Este texto podría resumirse en una foto partida en dos: a un lado, las bancadas del Gobierno, del PSOE, de Unidas Podemos y de otras formaciones de izquierda representadas en el Congreso recibiendo entre aplausos la aprobación de los presupuestos de 2022; a otro, una reciente manifestación de los trabajadores del metal en Cádiz, quienes durante más de una semana han mantenido una huelga en protesta por su estancamiento salarial y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, entre otras razones, según publica este viernes El Periódico de España.

He aquí el contraste: la izquierda política alborozada porque ha logrado dar un impulso decisivo a las cuentas públicas destinadas a iniciar la recuperación y a regar la economía nacional de decenas de miles de millones de euros procedentes de la UE. Enfrente, las clases trabajadoras cada vez más molestas porque el contexto actual no lo está poniendo fácil. Los precios suben, los sueldos no; la luz sube, las nóminas no; la pandemia sube, las listas de espera para un médico, también.

Manifestación de apoyo a la huelga de los trabajadores del metal en Cádiz. EFE

Los sindicatos han anunciado una serie de movilizaciones sociales en un momento en el que, sin embargo, la izquierda está fuerte. Lo ha demostrado con el aval a los presupuestos en el Congreso y previsiblemente lo demostrará en el Senado dentro de unos días. A la Cámara Alta viajarán las cuentas antes de su aprobación definitiva. El Gobierno confía en que no haya cambios; algunos aliados lo van a intentar. Por reglamento, el trámite no puede durar más de un mes. Salvo sorpresa, habrá nuevos presupuestos el 1 de enero de 2022.

Viaje hasta un apoyo de casi 190 síes

188 votos a favor han conseguido los presupuestos en el Congreso. Por segundo año consecutivo, el Gobierno de coalición puede presumir de músculo parlamentario. Las cuentas vigentes las puso en funcionamiento tras el aval de 188 diputados. Once meses después, exactamente lo mismo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplaude, junto a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz EFE

Y los mismos socios, aunque con matices. ERC puso su precio muy alto, y lo puso en un terreno ajeno al de los presupuestos. El portavoz de los independentistas catalanes, Gabriel Rufián, comunicó a los negociadores socialistas que o aceptaban sus condiciones en la nueva Ley Audiovisual, o se salían del respaldo a las cuentas. Al final, tras una tarde, una noche y una madrugada, el Ejecutivo, con mediación de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, acordó con Esquerra el blindaje de las lenguas cooficiales en los catálogos de producciones de las plataformas a través de una cuota del 6 por ciento. Asimismo, incluirán un mecanismo de incentivos por el que el 10 por ciento de la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales irá dirigido a producciones en las mismas lenguas cooficiales.

Logrado el sí de los trece diputados de ERC, el Gobierno se empeñó en atar el apoyo del PNV, que estaba más o menos hecho, aunque, por razón meramente estratégica, los nacionalistas vascos optaron por postergar el anuncio del apoyo. De hecho, no lo han emitido. Se han limitado a aguardar a las votaciones y que se viera que han aceptado los 30 y pico dictámenes que conforman el proyecto de ley.

A los nacionalistas vascos se les adelantó EH Bildu, el lunes pasado, y Esquerra, al día siguiente. Las matemáticas indicaron entonces que el visto bueno de los seis parlamentarios encabezados por Aitor Esteban dejaba de ser necesario. Pese a todo, lo han dado. Como han hecho Más País, Compromís, PDeCAT, Teruel Existe, PRC y Nueva Canarias. Estas formaciones han sido capaces de añadir a la ley presupuestaria un cupo de sus demandas. Han sido menos que las que hubieran deseado y seguramente sean más de las que el Gobierno habría querido, pero al final medio centenar de pactos parciales han forjado un gran pacto global. En un Congreso con una veintena de formaciones y once grupos no es sencillo.

Con los que nunca contó el Gobierno han sido con PP, Vox, Cs, UPN y Foro. Hace un año, la formación de Inés Arrimadas intentó acceder al grupo de los partidos que promoverían los primeros presupuestos postpandemia. La lectura que hizo la líder "liberal" se prodigó en palabras como "utilidad" y "oportunidad". Esta vez, se salieron en cuanto el Ejecutivo les tanteó en septiembre.

Sánchez ante su año clave

España registró este mes un crecimiento de la tasa anual de inflación del 5,4 por ciento. La acumulada este año se encuentra un 5% por encima de la del año pasado. El precio de la luz, este jueves, ha alcanzado una media de 228 euros/MWh. Ya son 8 los días consecutivos por encima de los 200.

La pandemia se vuelve a propagar, aunque la población no están tan expuesta gracias a la vacunación. En comunidades autónomas como la de Madrid, y según datos aportados hace poco por CCOO, hay hasta 800.000 personas con una media de espera de seis meses para una operación. Es constante la reivindicación entre los profesionales sanitarios de una mejora en los servicios de atención primaria.

Yolanda Díaz y María Jesús Montero. EFE

Como la incidencia pandémica crece, la posibilidad de restricciones comienza a resonar en el clima político y social. De momento se habla de pasaportes covid y de semáforos pandémicos. Los tribunales superiores de justicia tendrán que ratificar las medidas que decidan las autoridades políticas.

Está aumentando el número de manifestaciones y de protestas. Aunque este jueves se produjo un acuerdo entre patronal y sindicatos para lograr una mejora salarial del 2% en las nóminas de los trabajadores del metal, lo que ha puesto fin a la huelga de momento, los ecos de las manifestaciones en Cádiz revolotea en el imaginario de la clase política. Ha sido una muestra de lo que puede venir en una coyuntura de precios más altos y salarios paralizados.

En el Gobierno y en los partidos que lo forman no reina el temor ni la preocupación de momento, señalan tres diputados de ambos grupos. Uno de ellos incluso confía en que la agenda legislativa que se avecina mitigará el malestar. En breve llegará al Congreso el decreto para empezar a desmontar la reforma laboral de Mariano Rajoy, que apostará por medidas para atajar una de las grandes lacras del sistema: la temporalidad. Tras los presupuestos, la reforma de la reforma laboral será el rubicón de la era Sánchez.

El presidente se jugará gran parte de su capital político en 2022. Con los presupuestos en marcha, con los fondos europeos en la parrilla de salida y con medidas como la mencionada antes, espera trasladar la recuperación de los indicadores macroeconómicos a los bolsillos de los ciudadanos. Que esta esperanza se convierta en realidad dentro de un año determinará sus opciones de éxito en las urnas que se pondrán. 2023 es año electoral.