El 27 de octubre de 2020, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, llevó al Consejo Fiscal, su órgano asesor, la propuesta de no conceder una de las dos plazas fijas en la Fiscalía Anticorrupción, solicitada por Ignacio Stampa, el fiscal que empezó a instruir en comisión de servicios, en 2017, una macrocausa que ha terminado por sumar unas 30 piezas contra el excomisario José Manuel Villarejo. En cambio, la fiscal general dio luz verde en el mismo acto a otorgar la otra plaza a su compañero Miguel Serrano.
Dolores Delgado, pareja del abogado Baltasar Garzón, exjuez que dirige el bufete Ilocad, que defiende a algunos investigados consiguió el respaldo del Consejo Fiscal, no se abstuvo a la hora de formular su propuesta sobre Stampa, ni expuso, según fuentes judiciales consultadas, las circunstancias de un potencial conflicto.
Stampa no ha podido, por tanto, subirse a los estados en el juicio oral de las tres piezas que él instruyó y que serán las primeras enjuiciadas por la Audiencia Nacional al reanudarse la vista el próximo 15 de noviembre.
Demanda de reparación patrimonial
El fiscal Stampa, ahora en la Fiscalía de Madrid, ha presentado una demanda de reclamación de reparación patrimonial por las presuntas maniobras de la fiscal general del Estado contra él, que culminaron en la fórmula de denegarle la plaza fija que solicitaba en la Fiscalía Anticorrupción, una aspiración que contaba con el respaldo de su fiscal jefe, Alejandro Luzón.
El fiscal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Salvador Viada, presidente de la Asociación Profesional de Fiscales Independientes (APIF), ha registrado este jueves 11 de noviembre una serie de preguntas ante el Consejo Fiscal que ponen en cuestión la decisión aprobada el 27 de octubre de 2020 para denegar la plaza a Stampa.
Viada pregunta si conocía el Consejo Fiscal en la votación del 27 de octubre citado que "el despacho que lidera la pareja sentimental" de la fiscal general del Estado "ejercía la defensa de varios implicados y que había intervenido en alguna diligencia en defensa de alguno de los implicados". El fiscal se refiere a la asistencia que prestó Garzón al investigado excomisario Enrique García Castaño al ser detenido, el 11 de julio de 2018.
En un laberinto
El fiscal se introduce con sus preguntas en el laberinto de lo que fue la investigación abierta por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra Stampa por presuntas filtraciones en el caso Tándem, unas diligencias que terminaron archivadas pero que fueron prorrogadas artificialmente para dar la apariencia de que el fiscal era objeto de investigación.
"Es cierto que el fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, se dirigió en al menos dos ocasiones por medio de 'sugerencias' por escrito al instructor de las diligencias de investigación [el teniente fiscal Carlos Ruiz de Alegría] para hacerle reconsiderar su propuesta de archivo de las actuaciones e instándole a practicas nuevas diligencias?". ¿Por qué si la denuncia que dio origen a la investigación sobre filtraciones buscaba abrir diligencias contra Stampa y Serrano solo se llevaron adelante contra el primero de ellos?
Pero Viada, citando la demanda de Stampa, plantea otro aspecto muy relevante del laberinto en el que se metió la fiscal general del Estado. "¿Es cierto que dichos escritos del fiscal jefe de la secretaria técnica 'sugiriendo' al instructor continuar la investigación han sido eliminados del expediente de las citadas diligencias a pesar de ser la razón por la cual las diligencias se prolongaron más allá de la fecha del 27 de octubre de 2020?".
Asunto de "máxima gravedad"
Este punto es relevante. Porque Dolores Delgado consigue prorrogar las diligencias sobre Stampa precisamente cuando lleva al Consejo Fiscal la propuesta de denegarle la plaza. El yo acuso que Stampa plantea en su demanda de reparación patrimonial y que Viada recoge apunta que, cuando el instructor, el teniente fiscal Carlos Ruiz de Alegría, se niega a seguir prolongando las diligencias, por sugerencia de la secretaría técnica, la dirección de las mismas fue avocada al fiscal superior del TSJM, Jesús Caballero Klink.
El fiscal Viada concluye: "El asunto es de la máxima gravedad. El Consejo Fiscal debe someter a debate un hecho que ha tenido una repercusión inmediata en un caso [Tándem-Villarejo] de corrupción política y policial, produciendo además un perjuicio directo a un fiscal [Stampa] al que todas las causas abiertas contra él han terminado archivadas".
