La Conselleria de Cultura ha iniciado el proceso que debe conducir, el próximo mes de diciembre, a la firma del Pacto Nacional por la Lengua, un acuerdo que se quiere amplio, y que de momento incluye al PSC y a los 'comuns', además de las tres fuerzas independentistas, y que determinará las políticas lingüísticas del futuro.
El pacto nacional por el catalán tiene su origen en una resolución del Parlament que instaba al Govern a sentar las bases para una entente y que contó con el voto favorable del PSC, ERC, Junts, CUP y los 'comuns'. A partir de aquí se pidió un informe académico que sirva de diagnosis del estado del catalán en Cataluña. Este informe se presentará en febrero, a las entidades y partidos, en la primera sesión del pacto.
Posteriormente se abrirá un proceso participativo al que seguirá el periodo de elaboración del propio pacto. La firma se prevé para diciembre. "Es un proceso abierto a todos", ha señalado la 'consellera' Natàlia Garriga quien señaló que contaba con el aval personal del primer secretario del PSC, Salvador Illa, en cuanto a la presencia en los trabajos de los socialistas.
Tres premisas a suscribir
Para sumarse al pacto, detalló la 'consellera', cabe suscribir tres premisas: la unidad de la lengua catalana; compartir que se halla en una situación "compleja" y compartir, asimismo, que cabe "revertir" esta situación.
El secretario de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha modo de ejemplo ha dejado caer un par de datos. Por ejemplo, en el 2020, solo el 53% de los jóvenes de la ciudad de Barcelona manifestaban conocer y hablar bien el catalán. Y que, si en el 2013 el 38% de los pacientes de la sanidad pública usaban normalmente el catalán, un lustro después, en el 2018, este porcentaje había caído al 26%. El número de sentencias en catalán, en el 2020, fue del 7,4%.
La conclusión de Vila es que el catalán está "lejos" de estar normalizada y detectó dos grandes razones para ello. Por un lado, una demografía compleja y un modelo social que dificulta la cohesión social, pero también "desaciertos y relajamientos en las políticas de normalización".
La intención de Cultura es que el plan busque la interlocución con todos los territorios y sectores económicos, como la sanidad, los medios de comunicación y la justicia, entre otros. El coste del proceso hasta la firma es de 80.000 euros.
