Mientras el Gobierno sigue sin amarrar apoyos suficientes entre sus socios habituales para aprobar en el Congreso la reforma laboral (el decreto deberá convalidarse en la primera semana de febrero) y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se esfuerza por cerrar la puerta a Ciudadanos como alternativa, el primer partido de la oposición mantiene intacta su posición de votar en contra a pesar del debate interno suscitado y que los principales dirigentes de la cúpula reconocen públicamente que el gobierno de coalición apenas toca un diez por ciento de la reforma del PP de 2012.
Pablo Casado tiene claro que no cambiará de opinión. Así lo trasladó justo antes de terminar el año a su comité ejecutivo (que integra a los principales cuadros territoriales). Y ahora la estrategia del partido pasa por apoyarse en la división dentro de la propia CEOE, aprovechando que algunos sectores no respaldaron el acuerdo. Fue el caso de los empresarios madrileños (CEIM), los catalanes (Foment del Treball), Anfac (automoción) y Asaja (agricultores), especialmente afectados estos últimos por el coto a la temporalidad. La cúpula popular lleva semanas defendiendo que no podían respaldar una contrarreforma de PSOE y Unidas Podemos, incluso aunque los aspectos modificados sean cosméticos.
Lo que Casado y los suyos proclaman es que eso sería tanto como renunciar a ser la alternativa y a defender la reforma de Fátima Báñez (hoy en la patronal) de la que se ha servido el Gobierno para afrontar la crisis derivada del coronavirus. Evitaban entrar a valorar, tras un año de relaciones complicadas con la organización que dirige Antonio Garamendi por distintos desencuentros (incluido el de los indultos), a la postura de la CEOE. Pero ahora el PP refuerza su no apoyándose en que la organización empresarial no consiguió unanimidad en su posición.
“Si la hubieran conseguido y el acuerdo fuera total, nos lo habrían puesto más difícil”, reconocen algunos dirigentes, que en privado no esconden el malestar con las posiciones que Garamendi ha mantenido en los últimos meses, y que tampoco son ajenos al año clave que la patronal afronta con sus elecciones en el mes de noviembre. El actual presidente aún no ha dicho si se presentará a la reelección.
Los populares han insistido durante meses en desmarcarse de la CEOE, dejando claro que cada organización toma sus propias decisiones y que los partidos no actúan en función de la posición por la que opten los agentes sociales. Pero la realidad es que los postulados del PP han ido coincidiendo a menudo con la línea marcada por la patronal. Por eso el distanciamiento de hace meses fue un antes y un después.
"La teoría del mal menor"
En el equipo de Casado vienen defendiendo que cada actor debe actuar en su ámbito, quitándose la presión de apoyar al Ejecutivo por mucho que la CEOE estuviera en los acuerdos. Sin embargo, ahora sí ven una vía de agua ante la división que vive la patronal.
Incluso públicamente el número dos de Casado, Teodoro García Egea, habló del asunto, remarcando la nueva línea de defensa del partido: “No todos los empresarios están de acuerdo con la reforma laboral. No todos han manifestado estar de acuerdo. Hay gente que piensa que retroceder en la facilidad de contratar es retroceder en la creación de empleo. Y el PP cree que, a pesar del maquillaje en la nueva reforma, supone volver atrás en creación de puestos de trabajo”, afirmó el secretario general tras el comité de dirección de esta semana.
En el PP también son muy críticos con la “obsesión” de que se visualicen acuerdos entre agentes sociales y el Gobierno de coalición. Como explican dirigentes de la cúpula, “acordar por acordar no es algo bueno, los acuerdos son buenos o malos en función del contenido”. De hecho, los populares sí han reprochado a la CEOE haber participado de la “escenificación continua” que Moncloa ha impulsado después de cada pacto. A finales de diciembre Garamendi decidió no estar en la foto y firma conjunta de la reforma laboral ante el temor de que el acuerdo pueda sufrir modificaciones en el Congreso.
El Gobierno insiste en que su pretensión es que apenas registre cambios, pero son los grupos parlamentarios los que deben refrendar el pacto con su voto en las Cortes. Y los nacionalistas vascos, igual que EH Bildu o ERC ya han puesto encima de la mesa sus exigencias.
Hasta que ese trámite pase, el papel no es definitivo. “Da la sensación de que la patronal se mantiene en la teoría del mal menor”, dicen dentro del PP, volviendo a reiterar que después de meses escuchando al Gobierno que derogaría “íntegramente” la reforma laboral, este acuerdo de mínimos ha conseguido contentar a la patronal. “Como siempre, el Gobierno parte de un punto tan radical, que en cuanto se rebajan algunas cuestiones ya es para alegrarse. Y eso tampoco puede ser”, zanjan en la formación.
