El PP quiere evitar el reconocimiento previsto en la futura ley de Memoria Democrática a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura y en dos de sus enmiendas a este anteproyecto propone la supresión de dos artículos que hacen referencia a esas declaraciones de reparación personal.

Ha presentado 94 enmiendas, de las que 72 son de supresión a artículos, títulos, rubricas o disposiciones y 22, de modificación.

Piden que no haya un día, el 31 de octubre, de recuerdo y homenaje a esas víctimas, ni que el 8 de mayo sea el día de los exiliados, que justifica porque ya hay otras fechas en las que se conmemoran la paz, la democracia o a las víctimas de confrontaciones bélicas.

También quiere evitar que el Estado adopte medidas para identificar los hechos ocurridos ni que se reconozca el papel activo de las mujeres en la vida intelectual y política.

El PP considera innecesario crear el Consejo Territorial de Memoria Democrática, como órgano de cooperación, ni que se cree una Fiscalía de Sala para investigar los hechos de violación de los derechos humanos desde la guerra hasta la entrada en vigor de la Constitución.

Tampoco quiere que se desarrollen medidas de restitución y rehabilitación para restablecer los derechos de las víctimas individuales y colectivos, ni proponer iniciativas para investigar las incautaciones, ni que se repare a las víctimas de los trabajos forzados, ni que se les conceda la nacionalidad española a los integrantes de las brigadas internacionales.

Piden la supresión del artículo que considera contrarios a la memoria democrática los símbolos de exaltación de la sublevación militar y de la dictadura, ni que se haga un catálogo de esos vestigios, ni que no haya ayudas públicas para los sancionados por ir contra la memoria democrática, ni que se retiren reconocimiento y honores por ello.

El PP se opone a que se elabore un catálogo con los títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978 que representen la exaltación de la guerra y la dictadura y que se suspendan, ni que se revisen y puedan retirarse condecoraciones y recompensas.

No quiere acciones de reparación

Quiere evitar que el Estado fomente las políticas de memoria democrática y que el sistema educativo las incluya entre sus fines; que se impulse la investigación sobre el exilio y que pueda haber acciones de reparación y reconocimiento simbólicos.

Descarta que pueda haber un procedimiento para declarar a algunos sitios lugares de la memoria histórica, ni que se cree un inventario estatal con ellos ni se protejan.

El PP propone que el Valle de los Caídos se destine a dar a conocer las circunstancias de su construcción, el período en el que se inserta y su significado, "para fortalecer la convivencia y los valores constitucionales y democráticos, en el espíritu de reconciliación que alentó la transición".

Pide que se declare extinguida la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y que se establezca un nuevo marco jurídico aplicable al Valle y agrega que se atenderán las peticiones de exhumaciones y entrega de restos, en su texto alternativo.

No quiere que haya un Consejo de la Memoria Democrática, ni un registro estatal de entidades, ni que haya sanciones para quienes incumplan la ley, ni que se puedan denunciar las infracciones.

El PP también quiere suprimir la disposición que prevé que sea causa de extinción que las fundaciones hagan apología del franquismo o de la guerra e incitación al odio.