Si las leyes que esperan su momento en el Congreso fueran juguetes que cobran vida, como en Toy Story, habría leyes muy tristes. Una veintena, en concreto. Son los proyectos o proposiciones que llevan un año o más esperando que dos grupos de la Mesa decidan el inicio de su tramitación en la comisión correspondiente.
Los partidos, generalmente en la oposición, se enfadan sobremanera cuando comprueban semana tras semana que sus propuestas no salen de la Mesa. Es un procedimiento opaco este del Congreso. Las leyes, cuando son calificadas en el órgano de gobierno de la Cámara, es decir, cuando son avaladas para que inicien su andadura parlamentaria, corren el riesgo de atrancarse en el limbo de las prórrogas de las enmiendas. Basta con que cinco representantes de este órgano así lo acuerden. Ahora que PSOE y Unidas Podemos forman mayoría, y además son los partidos del Gobierno, basta con que sus seis miembros lo decidan.
Un ejemplo reciente que ilustra el malestar y la peculiaridad: el presidente, Pedro Sánchez, a mediados de octubre, en la clausura del congreso federal del PSOE, anunció que se iban a derogar la reforma laboral del PP y la ley mordaza del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, en su perfil de Twitter, expresó contrariedad y pidió más hechos y menos palabras.
Esteban tenía motivos sobrados para manifestarse críticamente porque su grupo, un año antes, había logrado que el pleno apoyara la toma en consideración de una proposición de ley para reemplazar la norma de seguridad ciudadana, la ley mordaza. La Mesa recibió la resolución de la mayoría del pleno y abrió el plazo de enmiendas, que unos días más tarde se fue prorrogando cada semana hasta alcanzar unas 40 consecutivas.
Las fuentes del grupo del PNV recuperaron una protesta que suele caer en saco roto: dar más transparencia a las decisiones de la Mesa. ¿Qué partidos provocan que las leyes se eternicen en ese limbo? ¿Qué motivos aducen sus representantes?
El caso es que, si bien con más retraso del esperado, el Gobierno comunicó en noviembre al PNV que su proposición para derogar la ley mordaza comenzaría a tramitarse. Actualmente, la ponencia de la Comisión de Interior da los últimos retoques al dictamen que servirá de base al texto que debe ratificar el pleno.
Contra el olvido
El récord de longevidad de las leyes olvidadas lo tiene la proposición proveniente del Senado sobre financiación del transporte público, que superó el debate de totalidad (las enmiendas para devolver la norma) en octubre de 2020. Desde entonces va acumulando prórrogas sin que nadie haga nada por evitarlo.
Muy cerca de su edad se encuentra una iniciativa legislativa popular, que procede de los ciudadanos tras recoger un cupo de firmas. En concreto la que aboga por modificar la ley de dependencia. También lleva tiempo cogiendo polvo la iniciativa para el aumento del ratio de enfermeros/as y con ello garantizar la seguridad del paciente. Por regla general, este tipo de propuestas que nacen en el tejido asociativo civil suelen tardar meses y años en tramitarse, qué paradoja.
La pandemia ha alterado nuestras vidas en tantos sentidos... También algunos hábitos legislativos. Aunque el uso y abuso del decreto ley ha sido nota común en diferentes gobiernos, la situación de urgente y extraordinaria necesidad en la que se sumió el país a partir de marzo de 2020 ha catapultado la presencia de esta figura legislativa a límites muy elevados. Todo decreto tiene que ir al Congreso 30 días después de su aprobación por el Consejo de Ministros, como máximo, para que sea convalidado o derogado. Siempre, tras esta votación, se produce otra, la de la tramitación del texto como proyecto de ley, lo que supone abrir la puerta a ciertos cambios. La norma ya está en vigor, pero el ordenamiento reserva la opción de que los grupos puedan hacer correcciones 'a posteriori'.
Si sale el sí adelante, la Mesa recibe el texto y lo mete en el mismo cajón de todos los demás proyectos de ley, es decir, de las propuestas enviadas por el Gobierno. Y se expone a que se quede ahí mucho tiempo.
Valga esta introducción para puntualizar que en el Congreso hay siete iniciativas con estas características: reactivación económica, apoyo al turismo, situaciones vulnerables en vivienda y transporte, sobre el brexit, fondos UE (aquel que salvó Vox con una abstención), defensa del empleo y reducción de la brecha de género. Todas ellas, derivadas de otros tantos decretos leyes, acumulan plazos de enmiendas desde primeros de 2021. Una fuente parlamentaria cree que nunca saldrán de ahí, de ese cajón.
Están, además, muy cerca, más polvorientas si cabe, dos proposiciones de ley. La diferencia entre proyecto y proposición estriba, en este caso, en que el primero lo impulsa el Gobierno; el segundo, un grupo parlamentario. El PNV, que estaba que trinaba por el apartamiento de su iniciativa para derogar la ley mordaza, tiene una aún más esquinada: la de secretos oficiales. Se preguntan las fuentes del grupo vasco qué motivos están llevando al Gobierno a semejante despecho. Desde septiembre de 2020 hiberna.
Como juguete triste y oxidado aparece, también, la proposición sobre bebés robados, que duerme desde septiembre de 2020, igual que la de secretos oficiales. Lo mimo le pasa a una sobre el control de morosidad. Una petición de reforma de la ley del Tribunal Constitucional dormita desde abril de 2021 junto a la de incentivos fiscales al mecenazgo y la reforma del voto rogado, que exige modificar la ley electoral.
Desde el Senado, pero ya acartonadas, están los textos de la citada ley para financiar el transporte público, la que exige rebajar el IVA en servicios de dependencia y el texto refundido de la ley de Seguridad Social.
Trucos políticos
Un exalto cargo del Gobierno, conocedor de los procedimientos legislativos, cuenta a El Periódico de España que las decisiones para ampliar los plazos de enmiendas suele aplicarse a aquellas leyes que no interesan al Gobierno por dos motivos: por inconveniencia política y por inconveniencia temporal. Antaño, cuando gobernaban PSOE o PP y en la Mesa tenían que ponerse de acuerdo para definir los ritmos legislativos, el pacto para adormecer ciertas leyes obligaba a contrapartidas. Actualmente no ocurre tal cosa. O no ocurre tanto.
Por regla general, PSOE y Unidas Podemos deciden qué leyes dormirán mucho y cuáles dormirán poco o nada. Por regla general, responden a nociones del Ejecutivo. Siempre se ha hecho así, no se trata de una salvedad. Son los secretarios generales de los grupos los que enumeran en un listado las normas que conviene ralentizar o directamente apartar. La interlocución con el responsable del Gobierno encargado de las relaciones con las Cortes debe ser fluida en este campo, sobre todo para actuar con previsión llegado el caso. "Yo recuerdo que pedía a los ministerios que tuvieran enmiendas preparadas si había una mínima posibilidad de que se desatascara una ley", indica el excargo consultado.
Pero "al Gobierno le interesa mover los proyectos de ley", sus normas. Todo lo demás pueden ser amenazas, y en un Congreso tan fragmentado como el actual ese riesgo hay que minimizarlo.
Y así, ciertas leyes se convierten en juguetes tristes.
