Corinna zu Sayn-Wittgenstein se personó este lunes a la sala 13 del Royal Courts of Justice (Londres), donde se dirimía por primera vez en los tribunales su enfrentamiento judicial con Juan Carlos I. Amparada por su equipo legal, tomó notas y siguió atentamente la audiencia preliminar de la demanda civil presentada por ella contra el rey emérito, al que acusa de acoso, seguimiento ilegal y difamación. En este primer capítulo del caso, lo que se aborda es si Juan Carlos I goza de inmunidad soberana y si los tribunales ingleses tienen jurisdicción sobre la demanda, algo que tendrá de decidir el juez Matthew Nicklin.

En la primera de las dos sesiones programadas, el abogado de la defensa, Daniel Bethlehem, argumentó que, a pesar de la abdicación el 19 de junio de 2014, Juan Carlos I sigue siendo “completamente inmune para las leyes inglesas”. El suyo, subrayó, es un caso excepcional, el de un rey que abdica, pero que continúa siendo “parte fundamental del tejido constitucional” español y parte del núcleo familiar de Felipe VI, actual Rey, aunque vive en los Emiratos Árabes desde agosto de 2020 y no cumple funciones públicas en representación de la Corona.

Al juez Nicklin, “el énfasis legal” del abogado en esa pertenencia le hizo sentir “incómodo”. “Estaría más tranquilo si el Estado español dijera eso. No me toca a mí decir si es miembro de la familia real de España", apuntó, y sugirió la posibilidad de "invitar a España a que exponga sus puntos de vista”, pero Bethlehem reconoció que “el Estado español sería muy reacio a involucrarse en el caso”. 

¿Sin inmunidad?

James Lewis, uno de los abogados de Corinna, rechazó de plano que Juan Carlos I siga teniendo inmunidad. “Cuando se deja de ser Jefe de Estado se acabó, se acaba la inmunidad”, declaró. “Decir que por ser soberano eso es diferente, no tiene sentido”, añadió y señaló también que “maltratar o acosar en una relación íntima es un acto privado, no público, y no tiene sentido que el Estado español pueda amparar algo así”. 

Los abogados de Corinna, presentaron la demanda contra el rey emérito el 29 de diciembre del 2020. En ella se le acusa de presuntas acciones ilegales de acoso y seguimiento en las que habrían participado los servicios secretos españoles a cargo del general Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el momento de los hechos.

Corinna mantiene que, cuando se negó a continuar la relación sentimental con el emérito, este le exigió la devolución de 100 millones de dólares que le había donado en junio de 2012, unos fondos que provenían del rey Abdullah de Arabia Saudí y que Corinna considera un “regalo irrevocable”. De acuerdo con la demanda, Juan Carlos I comenzó a partir de entonces a acusarla de haberle robado en los círculos de contactos y amistades en común, lo que afectó drásticamente a su trabajo como "consultora estratégica". Además de importantes pérdidas económicas, le causó “angustia, ansiedad y problemas para conciliar el sueño”, dada su preocupación por “su propia seguridad y la de sus hijos”, argumenta.