España se encamina a dejar de ser una excepción en el entorno europeo en su forma de encarar los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Católica. Si la proposición no de ley registrada este lunes por el PSOE en el Congreso sale adelante, y todo indica que será aprobada, una comisión independiente, liderada por el Defensor del Pueblo y formada por expertos, miembros de la Administración, víctimas y en principio el propio clero, será la encargada de esclarecer estos hechos. Pero su informe no se elaborará de forma veloz, debido a la complejidad que entraña el asunto. 

El Gobierno evita ponerse plazos. El precedente más cercano es el de Francia, donde un organismo independiente concluyó el pasado octubre que desde 1950 unos 216.000 menores habían sido abusados por cerca de 3.000 religiosos. La comisión estuvo trabajando dos años y medio antes de emitir sus conclusiones. 

La Iglesia católica española, que hasta ahora no ha encarado estos delitos, no aclara al Ejecutivo si participará en el organismo

“No son plazos cortos, por la experiencia internacional. Estamos hablando de años. No es una investigación fácil. Es complicada, con mucha documentación. Lo importante es hacerlo con rigor. Lo más importante es que las víctimas se sientan amparadas”, ha señalado este lunes en la Ser el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Es decir, la investigación quizá no esté concluida cuando se celebren las próximas elecciones generalesque se prevén para finales de 2023 o principios de 2024. Si hay cambio en el Gobierno, su trabajo podría entrar en riesgo.  

El PP no ha dicho si apoyará la propuesta socialista, que se votará en las próximas semanas. Los conservadores se opusieron la semana pasada a la creación de una comisión parlamentaria sobre los abusos, que reclamaban Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. Los socialistas apoyaron la admisión a trámite de esta iniciativa, pero poco después señalaron que no la consideraban la vía más adecuada, debido a que podría convertirse, al estar representada solo por los representantes políticos, en “un circo”.

El esquema de Pedro Sánchez es el de un organismo liderado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien fue fraile en su juventud. En el pasado, la institución llevó a cabo informes sobre las víctimas de la violencia de género (1998) o las de ETA (2016). “Este modelo protege más la privacidad de las víctimas. Garantiza que son escuchadas en un entorno amable y de confidencialidad”, ha defendido Bolaños. 

De momento, el PNV da muestras de que apoyará la iniciativa del PSOE. "A priori no la vemos mal. Se parece mucho a la que propusimos nosotros en primer lugar, pero tenemos que analizarla con más detenimiento", señalan a este diario fuentes de los nacionalistas vascos, que este mismo lunes han registrado una proposición similar a la de los socialistas, con la diferencia de que no citan al Defensor del Pueblo y defienden que la investigación concluya en un año. Podemos está a favor. “Nos parece bien”, ha dicho su portavoz parlamentario, Jaume AsensBildu también da el visto bueno. "Todas las iniciativas son bienvenidas y compatibles", consideran los aberzales. En ERC, mientras tanto, piden tiempo para valorar la iniciativa. “La estudiaremos. Nuestro planteamiento es de una comisión de investigación parlamentaria”, explican fuentes republicanas. Y Ciudadanos, por último, ya dejó claro la semana pasada que estaba a favor de una comisión independiente. La iniciativa no tendrá problemas en salir adelante.

La actitud de los obispos

Pero sigue sin estar claro el rol que jugará aquí la Iglesia Católica. A pesar de que el Papa Francisco ha pedido encarar con más firmeza que sus antecesores el fenómeno de los abusos, los obispos españoles no han dado hasta ahora ningún paso decidido en este terreno. Bolaños pidió recientemente al presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), Juan José Omella, que se implicara en la comisión. “Su respuesta fue que tendrán que pensarlo”, ha explicado el ministro. 

Aquí reside la gran diferencia con el caso francés. Mientras en el país vecino fue la Iglesia quien impulsó la comisión de investigación, en España los obispos se sitúan a la defensiva. 

Durante la presentación de la proposición no de ley que pide la creación del organismo para esclarecer los abusos, la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien durante sus años en el Gobierno de Sánchez se encargó de las relaciones con el Vaticano, ha dedicado varias críticas a la CEE. “La Iglesia Católica tiene que hacer también su trabajo”, ha señalado. “Nos hubiera gustado mucho que la Iglesia hubiera salido al paso de este asunto”, ha añadido. 

Según Calvo, la comisión estará formada por juristas, psiquiatras, psicólogos, pediatras, sociólogos, representantes de las víctimas y la propia Iglesia, la institución responsable de estos delitos. Siempre que los obispos quieran participar. Como primera reacción, el arzobispo de Toledo, Cerro Chaves, ha señalado este lunes que la Iglesia "tiene que buscar la verdad", pero que los abusos a menores "se dan en toda la sociedad".