Cumplidos dos años de legislatura, trufados del acontecimiento histórico que ha sido la pandemia de coronavirus y hechos inesperados como el estallido del volcán de La Palma, la retirada de Afganistán o ahora la tensión con Rusia por Ucrania, el Gobierno logra por fin tener una planificación sobre el calendario de los próximos meses. Hasta ahora los esfuerzos contra las sucesivas olas de contagios se han combinado con el fuelle a una mayor producción legislativa, que aúna la recuperación económica con una agenda social, pero los primeros síntomas del control definitivo de la crisis sanitaria han permitido a la Moncloa organizar mínimamente sus siguientes movimientos políticos. Siempre con todas las cautelas.
Según precisan fuentes del entorno de Pedro Sánchez a este diario, de aquí al verano el Ejecutivo convocará la mesa de diálogo con la Generalitat y se celebrará en el Congreso el debate sobre el estado de la nación. Dos compromisos pendientes que, según fuentes gubernamentales, se encajarán en la agenda en función de las citas electorales de este primer semestre del año: las elecciones de Castilla y León del próximo 13 de febrero y el anticipo de los comicios en Andalucía, previsiblemente para principios de junio.
Hasta ese final de semestre, la preocupación inmediata del Gobierno es aprobar este próximo jueves, 3 de febrero, la reforma laboral. En este punto se concentran ahora todos los esfuerzos. La previsión es convalidar el decreto por un puñado de votos (incluso por uno solo), pero preservando sin cambios el acuerdo con patronal y sindicatos. La duda es si el bipartito logrará convencer a ERC y PNV, aunque se antoja muy difícil por ahora. El Consejo de Ministros aprobará también el martes la ley de vivienda, a pesar de las duras objeciones del Consejo General del Poder Judicial, también sin ninguna modificación, tal y como estaba pactado con Unidas Podemos.
La previsión es convalidar el decreto de reforma laboral por un puñado de votos, pero preservando sin cambios el acuerdo con patronal y sindicatos
Superado el "importantísimo" trámite de la reforma laboral, prometida a Bruselas, todo el foco será para las elecciones en Castilla y León. El objetivo del PSOE, según ratifican en Ferraz y en la federación regional, es lograr que no se produzca la suma de PP y Vox. Aunque la predicción del CIS ha apuntado a que podrían no alcanzarles para gobernar, las encuestas de la Moncloa lo certifican. Por ello la campaña se volcará en evitarlo, con el partido unido en torno al candidato, Luis Tudanca, y dedicado a lograr parte del voto de Ciudadanos.
Optimismo sobre una posible participación de Aragonès
Pasado el 13-F, el Gobierno convocará la Conferencia de Presidentes en la isla canaria de La Palma, a la que por primera vez se cree que podría asistir el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès. La idea es que sea en las semanas siguientes, pero podría modificarse si Castilla y León no arroja una mayoría clara y se eterniza la investidura.
El plan del Ejecutivo es poner fecha a la mesa de diálogo tras las elecciones y la Conferencia de Presidentes. Aquí, según fuentes próximas a Sánchez, se abre la posibilidad de que sea tanto antes como después de Semana Santa (este año, a mediados de abril). Y la misma previsión existe con el debate sobre el estado de la nación. En todo caso, ambas convocatorias están planificadas para la primavera.
La mesa de diálogo y el debate de la nación se celebrarían antes o después de la Semana Santa, según los cálculos de la Moncloa, siempre con todas las cautelas
En el caso de que finalmente ERC no votara la reforma laboral, que es lo más probable a día de hoy, la mesa de diálogo serviría para reconducir la relación con un socio clave para la gobernabilidad. Aunque lo cierto es que en el Gobierno y en Ferraz no parecen exhibir ningún temor a un deterioro de la interlocución con los republicanos. Al contrario, ven con mucho optimismo una posible participación de Aragonès en la cita de La Palma, porque Catalunya, subrayan, se ha ido incorporando progresivamente a los foros institucionales e incluso una representante del Govern, la 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà, participó en noviembre en la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes.
Desde finales de 2021, el 'president' venía urgiendo a Sánchez a que convocara el foro entre gobiernos, pero Sánchez replicó que no era su prioridad, porque las instituciones habían de poner el foco en lo "urgente", en la superación de la pandemia, en plena sexta ola, y en la recuperación económica. Por "sentido común", alegó. Sí prometió que habría cita. Es más, "a lo largo de este año", habrá "más de una reunión", según comprometió el presidente. ERC bajó el pistón y admitió el retraso —forzado también por los comicios en Castilla y León— y consideró más importante alcanzar acuerdos sobre contenidos que la fecha.
Camino complicado para espadas
De manera paralela a la mesa de diálogo, concebida para encontrar una salida política al conflicto catalán, se celebrará también un encuentro de la comisión bilateral Generalitat-Estado, donde se abordarán los asuntos puramente "estatutarios", como los etiqueta el Govern, desde infraestructuras a becas. Para ERC, es fundamental sostener su diálogo con el Gobierno en diversos flancos. Es su apuesta estratégica, duramente combatida y cuestionada por Junts.
En el Gobierno y en el PSOE no hay temor a una ruptura con ERC aunque finalmente votara en contra de la reforma laboral
El fin de este ciclo de seis meses se producirá con el adelanto de las elecciones andaluzas, que podrían ser a principios de junio, según el cálculo de la Moncloa. La opción de que Juanma Moreno convocara rápidamente, tras el 13-F, para subirse a la ola de un buen resultado de Alfonso Fernández Mañueco, ha ido perdiendo fuerza porque no sería posible sacar las urnas antes de Semana Santa, por una cuestión de plazos legales, ya que entre la convocatoria y las urnas han de pasar 54 días. La opción más probable, pues, es la primera quincena de junio, antes de que los niños acaben el colegio y algunas familias se desplacen ya a su lugar de veraneo.
En la Moncloa hay preocupación por el resultado de las andaluzas, a pesar del recambio de Juan Espadas por Susana Díaz. Poco conocido, sin el apoyo real del sector crítico (los susanistas), el exalcalde de Sevilla se enfrenta a un presidente del PP que se ha consolidado en muy poco tiempo con un talante moderado. Pese a esa inquietud, su análisis es que Andalucía no tiene por qué votar lo mismo en generales que en autonómicas ya que, a diferencia de Juanma Moreno, Pablo Casado no se ha consolidado. Sánchez y la cúpula de Ferraz se están volcando para impulsar a Espadas. Andalucía es piedra angular para apuntalar la reválida del presidente en la Moncloa.
No causan gran inquietud en la Moncloa, por ahora, los constantes roces con Unidas Podemos, que irán a más al acelerarse el ciclo, y aseguran estar al tanto de los pasos de Díaz
En toda esta planificación, la parte socialista del Ejecutivo también ve mucho más pacificada su relación con Unidas Podemos, a pesar de que en estos últimos meses también se han producido polémicas muy sonadas como las macrogranjas o el 'No a la guerra', que no han acabado de apagarse. El comienzo del ciclo electoral que se inicia con Castilla y León y que culminará con las generales de diciembre de 2023 o enero de 2024 provoca una constante tensión con los socios.
Pero esto no causa gran inquietud en la Moncloa, donde dicen estar absolutamente al tanto de todos los pasos que da la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Incluso aseguran entender la campaña de los morados en contra de posibles cambios en la ley de vivienda, que no se van a producir, porque Ione Belarra, además de ser ministra de Derechos Sociales, es la líder de Podemos y eso le obliga a mantener un discurso combativo dirigido a sus votantes o las organizaciones sociales de su órbita.
