Ciutadans ya se ha puesto manos a la obra. El partido naranja ha presentado este miércoles una petición de reconsideración a la Mesa del Parlament sobre la admisión a trámite de los presupuestos de la Generalitat, registrados ayer, que paraliza el inicio de las comparecencias de los 'consellers' en la Cámara catalana. Este es el primer paso para que después puedan acudir al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) para pedir un informe sobre la legalidad de las cifras previstas para el 2022.
Los seis diputados de Cs no son suficientes para acudir al CGE, por lo que esperan contar con los tres representantes del PP o con los once de Vox, ya que requieren de la firma de dos grupos parlamentarios o de 14 diputados. El órgano parlamentario ha tumbado la reconsideración tras escuchar a la junta de portavoces porque no ven indicios de inconstitucionalidad.
La política exterior
En el texto presentado por Cs, se refieren explícitamente al capítulo de acción exterior, ya que consideran que es "inconstitucional" porque puede ir más allá de las competencias de la Generalitat. El partido recuerda que el Tribunal Constitucional ya falló contra las estrategias en el exterior en octubre de 2020 y que las autonomías sólo pueden llevar a cabo políticas de acción exterior siempre que no se presenten como sujeto internacional ni comprometan la unidad y coherencia de la política exterior del Estado. Los naranjas recalcan que en el proyecto de presupuestos se prevé la "necesidad de crear un instrumento de acción exterior para dar respuesta a las necesidades del país", y considera que esto puede chocar con el Estatut, con la ley de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea. "Pretenden dotar a la Generalitat de una posición institucional que va más allá de la acción promocional", afirman.
Y es que las cuentas de todo el Departament crecen un 27,8% respecto al 2020 y suman 20,5 millones de euros más hasta llegar a un total de 94,3 millones de euros sobre papel. La 'consellera' Victòria Alsina ha justificado el crecimiento presupuestario como un "mensaje político claro de que, ante la represión del Tribunal de Cuentas, la Generalitat consolida su acción exterior". Este órgano reclama fianzas millonarias de hasta 5,4 millones de euros a varios exaltos cargos de la Generalitat por el despliegue de esta red extranjera entre el 2011 y el 2017 vinculada al 'procés'.
El 'conseller' de Economia, Jaume Giró, ya dejó caer ayer que le provocaría "vergüenza" que algún partido llevara el proyecto de presupuestos al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), algo que dilataría los plazos poniendo en jaque que el 2022 empiece con unas cuentas aprobadas. "Si esto se produce, sería una maniobra de filibusterismo parlamentario porque no hay razón objetiva para que así sea", zanjó.
