La directora general de Currículum i Personalització de la Generalitat de Cataluña, Maite Aymerich, ha anunciado este lunes vía Twitter que deja el cargo, desde el que tenía la responsabilidad del modelo lingüístico en la escuela catalana y ahora la de aplicar la cuota del 25% de castellano ordenada por el Supremo. Aymerich pasará a dedicarse a la política local en su municipio, Sant Vicenç dels Horts, del que ya fue alcaldesa entre 2015 y 2019. Ahora ejercerá de portavoz de Junts per Sant Vicenç, agrupación vinculada a ERC.
"Cierro mi etapa como directora general del departamento de Educació, una etapa que me ha permitido afrontar grandes retos profesionales y contribuir a la transformación educativa de este país", ha explicado en un vídeo. "Y lo hago para poder dedicarme con todas las energías a nuestro municipio y poderme concentrarme en Sant Vicenç dels Horts. Para ponerme a disposición de los ciudadanos y hacer que Sant Vicenç prospere y sea un municipio de primera", ha añadido. Aymerich ha admitido que dejar Educació "no ha sido una decisión sencilla" pero la ha tomado "con ilusión" y con la "convicción" de poder colaborar a la "transformación de Sant Vicenç".
Al frente de la Dirección General de Currículum, Aymerich era la responsable de, entre otras cosas, potenciar e impulsar el modelo plurilingüe del sistema educativo catalán y orientar la acción educativa de los centros catalanes. También se encargaba de organizar el currículum de la educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, concretando loas competencias básicas y los contenidos de cada nivel educativo.
Su renuncia se produce apenas unos días del fallo del Supremo que ratifica la sentencia del TSJC que fija una cuota del 25% de castellano en las aulas catalanas y en plena polémica por la aplicación de esta resolución.
Este mismo lunes, los representantes de las Juntas Centrales de Directores de Centros de Educación Primaria y Secundaria de Catalunya han asegurado en una comparecencia en el Parlament que "cumplirán la legislación vigente". en lo que respecta a la resolución del Supremo. Arturo Ramírez Varela ha sido el encargado de fijar la posición, que ha sido muy clara: "Nosotros cumpliremos con todo aquello que determine la legislación vigente".
Los directores de las escuelas catalanas han hecho hincapié también en que "hasta el momento, la lengua no ha sido motivo de preocupación en los centros educativos", y han subrayado que los resultados de las pruebas competenciales que se realizan en los cursos 6º de primaria y 4º de ESO muestran en el ámbito lingüístico unos resultados similares entre catalán y castellano. "No hay diferencias o son mínimas. Un año en favor de una lengua, el siguiente a favor de la otra", explicaba Ramírez. "En los centros no hay ningún problema con la lengua", ha insistido. De hecho, el informe de evaluación de las pruebas competenciales de 4º ESO del curso pasado, 2020/2021, refleja que la puntuación media de la lengua catalana es de 76,5 mientras que la del castellano es de 78. "Una diferencia de 1,5 puntos que permite seguir afirmando que el sistema educativo catalán proporciona un conocimiento equiparable de las dos lenguas al finalizar la educación obligatoria", señala el informe del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu de la Generalitat.
La semana pasada, el 'conseller' de Educació, Josep González Cambray, pidió por carta a los directores de los centros educativos que no cambien su proyecto lingüístico: "Queremos que continuéis trabajando exactamente como hasta ahora".
'Ley Celáa' frente a 'Ley Wert'
Ahora debería ser el TSJC el que tendría que mover ficha y decidir cómo se ejecuta la sentencia, cómo se traslada a las aulas ese 25% y se aplica. El asunto es de una complejidad jurídica descomunal. Una de las claves será la ley de educación vigente, la Lomloe o 'ley Celaá', que obliga a los alumnos y alumnas a conocer perfectamente el catalán y el castellano cuando terminen la etapa secundaria obligatoria. Es algo que sucede en las aulas de Catalunya, la realidad del día a día. La Lomloe añade que si algún alumno tiene lagunas en alguno de los dos idiomas deberá tener clases de refuerzo.
En cambio, la ley previa a esta normativa, la 'ley Wert', ya no vigente, establecía que "el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable". Esa misma ley incluyó muchos artículos que luego fueron anulados por el Tribunal Constitucional.
