La ministra de Justicia, Pilar Llop (Madrid, 1973), recibió el lunes a EL PERIÓDICO, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, en la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña. Por la mañana se había reunido con la 'consellera' de Justícia de la Generalitat, con la que habían discrepado amablemente, como suele pasar en esta nueva etapa de deshielo entre gobiernos, sobre el aumento de las horas de castellano en los colegios.
¿Qué postura tomará la Abogacía del Estado en la ejecución de la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano en las escuelas catalanas?
Estamos en un estado de derecho y las sentencias se tienen que cumplir. Es necesario aceptar la legislación vigente y el marco constitucional. No puedo aventurar qué es lo que va a ocurrir, porque quedan dos meses para que la Generalitat pueda presentar alegaciones. Las lenguas no pueden ser utilizadas como una herramienta para enfrentar, sino que son un elemento de cohesión, de expresión y de cultura. La Abogacía del Estado es autónoma para emprender todas las acciones necesarias en defensa de los intereses del Estado y el Estado somos todas las Administraciones.
¿Cree que si la Abogacía del Estado pidiera la ejecución se rompería el diálogo entre el Gobierno catalán y el español?
El Gobierno español apuesta siempre por el diálogo, por tender puentes y por emprender esa agenda de reencuentro con Cataluña. Nosotros no ponemos piedras en el camino, sino que utilizamos las piedras para construir esos puentes.
El Tribunal Supremo no ha entrado a analizar a fondo el asunto de los indultos a los dirigentes independentistas condenados por el ‘procés’ porque Vox y el PP no tienen legitimación para recurrir. ¿Qué opina sobre esta decisión y la eficacia de los indultos?
Cuando acababa de llegar al Ministerio dije que pensaba que era improbable que el Supremo pudiera resolver sobre esta cuestión porque había una falta de legitimación activa. Yo valoro los indultos como algo positivo, han tenido un efecto positivo en la convivencia en Cataluña. La memoria de la Fiscalía General del Estado de 2020 señala que se reducen sensiblemente los delitos de odio relacionados con el independentismo cuando se están tramitando los indultos y antes de la decisión del Consejo de Ministros. Se destensó esa situación. Y ahora, en Cataluña, estoy viviendo que es un tema que está ya superado.
¿El Gobierno cree que los indultos pueden modificar el equilibrio de fuerzas en Cataluña?
El Gobierno ha optado por conceder los indultos en esta agenda de reencuentro y de diálogo. El tiempo nos ha dado la razón y han rebajado la tensión en Cataluña. Insisto: han tenido un efecto positivo en la sociedad catalana.
Dice que están trabajando en el Ministerio en la reforma del delito de sedición. ¿Se reformará en esta legislatura?
No está en el plan anual normativo, porque la aritmética parlamentaria no nos da una mayoría suficiente para abordar una reforma de ese calado. Pero sí que es cierto que el delito de sedición conlleva unas penas que quizás no se adecúan a cómo se regulan figuras penales similares en otros países de nuestro entorno.
¿Qué va a pasar con el Consejo General del Poder Judicial? ¿Qué debería hacerse frente al bloqueo?
Cumplir con la ley. La Constitución dice que cada cinco años se renovará el CGPJ. Ya han pasado. Qué curioso que cada vez que ha gobernado el PSOE y el PP ha estado en la oposición se ha bloqueado el nombramiento del CGPJ.
¿No cree que el bloqueo aumenta la desafección, independientemente de quién sea el culpable?
No creo que podamos desligar la cuestión de quién está bloqueando el CGPJ. Es que siempre lo han bloqueado los mismos, el PP, porque no le interesa ahora renovarlo. Es la única explicación que se puede dar en este momento, porque el CGPJ obedece a unas mayorías de cuando el PP estaba en el Gobierno.
Es una semana decisiva para el decreto de la reforma laboral. ¿Se plantea el Gobierno modificar el texto para atraer a partidos como ERC y PNV aunque eso descuelgue a la CEOE?
No se trata de una reforma del Gobierno, sino que es pactada y consensuada, es sobre todo de los agentes sociales, de los trabajadores y de los sindicatos, y también de la patronal, de las empresas. Lo que tenemos que hacer es respetar los acuerdos a los que se ha llegado, y esa es la idea que tiene el Gobierno.
¿Cree que la reforma laboral y otros asuntos de conflicto en el seno del Gobierno, como la crisis entre Rusia y Ucrania, pueden provocar que el Ejecutivo no pueda terminar la legislatura?
Este Gobierno estará gobernando los dos años que quedan de legislatura, y después el PSOE seguirá gobernando, estoy convencida. No hay conflicto en el consejo de ministros. Es el presidente del Gobierno quien tiene el liderazgo claro en las decisiones políticas, sobre todo las de más alto nivel. En la cuestión de Ucrania, la respuesta que se va a dar es el diálogo, la desescalada y la distensión del conflicto.
¿Cree que el rey emérito debería volver a España si se archiva la causa contra él?
Quiero mostrar un absoluto respeto por las investigaciones que se están llevando a cabo en relación a la figura del rey emérito. El Gobierno no puede interferir de ninguna de las maneras en esas investigaciones. En relación al posible regreso a España, es una decisión que deben tomar el propio rey emérito y la Casa Real. Nosotros no ostentamos la jefatura del Estado y no tenemos nada que decir en eso. Creo que los comportamientos del rey emérito no pueden empañar la labor eficaz, moderna y comprometida de nuestro rey actual, Felipe VI.
