. El PP y Cs se abstienen.
Paso 2: el Senado no prohíbe
El trámite de la ley de residuos en el Senado fue exigente. Llegó el texto a finales de año, terminado el viaje en el Congreso, y en dos meses se ha resuelto. Incorporaron los grupos numerosas enmiendas. A mediados de marzo, a través de Alianza Verde, el sello ecologista que López de Uralde ha creado dentro de la confluencia de Unidas Podemos, el diputado vasco lanza un aviso. Cree que las negociaciones de los grupos en la Cámara Alta significarán un debilitamiento de la ley de residuos. Tras alertar de las conversaciones de PSOE y PP, pone el ojo en la "enmienda pactada entre esos partidos que eliminaría la prohibición de la presencia en envases de las sustancias con capacidad disruptora hormonal".
López de Uralde pidió al PSOE que reconsiderara la posición que estaba a punto de pactar con el grupo popular. Sus advertencias cayeron en saco roto porque hace dos semanas la mayoría del Senado avaló este cambio al final del artículo 18.1.i: "En particular, y en los que respecta a la restricción de ftalatos y bisfenol A en los envases, se estará a lo previsto en la citada normativa". Esa normativa era la europea. Recordatorio: redacciones así, en numerosas ocasiones, no significan nada.
Paso 3. El Congreso vuelve a prohibir
El diputado de Unidas Podemos se indigna y habla con el Ministerio para la Transición Ecológica y con los interlocutores socialistas en la Comisión del Congreso, que él preside. El argumento que le dieron para justificar el cambio a la baja fue el de la "corrección técnica". La tensión política crece entre los socios del Gobierno. Es un asunto muy concreto, muy sectorial, no va a eclipsar en los medios la transición del PP de Pablo Casado al PP de Alberto Núñez Feijóo, pero revela que la desconfianza entre socialistas y "morados" es más frecuente de lo que trasciende.
El acuerdo para rechazar la enmienda del Senado se consigue, sin embargo. Ocurrió el miércoles, un día antes de la votación definitiva. Era sencillo conseguir el acuerdo porque ni siquiera había que negociar un texto alternativo para ese fragmento del artículo. Bastaba sumar más noes que síes, rechazar la enmienda y mantener la redacción inicial aprobada por el Congreso en diciembre. Y eso es justo lo que ha sucedido. El bisfenol queda prohibido.
Prohibido a pesar de las rencillas políticas. Esto ha sido como un espejo de la política de primer nivel. Al fin y al cabo, soterradamente, ha circulado una historia que se resume así:
-PSOE y Unidas Podemos llegan a un acuerdo.
-PP y PSOE tantean otro. Lo logran.
-Unidas Podemos se enfada y advierte.
-PSOE mantiene su acuerdo con Unidas Podemos.
Parecería la historia de una negociación presupuestaria o de un acuerdo en materia de Defensa y Fuerzas Armadas. Pero no: ha sido sobre el bisfenol A.
