Por caminos distintos y posiblemente con objetivos finales diferentes, la presidenta popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su homólogo socialista valenciano, Ximo Puig, y el 'president' independentista Pere Aragonès coinciden en una cosa: su rechazo absoluto a la propuesta que ha hecho llegar el Gobierno para abrir el baile de un nuevo modelo de financiación autonómica para actualizar un sistema caducado desde hace ocho años. Ambos gobiernos se sienten especialmente perjudicados por los cálculos del Ejecutivo a la hora de distribuir los recursos. Son números basados en cambiar el cálculo de la población "ajustada" de cada autonomía.
La 'población ajustada' es clave porque determina el reparto del 75% de los recursos de la financiación autonómica entre las diferentes comunidades. A partir del dato inicial de población real, el sistema calcula las necesidades de gasto de cada comunidad en función de variables geográficas y demográficas, como la superficie del territorio, la dispersión de la población, la insularidad o los tramos de edad de la población.
El principio de ordinalidad
Según la Comunidad de Madrid, en el actual modelo de financiación autonómica la diferencia entre la población real y la ajustada supera el 3%, “lo que supone una pérdida de financiación de más de 200.000 habitantes”, según fuentes del Gobierno regional. Con la propuesta de Hacienda, la diferencia se elevaría hasta el entorno de los 250.000 habitantes, y eso, según los cálculos de la Comunidad, podría suponer una pérdida final del 4% en el reparto de la financiación autonómica, a falta de conocer posibles cambios en el resto de piezas que integran el sistema, más allá del criterio de población ajustada. Cataluña también considera que el criterio que debería prevalecer es el de la población real.
Ayuso reclama el principio de ordinalidad, reivindicado por diversos gobiernos de la Generalitat
Además, el Gobierno de Madrid critica que la propuesta que Hacienda ha puesto sobre la mesa es “escasa y parcial”, pues deja para más adelante las reformas que podrían afectar a los fondos de convergencia que sirven para nivelar el reparto de recursos. Entre otras cuestiones, Madrid reclama que se respete el llamado ‘principio de ordinalidad’. Madrid es la comunidad con mayor capacidad fiscal por habitante, pero cuando se aplica el actual sistema de financiación la comunidad baja al puesto número 9 en recursos por habitante ajustado. Según el principio de ordinalidad, que también han reclamado gobiernos catalanes de distinto color político, la solidaridad con el resto de las comunidades debería tener como límite que ninguna autonomía bajara escalones en ingresos del sistema por habitante ajustado.
Hacia la "soberanía fiscal plena"
Por su parte, el Govern ha remitido al Ministerio de Hacienda un documento durísimo en el que cuestiona en su totalidad los criterios propuestos por el Gobierno. El 'conseller' de Economia, Jaume Giró, no puede ser más contundente en el documento remitido al Gobierno al concluir -en un sentido similar al del Gobierno madrileño- que lo que plantea el ministerio de Maria Jesús Montero no es "ni una propuesta de reforma del sistema de financiación". Tal como avanzó el propio Giró en una entrevista a EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, la 'conselleria' rechaza el concepto de población ajustada planteado por Hacienda y "aspira y trabaja para conseguir una soberanía fiscal plena". Giró advierte, como Ayuso, de que iniciar la revisión del modelo de financiación con una propuesta sobre la población ajustada viene a indicar que el modelo global que se va a proponer "no va a mejorar la autonomía financiera de las comunidades autónomas".
Giró acusa a Hacienda de ir contra el federalismo y reclama la plena soberanía fiscal
En el documento, el 'conseller' afea a Montero que esté mostrando unas intenciones contrarias a la de una mayor autonomía fiscal y a una visión federal del Estado: "Se vislumbra un modelo en el que van a prevalecer las necesidades de gasto en lugar de considerar como primordial la capacidad tributaria que dispone cada comunidad autónoma. Un modelo de financiación basado en necesidades nos aleja de los modelos de financiación de los países federales más desarrollados".
Valencia también rechaza el criterio de despoblación
Madrid y Cataluña también rechazan el criterio de despoblación. Giró pide que se apliquen políticas correctivas al margen del modelo y la comunidad que preside Ayuso apela al factor de concentración de la población, que conlleva gastos en movilidad. Los expertos valencianos ya han concluido que la despoblación no debería aparecer en el cálculo y que la dispersión no genera más gasto sino menos y que en cambio la insularidad sí debe ser tenida muy en cuenta porque encarece los servicios.
Si Cataluña considera que el modelo de Hacienda le perjudica porque su población real es más que la ajustada, eso también ocurre con la población valenciana, en torno a cinco millones, pero cuenta por menos. El gobierno del socialista Ximo Puig ha manifestado su rechazo mediante un comité de expertos, avalados por partidos, patronal y sindicatos integrados en la plataforma 'Per un finançament just', con el apoyo del presidente del PP valenciano Carlos Mazón, informa Carlos Alós.
Al menos otras tres comunidades autónomas gobernadas por el PSOE --Baleares, Castilla-La Mancha y Asturias--, y otra del PP --Galicia-- han mantenido sus críticas a la propuesta del Ministerio de Hacienda en sus alegaciones que han remitido al Gobierno central este lunes, que era cuando finalizaba el plazo.
