Cuenta Adriana Lastra que una de las etapas más duras que afrontó como portavoz del grupo socialista en el Congreso fue la negociación de las prórrogas del primer estado de alarma, hasta seis. Desde la primera, el 25 de marzo de 2020, hasta la última, el 3 de junio, el Gobierno tuvo que enfrentarse a una situación muy parecida a la que va dibujando la convalidación del decreto de la reforma laboral. Entonces, ERC y EH Bildu se descolgaron. También entonces, el PP se terminó borrando de los apoyos. Una veintena de diputados cobraron un protagonismo inusual y una veintena de diputados van a volver a cobrarlo ahora. La aritmética parlamentaria puede hacerse endiablada.

Bien saben el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas; la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; y el actual portavoz socialista, Héctor Gómez, el cuarteto encargado de salvaguardar la agenda legislativa del Gobierno, que no es lo mismo que el presidente diga "hay que sacar esta ley" que "hay que sacar esta ley sin cambiar una sola coma". Lo primero consagra el bloque político mayoritario, el bloque de izquierdas, el que le dio a Pedro Sánchez la posibilidad de seguir gobernando, un 7 de enero de hace dos años. Lo segundo es, como diría Mariano Rajoy, "un lío".

Un repaso a las votaciones de los decretos leyes y de los proyectos legislativos del anterior periodo de sesiones en el Congreso, desde septiembre a diciembre de 2021, revela la tónica que con más o menos claridad (pandemia mediante) se ha ido aposentando en la Cámara: las leyes que son señas de identidad del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos se hacen realidad gracias a los aliados preferentes del mismo sello ideológico. Ahí están ERC, PNV y EH Bildu. En menor medida, Más País y Compromís. Por ejemplo, los presupuestos, tanto los de 2020 como los del año pasado, cuajaron gracias a este bloque, que si funciona compacto, aporta casi 190 votos. La sostenibilidad de las pensiones o la reforma del ingreso mínimo vital se sustentaron en este amplísimo sector parlamentario.

Pero no siempre las leyes estrella del Gobierno entran en vigor o avanzan por las Cortes gracias al impulso de ERC, que durante las últimas semanas del año dio muestras de que había cosas de la agenda de Sánchez que no le gustaban. La ley de Formación Profesional no contó con sus votos, ni tampoco la nueva ley de residuos, que es ambiciosa. Ambas, sin embargo, sí las respaldó el partido que con nueve diputados (tenía diez, pero Pablo Cambronero, molesto por el rumbo de Inés Arrimadas, decidió enrolarse en el Grupo Mixto) vuelve ahora a erigirse en esencial. Las encuestas no le acompañan y entre sus miembros crece el tremor de la desaparición cada vez que un medio publica un sondeo de demoscopia electoral. A la espera de la confirmación de su defunción o de su resurrección, el grupo parlamentario jugará sus cartas con la reforma laboral. No será la primera vez.

La salvación del estado de alarma

A Íñigo Errejón le gusta recordar que Sánchez fue investido por dos votos. Ese estrechísimo margen obedeció a una suma de factores y a la confluencia de las posiciones de ERC, EH Bildu, la propia Más País, Teruel Existe, PNV... Lo que revelan esos dos votos es que las sumas de síes y de noes en este Congreso, en esta décimo cuarta legislatura, pueden complicarse en exceso.

Al Gobierno, por ejemplo, le han derogado un decreto ley, el de la tesorería de los ayuntamientos, y ha podido salvar el de los interinos en la administración por un suspiro. Son dos ejemplos que revelan lo agotadoras que pueden ser determinadas negociaciones. Lastra terminó al borde de la resistencia aquéllas de las prórrogas del estado de alarma porque a la influencia ambiental (un Congreso a medio gas, muertes diarias, preocupación social) se añadió una realidad: que los números no daban y el Gobierno tenía que alargar el estado de alarma a toda costa.

Lo logró, efectivamente, pero miren con los votos de quiénes salvó la cuarta, quinta y sexta autorizaciones del Congreso: con Ciudadanos, PNV, Más País, Teruel Existe y PRC. Ni rastro de Esquerra ni de EH Bildu, grupos de los que el PSOE logró abstenciones esporádicas debido a acuerdos concretos y completamente ajenos a lo que estaba en liza. De hecho, con la formación abertzale el grupo socialista pactó una resolución para derogar completamente la reforma laboral. Este acuerdo, no tan lejano, es el que aleja a los vascos del acuerdo actual.

Antes de continuar, un breve repaso por las votaciones de las seis prórrogas. La primera autorización para alargar quince días el estado de alarma tuvo 321 votos a favor, incluidos PP y Vox, mientras que la segunda y la tercera, 9 y 22 de abril de 2020, respectivamente, contaron con 270 y 269 gracias a la implicación del grupo popular. A partir de aquí se torcieron las cosas. La cuarta autorización, el 6 de mayo, salió con 178 votos a favor porque a PSOE y Unidas Podemos (155) se unieron Cs (10 entonces), PNV (6), Más País-Compromìs (3), Teruel Existe, Nueva Canarias, PRC y CC.

La distancia entre el éxito y el fracaso se hizo tan angosta que los negociadores socialistas, encabezados por Lastra y Simancas, con la aportación clave de Bolaños, se vieron obligados a componendas diversas cada dos semanas. La quinta tuvo el respaldo de 177 diputados, igual que la sexta. Y siempre con los síes de Cs, PNV, Más País, Teruel Existe y PRC.

La salvación de la reforma laboral

Lo que voten estos mismos partidos, respecto del decreto de Yolanda Díaz, lo determinará la habilidad de los negociadores del Gobierno. Ciudadanos (ahora con nueve diputados, cabe recordar) ha dicho que la apoyará si no se toca nada, exactamente lo que quieren Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. El PNV (6) ha destacado que la respaldará si se tiene en cuenta la prevalencia de los convenios autonómicos. A Más País (2) y a Compromís (1) les gustaría que hubiera cambios en las medidas sobre despidos... Teruel Existe (1) y PRC (1) no han concretado decisión alguna, pero al menos no han dejado caer que les apetece rechazar el decreto antes que avalarlo. Nueva Canarias (1), es decir, Pedro Quevedo, no va a votar en contra, eso lo tiene claro el diputado canario, según han informado fuentes de esta formación a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio.

En estos partidos vive el plan B del Gobierno para salvar el decreto que deroga parte del modelo laboral del PP. O el plan A del PSOE. Entre los socios de la coalición esta diferencia no es baladí, como no lo fue cuando afrontaron la negociación de los presupuestos de 2021. Entonces hubo un sector afín a Sánchez que apostó por Cs, ya que eso le granjearía una proyección más centrada y centrista. Otro sector, el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, vaya, intentó forjar el bloque de izquierdas con ERC, EH Bildu... Ganó Iglesias.

La diferencia que enfrenta ahora a Sánchez y a Díaz es justo ésta, pero un año después, lo que es relevante porque la legislatura acaba de sobrepasar el ecuador, y en relación con la reforma laboral, uno de los hitos del programa de gobierno. Esto ha provocado que las maneras de contar la negociación y de esbozar los planes políticos al respecto sean también diversos. Por ahora, quien lleva la voz cantante del diálogo con los grupos es la ministra de Trabajo y por ahora sus portavoces, en público y en privado, incluso la propia ministra, proclaman y pregonan que el objetivo es convalidar el decreto con los aliados preferentes, es decir, con la izquierda. Sin embargo, en el PSOE, empezando por Bolaños, hablan de “ensanchar mayorías” ya sin disimulo, lo cual es un guiño ostentoso a la entrada en juego de Cs y hasta del PP.

Las semejanzas con aquellas lejanas negociaciones de las prórrogas del estado de alarma se van a ir haciendo notorias según pasen los días. Quedan menos de dos semanas para que el pleno del Congreso avale o derogue el decreto de la reforma laboral y ERC y EH Bildu, si no se han descolgado, poco les falta. En un grupo de altos dirigentes socialistas se les descarta. Por tanto, sus miradas se dirigirán a Inés Arrimadas y a Edmundo Bal. Y se repetirán escenas que los altos cargos de las dos partes, la socialista y la liberal, no vivían desde mayo de 2020, cuando el hoy ministro de Presidencia, entonces secretario general de la Presidencia, llamaba sin cesar al portavoz de los “naranjas” para que apoyaran las prórrogas, tal y como constatan fuentes que conocieron los contactos de primera mano.

Al PNV, a pesar de las discrepancias, no lo descartan ni socialistas ni morados. Los dirigentes nacionalistas tienen fama de hábiles negociadores porque saben manejar los tiempos con destreza. El presidente de la formación, Andoni Ortúzar, fue tajante hace pocos días y negó el apoyo, pero las fuentes consultadas saben que esto, en el caso del PNV, no significa que la decisión esté tomada, ni mucho menos. Dos semanas, en política, son un mundo. Con el grupo vasco en la partida, una eternidad.

Íñigo Errejón, en el pleno del Congreso. EFE

Con Más País los contactos del equipo de Yolanda Díaz no han cesado, y aunque hay cosas del decreto que desagradan a la formación de Íñigo Errejón, su oposición no es tan firme comparada con la de finales de año. Hace días el propio Errejón entró en los tanteos para que los grupos de izquierdas formaran un frente común contra el decreto del Gobierno, patronal y sindicatos. Este medio ha informado ya sobre su retirada de semejante plan.

Superar la suma de noes

Así que por esas cosas de la política, en el PSOE están preparados para cortejar a un partido con el que hablan a menudo, el PNV; a otro con el que no hablan tanto, Ciudadanos; y a un tercero con el que las conversaciones van y vienen según las leyes que haya que tratar, Más País-Compromìs. O sea: igual que en mayo y en junio de 2020. Si se les pregunta a las fuentes si habrá contrapartidas, responden que sin duda. ¿Cuáles? Eso no lo desvelan.

A los tres hay que sumar a los minoritarios Teruel Existe, PRC y Nueva Canarias, e incluso a Coalición Canaria, con cuya representante, Ana Oramas, no hay una magnífica relación, pero tampoco desastrosa. La diputada tinerfeña es, ante todo, pragmática, cosas de la veteranía parlamentaria. Un sector del PSOE no excluye a UPN.

Se va a sumar un actor inesperado, pero crucial cuando las matemáticas de los votos a favor y en contra se vuelven engorrosas: el PDeCAT. Sus cuatro diputados, según los casos, pueden ser oro, y su portavoz, Ferrán Bel, lo sabe. El decreto de la reforma laboral no entusiasma a la organización, pero son de sobra conocidos sus vínculos con la patronal catalana. Lo aprovechará el PSOE, lo usará Yolanda Díaz y de todo ello sacará partido el propio Bel.

En consecuencia, 26-28 diputados que proporcionan al Gobierno un colchón con el que salvar la reforma laboral sin tocar nada y, por tanto, sin riesgo de que la patronal se retire del acuerdo de la mesa de diálogo social, y por extensión, haga tambalearlo. Cerca de una treintena de diputados que, sumados a los 120 del PSOE y a los 34 de Unidas Podemos (sigue vacante el escaño que dejó Alberto Rodríguez), pueden ser la garantía, pues se trata de que haya más síes que noes. Y los noes, entre los seguros y los casi seguros, son 165 (PP, Vox, ERC, EH Bildu, JxCat, BNG y la CUP). Lograr una cifra más alta es factible, por tanto, y a eso jugará el PSOE por encima de coherencias ideológicas.