No hay nada cerrado todavía, pero el Gobierno ya deja ver cuáles son sus intenciones a los grupos. Hoy por hoy, prefiere que el plan de choque de respuesta a la guerra, que aprobó este martes el Consejo de Ministros vía real decreto ley, sea convalidado por el Congreso sin cambios, sin que se introduzcan posteriormente enmiendas. Y lo justifica por la "urgencia" de las medidas contenidas en el texto y porque su duración es temporal, de tres meses. Además, el Ejecutivo responde al PP, del que espera su apoyo, que sí ha cumplido lo que firmó en la Conferencia de Presidentes en La Palma, porque sí hay rebajas fiscales.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, no fue muy explícita cuando se le preguntó si el bipartito está dispuesto a aceptar que el decreto se tramite como proyecto de ley, como demandan grupos como ERC y Bildu, lo que permitirá introducir cambios. La titular de Asuntos Económicos insistió en que el Gobierno ha lanzado un mensaje "muy claro": busca la "unidad", porque "si no es ahora", tras dos años de pandemia, la erupción de un volcán y una guerra en suelo europeo, en Ucrania, "¿cuándo vamos a responder unidos, aunando esfuerzos de agentes políticos y sociales?".
Calviño recordó que las tres vicepresidentas —ella misma, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, con las que compareció en la Moncloa este martes—, junto al responsable de la Presidencia, Félix Bolaños, han mantenido un "maratón de reuniones" en las dos últimas semanas, con los grupos, con patronal y sindicatos, con los sectores y con las comunidades autónomas. Y todos esos actores, señaló, "se van a ver reflejados en las medidas" contenidas en el decreto ley. De modo que el Gobierno confía en un "apoyo unánime" cuando el texto pase por el Congreso para su convalidación (en el plazo máximo de 30 días hábiles).
Es más, el plan de choque ofrece una "oportunidad a todos los partidos" para estar "a la altura de las circunstancias" y apoyar una respuesta que permita "amortiguar" el impacto negativo de la agresión de Rusia sobre Ucrania. El mensaje sobre todo iba dirigido al nuevo PP: el Ejecutivo desearía, pues, que Alberto Núñez Feijóo, que será proclamado como líder del partido este sábado en Sevilla, que "aproveche" esta "oportunidad" para "mostrar el cambio de orientación en el PP en un tema tan importante". La apelación, por tanto, era directa.
"Una situación excepcional"
La vicepresidenta primera no dio por sentado nada todavía —"vamos a ver la respuesta de los grupos, confiamos en que prime la unidad, la responsabilidad y la respuesta positiva, no vamos a adelantar acontecimientos"—, pero fuentes del Gobierno sí iban un paso más allá. El "objetivo", reconocían, es que el decreto ley se apruebe como está, sin cambios. Desde la Cámara baja, apuntaló esa misma intención el portavoz socialista, Héctor Gómez. El diputado señaló, frente a las demandas de socios habituales del Ejecutivo, como ERC y Bildu, que quieren enmiendas en el plan anticrisis para ampliar su alcance, que no se descarta tramitar el decreto como proyecto de ley, pero prefieren evitarlo, por la "urgencia de las medidas y su carácter temporal", aunque no se cierran a implementar más medidas "en el futuro".
"Los tiempos obligan a precipitar la aprobación del decreto, estamos en una situación excepcional, debemos ser conscientes de la realidad en la que nos encontramos", indicó Gómez, quien definió el texto como "muy ambicioso y muy completo". Para el portavoz socialista, es importante que los grupos "conozcan en profundidad" la letra pequeña del decreto y su "impacto" y, a partir de ahí, hay "tiempo suficiente" para valorar o no su tramitación como proyecto de ley, informa EFE.
El PP no da portazo al decreto del Ejecutivo, pero sí denuncia que Pedro Sánchez no ha cumplido con "su palabra". Tanto el próximo líder como la coordinadora del partido, Cuca Gamarra, insistieron este martes en que el acuerdo de la XXVI Conferencia de Presidentes, que se celebró el pasado 13 de marzo en La Palma, dejaba claro que tenía que haber bajadas de impuestos. El texto que firmaron Gobierno y autonomías indicaba que las medidas que se incorporasen al plan de choque "desarrollarán e intensificarán las ya anunciadas hasta ahora, como son las rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía". "No podemos concebir que el propio presidente del Gobierno vaya a incumplir lo que él mismo se había comprometido a hacer", apuntó Gamarra desde el Congreso.
Calviño respondió desde la Moncloa que el decreto sí contiene rebajas de gravámenes, como la prolongación de las que ya estaban vigentes en la factura de la luz (bajada del IVA del 21% al 4%, impuesto a la electricidad al 0,5% y suspensión del impuesto a la generación de electricidad), y que si se prorrogasen todo el año tendrían un impacto fiscal "muy significativo", de entre 10.000 y 12.000 millones de euros. La vicepresidenta primera sostuvo que hay otras medidas que no son impositivas pero que sí llegarán a todos los ciudadanos, como la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. Además, el texto contiene ayudas directas al conjunto de la economía "y a los sectores más afectados". Estos, precisó, son los que "han pedido" que no se redujeran impuestos, porque no les afectaba, ya que, como profesionales se deducen el IVA y el impuesto de hidrocarburos ya está en el mínimo para los transportistas.
Nuevo lema, "España responde"
El Gobierno, pues, ha aplicado el "sentido común", defendió la ministra, apostando por las medidas "más eficaces". "Si lo es una rebaja de impuestos, lo hacemos, y si es una ayuda directa, así lo hacemos". El Ejecutivo entiende que responde de la manera "más directa" para llegar a los colectivos más "afectados". Ese es su nuevo mensaje institucional, precisamente: "España responde" a las consecuencias de la guerra, frente al "España puede" que impulsó con el arranque del despliegue del plan de recuperación.
La bajada de 20 céntimos de los carburantes, que se aplicará desde el 1 de abril en todas las estaciones de servicio, no es una medida progresiva, sin embargo. Calviño alegó que sobre todo beneficiará a las "clases medias" y a los transportistas. Además, para atender a los colectivos más desfavorecidos, el Ejecutivo, en el decreto ley, refuerza el ingreso mínimo vital, topa la revisión de los alquileres de vivienda (limitando su subida al 2%) y extiende el bono social eléctrico. El plan de respuesta a la guerra, por tanto, "se dirige al conjunto de la población española", insistió Calviño, para aliviar el coste del alza de los precios de la energía. "No podemos pedir al gasolinero que pida al usuario que proporcione su nómina o declaración de la renta", explicó.
¿Y qué pasará con la prometida reforma fiscal, que Hacienda aplazó por la guerra en Ucrania? La vicepresidenta primera sostuvo que el Gobierno está "concentrado" en un plan de choque que espera "eficaz" y "contundente" para mitigar el impacto negativo de la contienda, para proteger a los vulnerables, garantizar un "reparto justo" de las cargas y acelerar el despliegue de los fondos europeos para asegurar la "autonomía estratégica" del país. Esas, y no otras, son las "prioridades" del Ejecutivo. Los periodistas también habían dirigido la pregunta a Yolanda Díaz, pero Calviño asumió el liderazgo de la respuesta y no dejó mucho margen a la ministra de Trabajo y líder de Unidas Podemos para apostillar.
