El Congreso dispone de un instrumento muy valioso para recabar información secreta, pero no puede usarlo porque los bloques de izquierda y derecha son incapaces de sortear una serie de vetos cruzados. Es la Comisión de Gastos Reservados, también conocida como "Comisión del CNI", ya que una de sus funciones es el tratamiento e intercambio de la documentación clasificada que manejan los servicios de inteligencia españoles. En un contexto como el actual, huelga destacar su relevancia.
Formarla requiere el visto bueno de 210 diputados, los tres quintos de la Cámara. Llegar a este número depende de PSOE y de PP, de que se pongan de acuerdo, pero no está resultando sencillo. Fuentes socialistas, en declaraciones a El Periódico de España, emplazan un hipotético pacto a después del congreso extraordinario de los populares, ya que se renovará su dirección. Será entonces cuando puedan desatascarse ciertos bloqueos institucionales, y no sólo el de más relumbrón, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sino también la creación de este órgano parlamentario con una función muy sensible. No se encarga sólo de conocer a dónde van los gastos reservados de los ministerios de Defensa o de Asuntos Exteriores, sino además de recabar información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Sin embargo, fuentes del grupo popular, preguntadas al respecto, responsabilizan a la dirección socialista de este vacío del Congreso, en concreto a su inacción. Lamentan en el PP que no hayan recibido llamada del PSOE para remediar cuanto antes este nudo que parece que nadie en la Cámara desanudar. Fuentes de la Mesa, en donde se iniciará formalmente el proceso de constitución, destacan a este medio que desde hace tiempo no se habla del asunto. Antes de finales de 2021, la presidenta, Meritxell Batet, recordó la anomalía reglamentaria que suponía la inexistencia de la comisión que controla los gastos reservados del Gobierno y las operaciones del CNI.
Contexto bélico
Hace más de dos semanas que Rusia comenzó la invasión de Ucrania y Europa se adentra en una época oscura. Por el momento, en España, además de la angustia y de la preocupación, los efectos se están notando, y de qué manera, en los precios. Ir al supermercado se está encareciendo demasiado, llenar el depósito del coche es una hazaña y pagar la factura de la luz, una misión heroica.
Las tropas rusas avanzan por la mitad oeste de Ucrania y se acercan a la frontera con la UE, en donde prevén aumentar su despliegue militar, en respuesta al refuerzo que ya ha hecho la OTAN. La ferocidad de los ataques va en aumento, igual que los presupuestos militares de los Estados que integran la Unión. Viene un ciclo de militarización, como en lo más crudo de la Guerra Fría. La retórica de la alta clase política advierte de momentos históricos y de cambios como nunca antes se habían visto.
La información, en contextos así, cotiza al alza. Siempre es crucial, pero cuando de Estados Unidos a China altos cargos hablan de armamento nuclear, de consecuencias devastadoras y de catástrofes, quizá lo sea más; cuando las imágenes que provienen de Ucrania dibujan el apocalipsis, la capacidad que tengan los estados para hacerse con información sobre planes militares se vuelve clave. Tras unos años en crisis de cuestionamiento, la inteligencia estadounidense acertó al contar al presidente Joe Biden los plazos que Vladimir Putin barajaba para invadir el país vecino.
Tres años sin reuniones
La Comisión de Gastos Reservados del Congreso no ha podido crearse desde que comenzó la legislatura en diciembre de 2019, pero el vacío retrocede a marzo de ese mismo año. Como recordaba Europa Press en un teletipo fechado a finales de febrero, la última sesión la protagonizó el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell. Ocurrió poco antes de la convocatoria de elecciones generales y de la consiguiente disolución de las Cortes.
No hubo comisión del CNI durante la corta legislatura XIII, de mayo a septiembre de 2019. La actual, la XIV, apunta a lo mismo incluso a pesar de haberse superado el ecuador. Las explicaciones hay que buscarlas en la configuración de la Cámara, que desde las primeras legislaturas de la democracia no había alcanzado tal grado de fragmentación (una veintena de organizaciones se estructuran en diez grupos parlamentarios), y en el exacerbado nivel de crispación en el que se ha sumido el debate.
La tendencia demostrada estos años es la de la ruptura entre los bloques de los partidos de izquierda y los partidos de derecha. Aunque el listado de votaciones enseña iniciativas en las que PSOE, PP y Cs, por ejemplo, votan lo mismo, incluso en leyes de calado (pero no mediáticas), las posibilidades de que cuajen acuerdos transversales se han difuminado.
Sesiones secretas
La Comisión de Gastos Reservados se rige por una ley "ex profeso", aprobada en 1995. Regula el uso y el control de esas partidas presupuestarias destinadas a previstos e imprevistos que afectan a la seguridad del Estado. Están en las cuentas públicas, sí, y también la cantidad, por lo que cualquier con interés puede conocer el número. No se detalla nada más, sin embargo, a diferencia del resto de inversiones.
Conocer lo que se hace con ese dinero requiere un procedimiento especial, en el que la comisión parlamentaria juega un papel protagonista. Tan protagonista que si se quiere cambiar algo es necesario el "ok" de este órgano del Congreso. Que no se haya podido formar es anómalo, por tanto, así como un incumplimiento de ley.
La norma de 1995, en resumen, establece que los únicos ministerios con potestad para manejar ese dinero son los de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior y Defensa. Sólo los ministros pueden decidir qué hacer con él, sobre lo que tendrán que rendir cuentas periódicamente al presidente y al Congreso. El artículo 7 de la norma pone los contornos del procedimiento parlamentario, que compondrán quién ejerza la Presidencia de la Cámara y diputados autorizados. Las sesiones serán secretas; lo que se estudie dentro no se puede divulgar.
Una resolución de la propia Presidencia, de 2004, completa el proceso. Así, según consta en este mandato, el Gobierno informará sobre las materias clasificadas como secretas a un diputado por cada grupo, previamente elegidos por mayoría de tres quintos en el pleno. Los asuntos clasificados como "reservados" serán expuestos cuando lo pida la comisión. De hecho, a esta comisión se la faculta para pedir la información que considere, aunque siempre bajo la pauta de confidencialidad citada antes. Hasta tal punto llega esa confidencialidad que si la información secreta o reservada requerida consta en un documento, los diputados sólo podrán ver el papel y tomar notas, pero nunca "obtener copias ni reproducciones".
Vetos cruzados
Lo que se trata es tan sensible que al PP le cuesta aceptar que representantes de ERC y EH Bildu estén dentro de la comisión. No obstante, durante la legislatura XII hubo un diputado de la formación catalana, por lo que a priori esa barrera puede saltarse. El problema se encuentra en el partido abertzale. Al PSOE, por su parte, la presencia de Vox le produce reparos. Estos vetos cruzados son los que hay que sortear. Con todo, como es aconsejable la extensión del consenso a otras formaciones, los dos principales partidos intentarán casar los pareceres de los demás. Las fuentes socialistas insisten en que hablarán con el PP sobre esta cuestión durante el mes que viene.
A esta comisión acuden, por consiguiente, los ministros/as de Defensa, Exteriores o Interior, así como el director/a del CNI. Si bien disponen de otras comisiones para dar explicaciones, sólo en la de gastos reservados pueden hablar de materias secretas o confidenciales por imperativo legal. Repasar algunos de los asuntos analizados ilustran el carácter de la comisión y su envergadura: operaciones del Centro Nacional de Inteligencia que afectaban a Juan Carlos y a Corinna Larsen, pesquisas relacionadas con el excomisario Luis Villarejo, actuaciones contra el terrorismo islamista. En definitiva, planes policiales de máxima discreción, despliegues militares de alto nivel en el exterior... Y seguimiento de los gastos reservados. Casi 30 millones para tal fin se consignaron en los últimos presupuestos y no se pueden controlar.
En plena guerra de Ucrania, la comisión de gastos reservados desempeñaría un papel más que notable.
