La negociación de la reforma laboral entra en su fase decisiva. En la última semana antes del debate de convalidación en el pleno del Congreso. Los socios habituales del Gobierno siguen muy lejos de dar su sí, mientras gana peso, para los socialistas, el plan b: esto es, sacarla adelante con el apoyo de Ciudadanos y una miríada de pequeños partidos y, como mínimo, la abstención de Unión del Pueblo Navarro. Pedro Sánchez está dispuesto a un refrendo por los pelos del real decreto ley el próximo 3 de febrero si con ello consigue que no se toque nada del texto. Es más, el socio mayoritario de la coalición lanza un aviso diáfano a Yolanda Díaz: no caben cambios en el marco laboral que no estén avalados por patronal y sindicatos. Es decir, que el margen de maniobra de la vicepresidenta segunda es mínimo. Para el entorno de la dirigente morada, imponer esa condición es tanto como aceptar el "derecho de veto" de los empresarios.
Las cartas van poniéndose sobre la mesa después de una larga partida de más de un mes. Tanto el PSOE como Unidas Podemos se muestran "optimistas", convencidos de que la reforma será convalidada. Pero las cuentas que hace cada socio son distintas. "Las negociaciones van bien, creemos que llegaremos a un acuerdo con los socios de investidura", apuntaba este martes el presidente de los morados en la Cámara baja, Jaume Asens.
Los interpelados eran ERC y PNV, porque el umbral de exigencias que pone Bildu hace que las dos partes del Ejecutivo den por descartado que pueda apearse del rechazo al texto. Díaz intenta convencerles ofreciendo retoques en la legislación laboral no contenidos en la reforma pactada con patronal y sindicatos y que se tramitaran más adelante. Es decir, les pide que apoyen la convalidación del decreto ley en sus términos, sin admitir enmiendas en él, y a cambio se compromete a más avances en materia laboral que se articulen por otras vías. O sea, cambios por fuera del perímetro de la reforma.
Sin embargo, los socialistas descartan totalmente esa alternativa. Tanto en la dirección del grupo como en el ala mayoritaria del Ejecutivo dan la misma razón: "Cualquier cambio en el ámbito laboral requiere del acuerdo del diálogo social". La dirección de Sánchez teme que los empresarios, que avalaron el texto con tirones internos, se descuelguen con la excusa de que se ha desvirtuado lo pactado, y creen que "no tragaría" con una batería de medidas a futuro. Subrayan que el decreto está cerrado y comunicado a Bruselas, y no hay por tanto margen de negociación para introducir cambios, ni ahora ni en el futuro.
No es "un punto final"
Distinto es, señalan, que en un tiempo haya que adoptar medidas en el mercado laboral, de manera más puntual, como sucedió con la ley riders o con la ley de Formación Profesional. Bajo ese prisma hay que encuadrar, advierten, las palabras del portavoz socialista, Héctor Gómez, de este martes, cuando aseguró que la votación del 3 de febrero no es "un punto final" en el marco de relaciones laborales. "Yolanda debe tener en cuenta que aquí hay 120 diputados, y por tanto ha de saber que cualquier cambio debemos autorizarlo nosotros", señalaban fuentes del grupo, que reprochaban a la vicepresidenta segunda no haber amarrado antes los votos.
Y es que ERC y PNV siguen aferrados al no. Los independentistas catalanes no ven "avances": insisten, en conversación con este periódico, en que no pueden avalar el decreto "tal como está", porque es mero "maquillaje", y no les basta con modificaciones a posteriori. El presidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar, por su parte, reiteraba este martes en Onda Cero su negativa: considera "indispensable" para el apoyo de su formación que se garantice la prelación de los convenios autonómicos, es una cuestión de "principios" y nadie puede pedirle que renuncien a ellos, alegó.
Ortuzar reclamó al Ejecutivo "un poco de imaginación y flexibilidad" para asumir su demanda, y advirtió de que la credibilidad de la reforma quedará "tocada" si sale adelante con Cs y UPN. En las negociaciones con los socialistas se ha apuntado la posibilidad de aceptar esa prioridad de la negociación autonómica, según aseguran fuentes del grupo vasco.
Si el Gobierno atendiera la petición del PNV, que es compartida por ERC y Bildu, sería el partido de Inés Arrimadas el que podría abandonar el grupo de votos favorables, y sus nueve votos son ahora mismo claves. La líder de los naranjas reafirmaba este lunes su apoyo al decreto si no hay modificaciones, y lo hacía en un encuentro con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; con Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE y ministra de Empleo con Mariano Rajoy, y con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor. Cs sí ha conversado con Héctor Gómez, pero está aún a la espera de charlar con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
La presión de los sindicatos nacionalistas
Los socialistas ven cada día más difícil que se puedan sumar ERC y PNV. Gómez almorzó con Ortuzar y su portavoz en Madrid, Aitor Esteban, el pasado jueves en Bilbao, y volvió a hablar con la cúpula 'jeltzale' este lunes. Recabó la misma impresión, según fuentes de su entorno: los nacionalistas no se mueven, por la enorme "presión" que reciben de los sindicatos ELA y LAB, que tienen mucha fuerza en Euskadi, a diferencia de lo que ocurre en Catalunya, donde sí son dominantes CCOO y UGT, razón por la que en un primer momento en el Gobierno entendían que su empuje podría movilizar a ERC. Pero por ahora no ha sido así.
Esa es la razón por la que en el PSOE ven cada día como más plausible el plan b: conseguir la convalidación con su voto (120 escaños), Unidas Podemos (34), Cs (9), PDECat (4), Más País (2), Compromís (1), Teruel Existe (1), PRC (1), Coalición Canaria (1) y Nueva Canarias (1). En total, 174 síes, y habría que añadir, continúan, la abstención de los dos diputados de UPN. Enfrente, el muro de teóricos 173 noes: PP-Foro (89), Vox (52), Junts (4), CUP (2), BNG (1), un exparlamentario de Cs, más ERC (13), Bildu (5) y PNV (6). "No hay elección", reiteran en la cúpula socialista. Sus socios morados, sin embargo, rechazan que exista y sea posible ese plan b.
En público, y para no incrementar más la tensión con Unidas Podemos, los socialistas evitan pronunciarse explícitamente sobre Cs y apuntan a que esta es una materia "de país", y por eso el llamamiento es "a todos". "Nos abrimos a otras fuerzas políticas que tengan sentido de Estado, sentido de responsabilidad y que quieran lo mejor para el país, como es esta reforma laboral", dijo Bolaños en una entrevista en TVE. Sin embargo, para UP, repitió Asens, meter a los naranjas en la ecuación es una "trampa" porque "torpedearía" el bloque de la investidura.
Puertas para fuera, el Gobierno recalca que "no contempla otro escenario que el de la convalidación de la reforma laboral". Lo afirmó tras el Consejo de Ministros la portavoz, Isabel Rodríguez, quien volvió a reclamar el apoyo "al acuerdo en su integridad". "El acuerdo está vigente, la norma está vigente, el trámite es el de la convalidación", remachó, recordando a los grupos que los cambios incluidos en el decreto permiten que los trabajadores de las subcontratas puedan cobrar ahora 12.000 euros más al año o dar estabilidad al 30% de los contratos temporales que duran menos de siete días.
¿Salen las cuentas?
Los socialistas no quieren llegar a la votación del día 3 con la lengua fuera. Su pretensión es no agotar el tiempo de negociación y afianzar los votos antes, en la medida de lo posible. Para los morados, aún hay tiempo. En el equipo de Díaz remarcan que no admitir cambios, tampoco a posteriori, es conceder a la patronal "un derecho de veto que no tiene". "Entonces, ¿cualquier cambio en autónomos o pensiones tiene que ser con acuerdo de los empresarios también? Porque en pensiones ellos se salieron", argumentan. Los morados también alertan de que las cuentas con los de Arrimadas no salen, porque su apoyo puede provocar la estampida de pequeñas formaciones, como Más País o Compromís.
El bipartito se acerca a un momento nuclear. Porque si la reforma laboral sale adelante gracias a los votos de Cs, la tensión entre los socios subirá. Mucho. Esta no es una ley cualquiera. Es el proyecto estrella de la vicepresidenta, con el que quería cimentar su hipotética carrera hacia las generales. De ahí que el rótulo de "reforma Díaz" del que habla su equipo —como su secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey— también molesta, por ejemplo, a los republicanos.
Además, en el círculo de la vicepresidenta alertan de que sería "un peligro" que el texto prosperase por la derecha, porque debilitaría al bloque de investidura, y aún hay muchas leyes sociales por tramitar en la recta final de la legislatura que nunca podrían respaldar los de Arrimadas y que necesitarían el concurso de la izquierda. Los socialistas responden que no tiene por qué afectar esta votación a la dinámica del resto del mandato, y que en cualquier caso la reforma laboral "no puede decaer". El precio, si finalmente no logra atraer el Ejecutivo a ERC y PNV, será una votación de altísimo riesgo, con números ajustadísimos, y cualquier error podría ser fatal.
