En plena polémica por el caso de Canet y por la sentencia del TSJC que obliga a la Generalitat a garantizar que todas las escuelas catalanas den un 25% de clases en castellano, el 'president', Pere Aragonès, ha reunido este jueves a 48 entidades educativas, sociales y culturales en una segunda cumbre sobre la lengua (la primera fue el pasado 24 de noviembre) en la que el objetivo era concretar cómo se va a responder a la sentencia y cómo se va a actuar para impulsar el uso del catalán en la escuela. Ha sido una reunión extensa, que debía acabar a las 19.30 y se ha alargado hasta pasadas las 21.00 horas. A su término, y en una declaración institucional, Aragonès ha subrayado que el Govern va a actuar para blindar el modelo educativo catalán.

Cataluña "es un país plural y de grandes consensos", ha dicho, para añadir que "la lengua ha sido punto de encuentro, de progreso, de cohesión y de convivencia". "Si hoy somos país cohesionado y vivo es en buena parte gracias a la lengua catalana. Por ello, todo ataque a la lengua es un ataque a los pilares de la convivencia de la sociedad plural y diversa que somos. Hoy no solo nos jugamos el futuro de la lengua sino una idea común de país, el futuro de Cataluña tal y como lo hemos entendido hasta ahora".

Ante esta situación, el Govern reafirma su compromiso en la defensa de la escuela catalana, de la inmersión lingüística, "un sistema de éxito", que "aglutina a todos y que nos refuerza como sociedad". Por ello, ante la ofensiva "política, mediática y judicial", ha anunciado diversas medidas para blindar el modelo.

Dos profesores por aula

Una de ellas, apunta a las sentencias concretas del TSJC, como la de Canet, que obligan al 25% de clases en castellano en determinadas aulas --35 según las cifras del Govern-- de determinados centros. Educació pondrá dos profesores en las aulas afectadas para preservar el proyecto lingüístico del centro. Cada centro decidirá, ha dicho el 'conseller' Josep Gonzàlez-Cambray, qué papel juega cada docente. Cambray no ha concretado, pese a las preguntas, si ello significa que un maestro dará la clase en castellano y el otro en catalán.

Preguntado sobre si el Govern cumplirá la sentencia del TSJC que afecta al conjunto de escuelas catalanas, Cambray ha insistido en que el Govern cumplirá el mandato de que al final de la educación obligatoria todos los alumnos tendrán competencias en ambas lenguas.

Más inspecciones

Por otra parte, y para impulsar el uso de la lengua catalana en las escuelas, Inspección intensificará la supervisión de proyectos lingüísticos vigentes, para que se garantice el cumplimiento de esos proyectos. En este marco, además, en las próximas semanas, empieza un estudio encargado a la UB de la situación real de la lengua en las escuelas. Y Educación pondrá en marcha de forma inmediata un plan de impulso del uso del catalán, que arranca este mes de enero, con medidas específicas según las necesidades de cada centro.

Ofensiva legislativa

Asimismo, para proteger el sistema educativo, el Govern lanzará una ofensiva legislativa para potenciar el modelo educativo catalán, buscando los consensos sociales y políticos que históricamente ha habido.

"El modelo de escuela catalana garantiza igualdad, equidad y cohesión social. Queremos seguir siendo país vivo por eso defendemos el catalán como la lengua del sistema educativo. Es importante que todos nos movilicemos en defensa de la lengua catalana y nos manifestemos masivamente. Ahora o nunca, nos jugamos el futuro de la lengua, el futuro del país", ha remachado Aragonès.

En la reunión han participado también el vicepresidente, Jordi Puigneró, y la 'consellera' de Universitats, Gemma Geis. Entre las entidades que han asistido, figuraban, entre otras, la Associació de Mestres Rosa Sensat, la Federació de Moviments per la Renovació Pedagògica, el Consell Escolar de Catalunya, los sindicatos Ustec, UGT, CCOO, CGT, SEPC, las fundaciones Jaume Bofill, Pere Tarrés y la Escola Cristiana de Catalunya, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Catalunya, la Asociación de Estudiantes Progresistas, la ANC, Òmnium, Plataforma per la Llengua y el centro Unesco de Catalunya.