La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, apunta a un "elevado riesgo de injerencia en la Justicia por el Gobierno" en la reforma planteada por el PSOE que, vía enmienda a la Ley Concursal, permitirá que la fiscal general adquiera la iniciativa de informar al Gobierno sobre los asuntos que considere de importancia para el propio Ejecutivo. Así lo publica El Periódico de España.

Así lo señalan en una nota en la que reaccionan a la enmienda 603 presentada por el grupo parlamentario socialista a la citada Ley, en la que han 'colado' una reforma de calado del Estatuto del Ministerio Fiscal que incluye, entre otras cosas, el blindaje a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que será elevada a la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo cuando cese en el cargo.

Sobre el contenido de la enmienda sobre la comunicación con el Gobierno, apuntan que el riesgo de injerencia se explica "por la absoluta ausencia de concreción de supuestos en que se deba facilitar la información, por ejemplo, cuando afecte a los intereses de la nación".

"Sin embargo, incluye novedosamente que el Fiscal General se pueda dirigir por su propia iniciativa al Gobierno para informar, no solo sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, sino sobre asuntos concretos que el Gobierno deba conocer", lamentan.

A iniciativa del fiscal general

En concreto, el PSOE propone modificar el artículo 9 del Estatuto Fiscal para que quien ocupe el cargo de fiscal general informe por escrito al Gobierno "por su propia iniciativa", no solo cuando este lo solicite, que es como estaba redactada hasta ahora esta disposición.

De este modo, Esta comunicación se realizará como hasta ahora, siempre que no exista obstáculo legal, si bien se añade que versará sobre la actuación del Ministerio Fiscal en aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga "y que por su naturaleza y relevancia" el Gobierno "deba conocer"

Se añade que esta información podrá venir referida también al funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia; y se elimina el final del actual artículo que dice que en casos excepcionales el fiscal general "podrá ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros".

Críticas al blindaje

En cuanto al contenido de la enmienda sobre el ascenso a la categoría de Fiscal de Sala de la Fiscal General al cese de su mandato, la asociación mayoritaria también lamenta que sea un tema que requiera una profunda reflexión que, en este caso, no se ha producido.

Para esta asociación la finalidad de realizar la reforma de forma "apresurada y silenciada" denota el interés en beneficiar directamente a Delgado, dándole una salido al cese de su mandato y creando una solución 'ad hoc' que no puede ser la finalidad de la reforma del Estatuto.

A su juicio, tal propuesta supone un “premio" para el fiscal general y la inmisión directa del Gobierno en la conformación de la primera categoría de la carrera fiscal, pues directamente puede promover a un fiscal a su máxima categoría. 

Además, no resuelve el destino de ese Fiscal General, pues la categoría no supone una plaza en concreto. En el año 2018, siendo ministra de Justicia Dolores Delgado, intentó incluir una previsión idéntica en el proyecto de Reglamento de la Carrera Fiscal, lo que dio lugar a la unánime reprobación por considerar que una reforma de tal calado no debía introducirse a través del reglamento sino por reforma del Estatuto.

Reforma sin publicidad

Los reproches de los fiscales apuntan también a la fórmula parlamentaria utilizada para realizar estas reformas, que califican de "inaceptable" porque, pese a tratarse de cambios de calado, se realiza Consideramos "sin publicidad y hurtando de toda posibilidad de alegación al Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial, así como a las asociaciones de fiscales y en general, a toda la carrera fiscal".

Finalmente, recuerdan que el pasado enero remitieron un escrito a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en el que reclamaban las reformas que recomendaba el GRECO, a fin de aumentar la autonomía del Ministerio Fiscal. Por ello, reiteran "la imperiosa necesidad de reformar el Estatuto Orgánico, no ya para ascender al fiscal general, sino para separar absolutamente el Ministerio Fiscal del Gobierno y para limitar el poder del fiscal general".