El juez del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales Matthew Nicklin ha convocado para este martes, día 29 de marzo, una audiencia de de consecuencia ('consequencial hearing') a los abogados de Juan Carlos I y a los de la demandante, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, para dar cumplimiento a su anuncio del pasado jueves 24 de marzo, según el cual, tras rechazar la inmunidad del rey emérito, la demanda por presunto acoso sigue adelante.
El juez quiere escuchar, concretamente, los argumentos de las partes sobre su resolución. Por ejemplo, si la defensa de Juan Carlos I ya ha decidido presentar un recurso ante la Corte Civil de Apelaciones, para lo cual dispone de 21 días.
Otras consecuencias: en su demanda Corinna solicita medidas cautelares como una orden de alejamiento ('restraining order') para Juan Carlos I y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español para que se mantengan al menos a 150 metros de distancia. El juez tendrá que pronunciarse sobre ello después de oír a las partes.
Aunque en la carta a su hijo, Felipe VI, el rey emérito había expresado, el pasado 5 de marzo, tras el archivo de las diligencias que le investigaban en España, “considerar mi regreso a España”, aclaró que no sería “de forma inmediata”, el hecho es que el azar ha querido que los actos de que es protagonista en Londres- la demanda de su examante- coincidan este martes 29 con la visita del rey Felipe VI y de la reina Letizia a la misa en recuerdo del recientemente fallecido duque de Edimburgo en la abadía de Westminster. La audiencia en la High Court of Justice, a 2,2 kilómetros de la abadía, bordeando el río Támesis, comenzará a las 10:30 horas, media hora antes de la ceremonia.
En sus alegaciones ante la Corte, Jeremy Kosky, abogado ('solicitor') del equipo de defensa del emérito que lleva la firma Clifford Chance, señala que el Palacio de la Zarzuela sigue siendo la residencia de Juan Carlos I y que si bien se ha mudado a Abu Dabi “muchos de sus objetos personales, ropa y otras pertenencias siguen en su apartamento en la Zarzuela...”.
Kosky pone como ejemplo, según el relato del juez Nicklin, que "los abogados de la Corinna zu Sayn-Wittgenstein han intentado comunicar el formulario de la demanda en el Palacio de la Zarzuela y han buscado mantener correspondencia con Juan Carlos I mediante escrito al jefe de la Casa de su Majestad" el rey Felipe VI. Es decir: han enviado una carta a Jaime de Alfonsín. Pero por esta vía no pudieron entregar la demanda.
El hecho es que los abogados de Juan Carlos I han planteado otra cuestión previa -aparte de la inmunidad, ahora perdida- precisamente la forma en que se le ha transmitido la demanda.
Según argumentan, le debían haber comunicado el escrito a través de canales diplomáticos por mediación del Foreign Office o Ministerio de Asuntos Exteriores. O, alternativamente, solicitar permiso para hacer la comunicación por otra vía. “Ambas rutas hubiesen exigido exponer los hechos al tribunal, someterse al escrutinio judicial y probablemente ser rechazadas… La comunicación no es válida. Esta manera defectuosa ha causado a Su Majestad [Juan Carlos I] privación, pérdida y daño como consecuencia de tener que defender un caso que no debía ser presentado a una corte inglesa”.
Los abogados de la demandante sostienen que la defensa pone “objeciones técnicas carentes de mérito a la comunicación de la demanda en un claro intento de frenar el progreso del procedimiento”.
Oferta de varias vías
Según señala, tras la primera comunicación, “por WhatsApp -con acuse de recibo- en diciembre de 2020, Corinna ofreció a Juan Carlos la vía que considerase más adecuada, aun creyendo que la elegida fue correcta. Y se ofreció hacerlo a través del bufete Clifford Chance o a través de la Convención de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH). Juan Carlos I rechazó estas invitaciones e incluso la de confirmar su dirección, con el argumento de que residía en La Zarzuela desde 1962 y, también, que se había mudado a Abu Dabi en 2020”.
En la audiencia de este martes 29, los abogados de Juan Carlos I podrían informar al juez si han decidido recurrir su resolución del pasado jueves 24 de marzo ante la Corte Civil de Apelaciones, en la High Court of Justice.
Sin embargo, no es fácil que un recurso tenga recorrido. Porque el juez Nicklin ha cuidado los detalles al punto de recoger, para fundamentar su fallo, una resolución de la Corte de Apelaciones en la que se apoya para denegar la pertenencia de Juan Carlos I a la Casa Real.
Los otros aspectos pendientes de las cuestiones previas son, aparte del llamado 'servicio' -la notificación de la demanda-, el encaje de los actos de acoso en la ley británica de Protección contra el Acoso ('harrasment') de 1997 y la petición de la defensa de Juan Carlos I al juez para que declare que la jurisdicción del Reino Unido no es la más apropiada -'inconvenient forum'- y transfiera la demanda a otro foro legal. Por ejemplo: España.
Costas para el emérito
Juan Carlos I ha perdido la primera batalla legal –pendiente de la decisión de aceptar o recurrir la resolución sobre su inmunidad- y por ello tendrá que hacerse cargo de las costas. También este tema será asunto de la audiencia citada por el juez Nicklin.
El tribunal contará con informes de expertos de ambas partes en los que se cuantificará el importe de esas costas. Tanto los honorarios de los abogados como las costas tienen que ser abonados por Juan Carlos I. ¿De dónde salen los fondos?
Al presentar las dos regularizaciones por valor de 5.074.295,68 euros en diciembre de 2020 y febrero de 2021, fuentes próximas al emérito dijeron que un grupo de empresarios habían prestado -que no donado- el dinero. Se supone que la Agencia Tributaria, que cerró los ojos cuando era posible abrir una inspección, seguirá el rastro tanto de ese dinero como de los gastos derivados de la defensa jurídica en el Reino Unido.
