La validez de las grabaciones que dieron origen al caso Brugal con independencia de su valoración como prueba de cargo. Es lo que defendió este martes con precisión de cirujano el fiscal Anticorrupción Pablo Romero en la primera de las dos sesiones fijadas para responder a las cuestiones previas planteadas por las defensas del proceso por las irregularidades en la adjudicación de una macro planta de basuras en la Vega Baja, cuyo juicio se está celebrando en la sede de la Audiencia en Elche.
Unos planteamientos focalizados en gran medida en intentar anular los audios grabados por el empresario Ángel Fenoll por los que, además de él y de su hijo, está acusado el expresidente popular de la Diputación José Joaquín Ripoll, los empresarios Enrique Ortiz y Rafael Gregory, el exdiputado socialista Antonio Amorós y la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente, entre otros.
"Lo incierto no se convierte en cierto en mucho repetirlo", comenzó afirmando el acusador público en alusión a las irregularidades esgrimidas por las defensas para intentar invalidar una grabaciones que "la Fiscalía no se limitó a utilizarlas sino que previamente analizó y cotejó", aseveró.
En una intervención en la que descendió hasta el mínimo detalle, hasta el punto de analizar cada auto cuestionado, el fiscal negó la existencia de informes que aseguren que las grabaciones han sido manipuladas, como sostienen las defensas. E hizo hincapié en que "no debe confundirse el interés que tenía Fenoll en grabar esas conversaciones, que era desvelar que se pagaban comisiones para frustrar la adjudicación del contrato de las basuras de Orihuela a la competencia, con el uso que después hiciera de ellas filtrándolas a los medios de comunicación".
El fiscal calificó de "palmaria y evidente", la "corrección procesal de la Fiscalía" y apuntó que se puede cuestionar la validez de las grabaciones como prueba de cargo pero no como motivo más que suficiente para justificar el auto que dio origen al caso Brugal. Y agregó que anular lo actuado, como pretenden las defensas, "supondría la indefensión de la Fiscalía y burlar al tribunal de oportunidad de valorar el resultado de esa investigación".
Explicó hasta el agotamiento por qué estas grabaciones no vulneran derechos fundamentales como el de la intimidad o al secreto de las comunicaciones y recordó que una instancia superior, como es la Audiencia, ha avalado todas las actuaciones cuestionadas. "Si tan grosera hubiera sido la ilegalidad, no hubiéramos llegado hasta aquí", sentenció.
El fiscal anticorrupción no escatimó argumentos para defender la legalidad de la instrucción, recordó que la trama Gürtel se puso al descubierto como unas grabaciones similares a las del Brugal (un particular que graba unas conversaciones) y que se están cosechando condenas pese a que también se intentaron anular utilizando los mismos argumentos que en este caso. El acusador sostuvo también que la investigación del plan zonal "no fue un hallazgo sobrevenido y tuvo cobertura legal desde el principio".
Advertencia del presidente por un comentario en la sala
Una seria advertencia de que no iba a permitir comentario alguno en la sala tuvo que lanzar a últimas horas de la mañana el presidente del tribunal, el magistrado Joaquín Orellana, tras avisar el fiscal anticorrupción Felipe Briones de que había escuchado uno. Fue a continuación de una afirmación de su compañero Pablo Romero, quien acababa de decir que para las defensas, hiciera lo que hiciera la Fiscalía, nunca acertaba. "Así es", se oyó perfectamente en las inmediaciones de donde se encontraba sentado Enrique Ortiz, no muy lejos de la bancada que ocupa la acusación pública.
