El Congreso de los Diputados quería conocer posturas diferentes sobre la prostitución para disipar sus dudas sobre el contenido de la ley de garantía integral de la libertad sexual y lo ha hecho. Cinco especialistas han comparecido ante los diputados y diputadas encargados de consensuar la ley del sólo sí es sí en una sesión en la que han sido más numerosas las voces que han solicitado regular la prostitución, incluido el sindicato de prostitutas OTRAS, que las que pidieron abolirla.
La inclusión de medidas para combatir la explotación sexual a través de la persecución del proxenetismo y la tercería locativa en el proyecto de ley del sólo sí es sí tiene dividido a los grupos parlamentarios e incluso a los socios del Gobierno. Siendo este el principal punto de desencuentro de la norma, los partidos acordaron llamar a voces expertas antes de decidir qué hacen con estas medidas, particularmente con la reforma del Código Penal para castigar el proxenetismo y la tercería locativa.
Celebrado el primer turno de comparecencias, se puede intuir que éstas contribuirán a reforzar las posturas ya existentes más que a entablar puentes que lleven a amplios acuerdos, pues las posiciones de los ponentes están en las antípodas. En estos momentos, la incorporación de estos aspectos en la ley de garantía integral de la libertad sexual no está para nada garantizada.
En la primera de las dos sesiones celebradas en la Comisión de Igualdad ha habido cinco ponentes y tres de ellas han abogado por regularizar lo que denominan "trabajo sexual": la presidenta de Fundació Àmbit Prevenció, Mercè Meroño; la directora General de GENERA-Asociación en defensa dels Drets de les dones, Laura Macaya Andrés; y la secretaria general del sindicato OTRAS, Conxa Borrell. En sus antípodas, el director de la Coalición para la la Abolición de la Prostitución, Jonathan Machler, ha pedido justo lo contrario. Y ni en un lugar ni en el otro, desde la Asociación de Mujeres Juezas, Carmen Delgado, ha advertido de la poca eficacia de la reforma que plantea el proyecto en términos de combatir la explotación sexual.
A ninguno de los comparecientes les gusta el texto tal y como ha llegado al Congreso de los Diputados procedente del Gobierno, aunque por razones muy dispares.
A FAVOR DE REGULAR LA PROSTITUCIÓN COMO UN TRABAJO
Con dureza ha atacado el proyecto de ley la representante del sindicato OTRAS, quien ha calificado de "inadmisible oportunismo del Gobierno" la inclusión de los artículos que tienen que ver con el proxenetismo y la tercería locativa porque, a su juicio, "criminalizarían aún más el ejercicio de la prostitución".
"¿Por qué todos los gobiernos, incluso los más progresistas, se empeñan en no avanzar hacia la descriminalización del trabajo sexual? Pedimos derechos laborales, (...) queremos reconocimiento como trabajadoras", ha aseverado Borrell, quien ha solicitado sacar del articulado de la norma la tercería locativa así como el castigo del proxenetismo no coactivo ya que, ha asegurado, no reconoce el derecho al consentimiento de las mujeres que están en contextos de prostitución: "Se deben pensar que las putas somos medio tontas", se ha quejado.
Borrell ha afirmado en sede parlamentaria que el texto actual de la ley del sólo sí es sí incidirá en la precariedad, la criminalización y abocará a las prostitutas a la clandestinidad y las expondrá a prácticas de mayor riesgo: "La prostitución no va a dejar de existir porque ustedes cierren los clubs", ha enfatizado.
"Son muchos nuestros disensos, pero es su responsabilidad, señorías, que las trabajadoras sexuales dispongan de derechos laborales y sociales", ha concluido.
También favorable a la consideración del trabajo sexual se ha mostrado la presidenta de Fundació Àmbit Prevenció, Mercé Meroño, quien ha comenzado diciendo que prostitución y trata no son equivalentes y ha coincidido en que el texto criminalizará a las prostitutas y aumentará su estigma social: "Exigimos que se elimine la prostitución voluntaria de la propuesta. (...) El abolicionismo prohibicionista plantea seguir con la persecución y generar contextos aún más precarios y punitivos", ha lamentado.
A favor de regular la prostitución voluntaria a la vez que se lucha contra la trata con fines de prostitución forzada se ha mostrado la presidenta de Genera-Asociación en defensa dels drets de les dones, Laura Macaya, que ha pedido a los representantes de la ciudadanía que sean "prudentes a la hora de lanzar nuevas leyes cuya eficacia consideramos dudosa".
Macaya cree que la ley de garantía integral de la libertad sexual es demasiado punitivista y que infravalora la capacidad de decisión de las mujeres que están en contextos de prostitución. También estima que el texto empeora las condiciones de vida de las prostitutas y las convierte en un colectivo aún más vulnerable.
CONTRA TODO TIPO DE PROSTITUCIÓN
En las antípodas de estas afirmaciones se ha situado el director general de la Coalición para la Abolición de la Prostitución, el francés Jonathan Machler: "Si la prostitución es una elección, es la elección de las mujeres que no tienen elección. Se ven coaccionadas física o socioeconómicamente. (...) La prostitución refuerza la dominación de los hombres sobre las mujeres, en particular la creencia de que los cuerpos de las mujeres están siempre disponibles para ellos", ha subrayado.
Ha pedido Machler que la ley no incurra en la disociación ideológica entre la prostitución libre y la forzada, que "será un regalo para los proxenetas", pues será muy difícil probar que había explotación sexual.
"Si España quiere luchar contra el enriquecimiento de los proxenetas, debe penalizar todas las formas de proxenetismo, no podemos luchar a medias, o se eliminan o se perpetúan. (...) El criterio de explotación debe ser sustituido por la situación de prostitución, que debe incluirse como forma de violencia sexual que debe abolirse", ha señalado.
Diferente ha sido la aportación de la representante de la Asociación de Mujeres Juezas, Carmen Delgado, quien ha explicado a las parlamentarias que la redacción del proyecto de ley no mejorará la persecución del proxenetismo, bastante ineficaz actualmente, más bien al contrario, acentuará su impunidad: "Vamos a hacer un pan como unas tortas. (...) Para hacer esto, mejor dejar el precepto como está. Si de verdad queremos castigar el proxenetismo, hay que eliminar el término explotación del artículo del Código Penal".
En cuanto al artículo de la tercería locativa (lucrarse del alquiler de locales donde se explota sexualmente a mujeres y niñas), Delgado ha criticado que sólo se pueda castigar cuando sea una actividad habitual: "Es decir, si lo hacemos de vez en cuando, no pasa nada porque es ocasional. ¿Dónde ponemos el límite? ¿No debería bastar con una sola vez?".
AÚN QUEDA CAMINO
Así las cosas, la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja escuchará la semana que viene a otros ocho especialistas, tanto próximos al abolicionismo como a la regulación.
Serán la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto; el catedrático de Derecho Penal y magistrado Carlos Pérez del Valle; la profesora de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco Miren Ortubay; la directora General de Igualdad del Gobierno del Principado de Asturias, Nuria Varela; la directora de Apramp, Rocío Mora; la profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona Encarna Bodelón; la magistrada Tania García Sedano- y la jurista de la Associació Assistència Dones Agredides Sexualment (AADAS) Ana Nahxeli.
Las comparecencias durante la ponencia de una ley no son algo habitual en el Congreso. Pero la realidad es que es necesario conciliar las diferencias de algún modo. Los socios parlamentarios del Gobierno ya mostraron en otoño sus reticencias a legislar cuestiones relacionadas con la prostitución en la ley del sólo sí es sí: PNV, Cs, ERC, Bildu, JxCat, En Comú Podem y la CUP son contrarios a penalizarla en este proyecto y han mostrado su temor de que este debate empañe y desvirtúe el espíritu general del proyecto para luchar contra la violencia sexual. Por su parte, PSOE y PP se declaran abolicionistas.
La tramitación de esta ley orgánica se está dilatando en el tiempo. Fue hace dos años cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto, que ha tenido que hacer frente a diversas vicisitudes, incluido un informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial.
UN LLAMAMIENTO A LEGISLAR CON URGENCIA
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha urgido a aprobar esta ley para proteger los derechos de las mujeres en un momento en que se amplifica el negacionismo de la violencia machista. Montero ha denunciado que la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León se ha materializado con un pacto que pone "en riesgo los derechos de las mujeres".
"Tengamos la clara conciencia de que hay que correr, es urgente el despliegue de estas políticas. (...) Frente a eso tenemos que ser capaces de correr, de actuar lo más coordinadas posible, en absoluta unidad el movimiento feminista, las asociaciones de mujeres y las instituciones", ha aseverado la titular de Igualdad en un acto sobre el Convenio de Estambul.
Montero ha destacado que las leyes que tienen que ver con los derechos de las mujeres encuentran "no pocas barreras" en su recorrido legislativo.
En este sentido, ha reconocido que la negociación de la ley del sólo sí es sí se encuentra en un momento clave y que los asuntos "más sustanciales" siguen "en proceso de debate", si bien se ha mostrado confiada de que el Parlamento le dé el visto bueno "en las próximas semanas".
Más allá de su aprobación, la ministra ha incidido en que también será compleja su implementación, pues supone un cambio de paradigma en cuanto a la respuesta que el Estado da a las víctimas de violencia sexual: "El camino no se termina con la ahí. La implementación va a exigir un trabajo arduo, muchísima coordinación", ha dicho.
