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Tribunales

La jueza deja en libertad al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau

El exvicealcalde de Valencia deberá comparecer semanalmente ante el juzgado

Alfonso Grau.

La jueza del caso Azud ha decretado esta mañana la libertad provisional para Alfonso Grau, el último de los ocho detenidos en esta causa que aún permanecía en la cárcel, cuando se cumplen seis meses de su arresto, según informan fuentes del TSJCV. El caso Azud investiga desde 2017 delitos de malversación, cohecho y prevaricación en una trama de corrupción basada en mordidas a políticos y funcionarios para obtener licencias y proyectos de manera ventajosa. En esta causa están investigados, además de Grau, el cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, el exportavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, o el empresario inmobiliario Jaime Febrer, entre otros.

La magistrada ha tomado la decisión cuando se cumple medio año exacto de la detención del que fuese vicealcalde de Valencia y mano derecha la alcaldesa, Rita Barberá, durante buena parte del mandato de esta. Grau está considerado como uno de los pilares de la trama en la investigación que desarrolla el grupo de delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción y la jueza de Instrucción número 13 de València.

En el caso de Grau, la magistrada considera que “ha cesado por completo” el motivo por el que ordenó su encarcelamiento, esto es, el riesgo de alteración de las pruebas, por lo que, conjurado ese peligro, la jueza cree que ha llegado el momento de excarcelar al vicealcalde, quien ha pasado la mayor parte del tiempo en el módulo de Enfermería, el más cómodo y amable de cuantos hay en el centro penitenciario de Picassent.

En el auto por el que se excarcela a Alfonso Grau, notificado esta mañana a su abogado defensor, así como al resto de letrados personados en esta causa, la jueza establece las mismas medidas que para el resto de investigados que fueron enviados a prisión y para quienes se fue dictando libertad provisional conforme avanzaba la investigación, esto es, retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y obligación de presentarse a firmar en el juzgado cada semana.

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