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Caso Gürtel

Las confesiones de cabecillas de la Gürtel complican la defensa de Camps

Correa y sus colaboradores han admitido los amaños en el juicio de la trama en Bobadilla, una estrategia que se extenderá a la vista de los contratos menores con tres consejerías valencianas

Francisco Correa declara en el juicio de los trajes que absolvió a Camps y Costa.

El próximo 9 de febrero de 2022 se cumplirán trece años del estallido de la trama Gürtel, la metástasis corrupta que se extendió por Madrid y Valencia, como principales focos. Trece años en los que los principales cabecillas de la trama han pasado de negar los hechos, como hicieron Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez en el juicio por los trajes a la cúpula popular o por los amaños en Fitur celebrados en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), a confesar cómo organizaron la trama corrupta bautizada con el nombre del cabecilla en alemán.

El último reconocimiento de hechos se ha producido esta semana en el juicio en la Audiencia Nacional por los negocios de la trama en Boadilla del Monte. Diecisiete de los 24 acusados en esta pieza separada han admitidos los hechos de los que le acusa la Fiscalía Anticorrupción. Entres ellos los cabecillas de la Gürtel como Francisco Correa y Pablo Crespo. Correa admitió durante su declaración: "Yo he adjudicado muchísimas obras. No solo en Boadilla, sino en muchos municipios y a nivel general". De Correa han dicho otros acusados en el juicio que era "el entrenador que decidía absolutamente todo" en el conglomerado de empresas que creó, el 'Grupo Francisco Correa', que eran dirigidas por Isabel Jordán, quien informaba de todo al exdirigente del PP gallego y número dos, Pablo Crespo, a quien todos los subordinados reportaban y luego transmitía a Correa.

Estos mismos protagonistas volverán a verse las caras en el juicio de la pieza 5 del caso Gürtel conocida como la de los contratos menores. Se trata de una especie de pedrea en forma de pequeños contratos menores de 12.000 euros adjudicados a las empresas de Correa desde cuatro consejerías y cinco empresas públicas entre 2004 y 2009, por valor de más de 1,8 millones cuando la Generalitat valenciana estaba dirigida por Francisco Camps. Un presunto trato de favor que sentará en el banquillo a 27 acusados: seis miembros de la conocida como trama Gürtel, todos en fase de arrepentimiento y colaboración con la Fiscalía Anticorrupción tras años encarcelados: Francisco Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordán, Álvaro Pérez, Mónica Magariños y Cándido Herrero.

La Audiencia Nacional juzgará al expresidente, Francisco Camps, tres de sus consellers (Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera) y 17 directivos del segundo escalón o técnicos de la Generalitat. Todos, excepto Camps, están acusados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, entre otros delitos.

A Camps se le acusa de prevaricación administrativa y fraude a la administración por el único contrato investigado en esta causa que no había prescrito en 2018, cuando se reabrió para incluir al exjefe del Consell: la adjudicación desde Presidencia de la Generalitat del "stand de grandes eventos" para la edición de 2009 de Fitur, que se adjudicó directamente a la trama Gürtel, como sucedía desde 2004 (por estos últimos hechos cumple nueve años de cárcel la exconsellera Milagrosa Martínez, aunque otra consellera, Angélica Such, fue absuelta en la pieza de la Gürtel por el amaño de contratos de Fitur por 5 millones de euros).

Compensar deuda con el PP

El titular del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional considera que esta adjudicación directa a la Gürtel por la directora general de Promoción Institucional Dora Ibars, (investigada en la causa y que dependía de Presidencia), se hizo para compensar la deuda de 800.000 euros que el PP tenía con Orange Market desde la campaña electoral de 2007. Una tesis que apuntalaron en instrucción Correa y sus cinco colaboradores y el exsecretario general del PP, Ricardo Costa y que constituyeron "un arsenal de indicios, muy consistentes, que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, participó en el direccionamiento del contrato de Grandes Eventos Fitur 2009 a favor de Orange Market, como venía haciendo desde 2005, a cambio de su paciencia y resignación ante el impago de la multimillonaria deuda que el PP de la Comunidad Valenciana tenía con Orange Market" y de la "colaboración" "al aceptar las fórmulas ilegales de pago que el PP utilizaba para cancelar la deuda que mantenía con la empresa".

Rechazan que declaren Villarejo, Garzón, Puig, Flors o De la Vega

La sección segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado la prueba solicitada por Francisco Camps para que declararan en el juicio por los contratos menores con la Gürtel (aún sin fecha) Ximo Puig, Ángel Luna, Cristina Moreno y Carmen Ninet (que intervienen en nombre del PSOE que ha ejercido la acusación popular en la trama Gürtel). Camps también solicitaba que acudieran como testigos al exjuez y primer instructor de la Gürtel Baltasar Garzón; José Flors (el magistrado, ya jubilado, que instruyó la causa de los trajes); las fiscales Anticorrupción Myriam Segura y Concepción Sabadell, José de la Mata (instructor de la pieza en la Audiencia Nacional) o exministros como Mariano Fernández Bermejo, Francisco Caamaño o la exvicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega. También el excomisario Villarejo y la fiscal general, Dolores Delgado.

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