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Ante la justicia británica

Juan Carlos I defiende su inmunidad y alega que ser "emérito" no es estar inactivo

En un informe ante la justicia británica la defensa y la acusación que ejerce Larsen coinciden en que solo le puede juzgar el Supremo | La dos partes discrepan en que ella le considera un mero "ciudadano" tras su abdicación y él destaca los servicios que prestó hasta 2019

El Rey emérito Juan Carlos I en el interior del Congreso de los Diputados en una imagen de archivo.

La justicia de cada país tiene sus propias peculiaridades y la del Reino Unido confía en que las partes se lo hagan todo más sencillo. En la demanda por acoso interpuesta por Corinna Larsen contra el rey Juan Carlos, el juez del alto tribunal Matthew Nicklin quiso que ambas partes le presentasen un informe conjunto en el que quedara constancia de lo que comparten y aquello en lo que difieren para ayudarle a determinar si el emérito puede tener que responder en ese país por la acusación de la que fue su amante o por el contrario solo puede hacerlo ante el Tribunal Supremo español.

En el informe, al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo editorial, Prensa Ibérica, que este periódico, tanto el abogado y catedrático de Derecho Penal Bernardo del Rosal, que actuó como experto a petición de la defensa del Rey, como José Antonio Choclán, abogado de Larsen en España y perito elegido por ella para informar al magistrado sobre el alcance de la inmunidad del emérito, coinciden en que es inviolable por cualquier acto, personal o profesional, que cometiera antes de la abdicación en junio de 2014, pero también en que "el único tribunal que puede tener jurisdicción" sobre él es el Supremo.

También comparten que la Constitución española no regula "el estatus legal de un rey que ha abdicado" y en que sigue siendo miembro de la Casa Real española por ser padre del monarca actual, lo que le hacía merecedor de una secretaria, de seguridad y de una asignación de los presupuestos del Estado, así como que se retiró públicamente de sus deberes el 2 de junio de 2019.

Alcances y significados

Pero el documento conjunto firmado por ambos expertos adquiere aún más relevancia al explicitar las desavenencias que existen entre ambas partes. Estriban fundamentalmente en el alcance del real decreto en que se reflejó la situación en que quedaba Juan Carlos tras dejar de ser jefe del Estado por voluntad propia y en el significado de la palabra "emérito".

Choclán destacaba que no hay una ley en España que establezca el poder de un rey que abdique, a lo que Del Rosal le replica que la abdicación de don Juan Carlos fue un hecho "sin precedente", por lo que efectivamente no existía una previsión legal, pero eso "no significa que su estatus no haya sido establecido en las leyes aprobadas". A continuación el primero defiende que desde su abdicación, su título de rey es "honorífico" y se trata de un "ciudadano ordinario" hasta la ley que le confirió fuero ante el Supremo, "como otros cargos públicos españoles", como los ministros, por ejemplo. El segundo resalta lo obvio: el aforamiento ante el Supremo no es propio de un "ciudadano ordinario".

En cuanto al término emérito, la defensa de Larsen argumenta que "significa que mantiene sus honores como recompensa por el tiempo de servicio" que prestó antes de abandonar su responsabilidad, como figura en el real decreto en el que se dejó constancia legal de su situación. La del rey precisa que ser emérito "no quiere decir que haya sido legalmente relevado a una posición de retiro inactivo", porque hasta que "se retiró de la vida pública en junio de 2019 (cuando tenía 81 años de edad) era un miembro muy activo de la familia real española". Y mantuvo su rango de capitán general del Ejército.

Prestar servicios

Del Rosal añade que "los miembros de la Casa Real tienen diferentes derechos y responsabilidades", como a recibir salarios o compensaciones económicas por los servicios prestados; se les pagan los gastos, como residencia, secretaria, viajes, coches y personal de seguridad, "porque prestan oficiales servicios a la la monarquía o el Estado".

Choclán destaca que el 7 de junio de 2019 expresó su voluntad de dejar la vida pública y se le retiró la secretaria. El 15 de marzo su hijo, Felipe VI, le quitó la asignación de los Presupuestos Generales del Estado que recibía, a la vez que renunció a la herencia que le podía corresponder tras conocerse que tenía dinero en Suiza a través de fundaciones. Del Rosal apuesta por la mayor: "No ha habido cambios en el estatus legal de su majestad desde 2014 y sigue siendo parte de la Familia Real".

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