Tras más de dos años de espera, el juicio contra los tres policías filipinos que mataron al joven coruñés Diego Bello se acerca. La Fiscalía filipina ha emitido un informe en el que considera que hay una “sospecha bien fundada” de que cometieron delitos de asesinato y manipulación de pruebas, si bien rechaza acusarlos de perjurio, como pedía un órgano de instrucción del país, el National Bureau of Investigation (NBI). Ahora, solo resta que el juez apruebe abrir el caso para iniciar el juicio.

El abogado que lleva el caso desde A Coruña, Guillermo Mosquera, ha señalado que, aunque la Fiscalía deriva el caso al juzgado de la isla de Siargao, donde se cometió la muerte, pedirán que se juzgue en Manila, la capital. “Es una isla pequeña, las personas que en teoría están imputadas son conocidas y no sabemos las presiones que puede llegar a haber”, indica.

Al igual que en España, la Justicia filipina establece una diferencia entre el homicidio y el asesinato, que es un homicidio con circunstancias agravantes. En el caso de la muerte de Bello, la Fiscalía cree que concurrieron dos: premeditación y abuso de fuerza superior.

Para llegar a esta conclusión, la Fiscalía examina la versión de los tres policías encausados, pero también las pruebas que aportó el NBI en su investigación independiente. La versión policial, de la que los agentes se reafirmaron ante el NBI, es que acudieron la noche del 8 de enero de 2020 a la casa que poseía Bello en Filipinas, donde residía y tenía negocios, ante sospechas de que traficaba con droga.

Tras un supuesto intercambio de cocaína con un agente de paisano, intentaron a detenerlo y lo instaron a rendirse, pero, según ellos, Bello sacó un arma y empezó un tiroteo. Así, aunque admitían haberlo matado, habría sido en “defensa propia” y no habrían cometido delito.

La Fiscalía desmonta este argumento. Recupera la investigación del NBI, que señala que las pruebas balísticas y los testigos no respaldan la teoría del intercambio de droga, ni que hubiese un tiroteo. Ni siquiera que Bello tuviese una pistola, aunque los agentes aportaron una supuestamente hallada en el lugar de los hechos. En cambio, para los fiscales del país asiático, las pruebas apuntan a que los agentes “planearon deliberadamente y prepararon la muerte” de Bello. Ve por tanto premeditación y fuerza superior, así como manipulación de pruebas, pero rechaza acusarlos de perjurio.