En la legislatura de los tiempos gaseosos, de la convulsión y el sobresalto constante, Pedro Sánchez atraviesa ahora, tal vez, su momento de mayor soledad. Con la protesta social quemando en las calles (y en los puertos), la oposición, a izquierda y derecha, le apremia a tomar medidas para frenar el impacto del alza de los precios de la energía. Pero también le cerca y le marca por el giro histórico sobre el Sáhara Occidental, el abandono de la neutralidad sostenida durante casi 47 años, viraje criticado también desde dentro del Gobierno, por sus socios de coalición, Unidas Podemos

Esa sensación de aislamiento se proyectó sin dobleces este miércoles en el Congreso, en el pleno primero y en la comparecencia del ministro José Manuel Albares en la Comisión de Exteriores. Los grupos reprocharon a ambos tanto las formas, por no haber contado con ellos, por no dar detalles, como el repentino cambio. Ambas acusaciones eran negadas por el Ejecutivo. "No ocultamos nada", decía el jefe de la diplomacia, y España, prometió, "no abandonará" a los saharauis

Pero el volantazo ha sido tan sorprendente que ha disparado las especulaciones sobre los compromisos que nuestro ha adquirido con Marruecos y las razones de por qué el conflicto diplomático se cierra precisamente ahora. El Frente Polisario cree que se ha aprovechado la guerra en Ucrania para que pasara más desapercibido. El Gobierno ha llegado a esgrimir justo lo contrario: que con la incertidumbre que ha provocado en Europa la invasión rusa no puede tener tantos frentes abiertos. La realidad es que el momento elegido ha generado aún más desconcierto. Se han acabado los problemas con Rabat pero la consecuencia directa ha sido el aumento de la tensión con Argelia, que ha llamado a consultas a su embajador en Madrid.

Argelia, "socio fiable"

Esta reacción parece no preocupar mucho al Ejecutivo, a pesar de que este país es el segundo proveedor de gas de España y de que uno de los grandes debates abiertos en la UE tras el ataque a Ucrania, e incluso antes, por al alza de los precios del gas, es que Europa no puede depender energéticamente de Rusia. Por eso en la política española ha resonado con fuerza la pregunta de cómo el Gobierno se atreve ahora a 'molestar' a Argelia. Lo cierto es que no existe ningún temor a que Argel penalice a España porque es un "suministrador de gas que siempre ha respetado sus contratos".

"Es un socio sólido, fiable y estratégico", defendió Albares en el Congreso. La seriedad de Argelia como proveedor de energía es algo que destacan también a este diario fuentes del Polisario. El Ejecutivo aún no ha aclarado sí avisó previamente a este país de la reconciliación que ha sellado con Marruecos. Pero este miércoles el ministro sí reveló que no han existido contactos con Alemania, que hace unos meses se plegó de manera similar a los deseos de Rabat de apuntalar su posición sobre el Sáhara, y que tampoco adelantó su plan a EEUU.

El presidente del Gobierno ya ha dicho públicamente que hará "todo lo que esté en su mano" por resolver las asperezas con Argelia. Este miércoles voló a Ceuta y Melilla, donde estuvo acompañado de los dos presidentes de las ciudades autónomas —Juan Vivas (PP) y Eduardo de Castro (ex de Cs) que sí apoyan la "nueva etapa"—, y allí respondió por primera vez a preguntas. Alegó que el pacto con el reino alauí es también la garantía para la "integridad territorial" de España. La seguridad en las dos ciudades, destacó, "ha primado" en el trabajo de estos meses para cerrar una crisis que era ya "insostenible". 

"Nueva etapa" con Marruecos

Sin embargo, ese no fue el eje de discusión en Madrid, en la Cámara baja. Era el Sáhara. El acuerdo con Rabat por el que el Gobierno se decanta con nitidez por la propuesta autonomista ofrecida por Marruecos en 2007, al considerarla como la "base más seria, creíble y realista" para la "resolución" del conflicto. El Ejecutivo ha escamoteado en todo este tiempo los detalles de la negociación, hecho por el que le reprendió la oposición severamente, y también Unidas Podemos. Tampoco entró en muchas concreciones este miércoles. El ministro acudió al Congreso con la idea de vender a los grupos los beneficios de la nueva etapa con Marruecos, e incluso les afeó que este asunto no fuera el motivo de sus preguntas. El Gobierno ha desplegado en los últimos días un argumentario de difícil digestión, tratando de negar que haya variado de postura. Ningún grupo se lo compró (ni siquiera los morados) y hasta al titular de Exteriores se le escapó el concepto de "cambio" y al propio presidente, el de "profundización".

Pero el Ejecutivo trata de pasar página y ya está volcado en la visita que el ministro de Exteriores realizará la semana que viene, el día 1 de abril a Rabat, para abordar la nueva relación bilateral y preparar el próximo viaje que, aún sin fecha, el presidente del Gobierno hará a Marruecos. Para esta primera visita Albares ya ha pactado con su homólogo, Nasser Bourita, los asuntos a tratar: "La normalización completa de las conexiones marítimas" y el operativo de la Operación Paso del Estrecho, y el "restablecimiento, de forma controlada, de la circulación de personas y bienes" entre los dos países. Rabat cerró de manera unilateral las fronteras de Ceuta y Melilla en marzo de 2020, por la pandemia, y no ha permitido su reapertura, a pesar de que la situación sanitaria ha mejorado. España quiere activar, además, "grupos de trabajo" conjuntos para "ir en todas las relaciones más allá de lo que ya existía".

"Solución aceptable"

El Gobierno niega que el viaje de Albares vaya a hablarse del Sáhara Occidental. Si en algo se incide ahora desde Exteriores es que será el enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, quien deba "plantear una solución mutuamente aceptable" a las partes. El Ejecutivo no admite que su reconocimiento al plan de autonomía marroquí suponga un espaldarazo a Rabat y se limita a apuntar que España quiere dejar de ser "espectador" para tomar "parte activa" en la resolución del contencioso: "La población saharaui en los campamentos también necesita una respuesta". De hecho, el ministro se escudó ayer en que el objetivo del Gobierno ha sido "defender los intereses de España" y poner fin a la crisis. "Si alguien cree que existe una política alternativa", dijo el ministro, para entre otras cuestiones, terminar con las mafias que trafican con seres humanos, "que lo diga".