La fiscalía ha pedido 18 meses de prisión para el exmagistrado Fernando Ferrín Calamita, contra el que se acaba de abrir juicio oral como presunto autor de un delito de odio por la publicación en una red social de una carta dirigida a la niña cuya adopción por una pareja de lesbianas le costó su plaza de juez de Familia de Murcia al ser inhabilitado por retrasar el proceso.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, reclama también que se le condene a indemnizar con 3.000 euros tanto a la mujer que instó la adopción de la niña como a la madre biológica de esta y pareja sentimental por los perjuicios y daños morales sufridos al decir en la carta que la menor había sido abandonada.

En la misiva que le ha costado este nuevo proceso judicial, fechada en julio de 2020, Ferrín, que firmaba como abogado, decía a la menor que tenía noticias de que sus madres la habían dejado y que se encontraba acogida por los Servicios Sociales, afirmaciones que, señala la fiscalía, no eran ciertas.

Además, se ofrecía a prestarle la ayuda que necesitara tanto en lo personal como en lo profesional y le informaba de que una vez que cumpliera los 16 años podría instar su emancipación y emprender acciones legales contra el Estado, la Comunidad Autónoma de Murcia y contra sus madres.

Señala el ministerio público que de la carta se hicieron eco numerosos medios informativos y las redes sociales, con lo cual se aumentó el daño hecho a las perjudicadas por su condición sexual.

Y añade que la intención del texto era, presuntamente, “someterlas a humillación pública, escarnio y descrédito y atacar y cuestionar su condición como personas y como madres por su orientación sexual”.

Señala igualmente que dos días antes de prestar declaración como investigado en el juzgado que abrió diligencias a raíz de la denuncia presentada por la fiscalía, Ferrín Calamita publicó un texto en su perfil en la misma red social en el que pedía perdón a las perjudicadas, por lo que considera que se le debe aplicar la atenuante de reparación del daño.

Ferrín Calamita fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TJRM) a la pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación por un delito de retardo malicioso en la tramitación del expediente de adopción, que fue elevada a diez años por el Tribunal Supremo (TS) en 2009 al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de prevaricación.

Transcurridos esos diez años, este exmagistrado solicitó su rehabilitación y el reingreso en su actividad , lo que fue denegado por el Alto Tribunal.

Ahora, en este nuevo proceso judicial, el exmagistrado se enfrenta a la solicitud de los 18 meses de cárcel y a la solicitud de inhabilitación para el ejercicio, profesión u oficio en los ámbitos educativo o deportivo de tiempo libre por tiempo de seis años.