El tiempo sigue pasando y el bloqueo que mantiene sin renovar uno de los órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha superado ya los 1.100 días, según ha recordado este mismo miércoles la ministra de Justicia, Pilar Llop, que responsabiliza en exclusiva al PP de la actual situación. Las consecuencias de tan inédita situación requieren tomar decisiones, y en este ámbito se enmarca la reunión que mantendrá el próximo día 22 la propia Llop con los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, han señalado a El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, fuentes de este órgano.
La conveniencia de esta reunión se trató ayer durante un almuerzo de trabajo mantenido entre la ministra y el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Sobre este encuentro, el ministerio de Justicia informó que había servido para preparar una reunión "de los grupos de trabajo del Ministerio de Justicia y del CGPJ que se celebrará en las próximas semanas" con el objetivo de abordar "los problemas derivados del bloqueo en la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial".
Fuentes del CGPJ, sin embargo, califican el encuentro de meramente institucional y añaden, sobre su eventual visita al Supremo, que todos los ministros de Justicia se reúnen en algún momento con la Sala de Gobierno, una tradición que Llop aún no ha cumplido y que vendría a sumarse a la que tuvo lugar el 4 de diciembre de 2020 siendo titular Juan Carlos Campo. Este órgano está presidido por Lesmes y de él forman parte los presidentes de cada una de sus Salas (Civil, Penal, Contencioso-Administrativa, Social y Militar) más otros cinco magistrados elegidos por sus compañeros.
En todo caso, la visita se producirá apenas unos días después de que, el pasado 31 de enero, este órgano gubernativo del alto tribunal moviera ficha para evitar el colapso previsto ante la imposibilidad de cubrir vacantes de cara al alud de recursos que se esperan en las próximas fechas por las medidas frente al la Covid. Estas reclamaciones fueron presentadas por ciudadanos y profesionales que dicen haber sufrido daños indemnizables por el cauce de la responsabilidad patrimonial del Estado, y cuyas peticiones han sido rechazadas por el Consejo de Ministros, por lo que cabe recurso ante el Supremo.
Frente a esta previsión, la precaria situación de la Sala competente, que es la de lo Contencioso Administrativo. A partir del próximo mes de abril, con las jubilaciones de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, contará con solo 25 magistrados (normalmente son unos 30), lo que supone el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe tener al menor cinco magistrados.
Por ello, la Sala de Gobierno acordó pedir formalmente al Ministerio de Justicia que le dote una nueva Secretaría, con un letrado de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, así como la dotación de al menos tres plazas de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del tribunal para ser provistas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. También pretenden que el Gobierno impulse una reforma legislativa del recurso de casación contencioso-administrativo para dar una respuesta más rápida y eficaz a esa "litigiosidad masiva", y de todo ello se podrá hablar en la reunión del día 22.
Reforma para el TC
Otras fuentes consultadas por El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, no descartan que el encuentro sirva para que el Gobierno pueda tantear la postura del CGPJ respecto de otra reforma legislativa dirigida a asegurarse el próximo junio una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. Se trataría de facilitar, mediante una modificación en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que el Gobierno pueda designar a los dos candidatos que le corresponden con independencia de que el CGPJ este incapacitado o no para cumplir con los otros dos de su cuota debido a que sus vocales lo tienen vetado, al haber concluido su mandato.
El vocal del Consejo José María Macías, por su parte, duda de que Justicia tenga intención de responder a los requerimientos del Supremo. En su opinión, el Ministerio insiste en su política de perjudicar la marcha del Tribunal Supremo para esgrimirlo como baza de negociación con el PP para la lograr la renovación.
Explica este vocal que ello parecer desprenderse de la única decisión adoptada por el momento por el departamento de LLop, al prorrogar por un año más la dotación extraordinaria de 12 letrados -uno de ellos coordinador- en comisión de servicio con relevación de funciones para las áreas civiles, penal, contencioso-administrativa y social del Gabinete Técnico al alto tribunal hasta diciembre de 2021. "Se anunció con mucho bombo, pero en realidad oculta que no acceden a la ampliación de la plantilla que solicitó el Supremo para intentar paliar la falta de nombramientos de magistrados", afirma a este diario.
La pelota, en el tejado del PP
Por su parte, y al ser preguntada este miércoles coincidiendo con su visita al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Llop ha cargado una vez más contra el PP al que acusa de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ha incidido en que los de Pablo Casado son quienes "tienen la llave" para que el órgano de gobierno de los jueces se renueve después de más de 1.100 días en funciones, informa Europa Press. Por ello, ha pedido a los 'populares' que vayan "a favor del Estado, a favor de los ciudadanos y a favor de la Constitución" y cumplan con la legalidad renovando ese órgano constitucional.
Cabe recordar que mientras estén en funciones, los vocales del consejo no pueden realizar nombramientos discrecionales en la cúpula de la judicatura, algo que afecta por ejemplo a las Salas del Supremo que ven como no se renuevan vacantes. "El impacto -del bloqueo- es tan negativo que afecta a más de mil casos anuales", ha apuntado Llop.
