Abascal registra una ley para restringir la concesión de la nacionalidad española

Vox ha registrado en el Congreso una proposición de ley para restringir la concesión de la nacionalidad española y su presidente, Santiago Abascal, la ha contrapuesto al Estado "sumiso" que cede soberanía que cree que defienden tanto el Gobierno como el PP.

En la proposición de ley, que implicaría modificaciones de los códigos Civil y Penal, Vox propone incrementar a 15 los años de residencia legal para la adquisición de la nacionalidad y que los solicitantes acrediten el conocimiento del idioma y superen un examen escrito de conocimientos constitucionales, históricos y culturales de España.

Vox también pretende que para la renuncia a la nacionalidad anterior se presente un documento público del país de origen, salvo en los casos de iberoamericanos, portugueses, andorranos, ecuatoguineanos, filipinos y sefardíes, para evitar casos de doble nacionalidad sin tratado bilateral al respecto.

"Veremos hasta qué punto los señores diputados valoran la nacionalidad española como un tesoro o si están dispuestos a regalársela a cualquiera", ha dicho Abascal respecto a su proposición de ley durante su intervención en el pleno parlamentario en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado cuenta de las últimas cumbres europeas.

También ha señalado que cada vez se oyen más fuertes los "tambores de gran coalición" y ha augurado que el PSOE y el PP acabarán gobernando juntos en España porque comparten la defensa de la Agenda 2030 y la cesión de soberanía a entidades supranacionales y porque ya pactan en otros asuntos, como la renovación de los órganos constitucionales.

Agenda 2030

A juicio del líder de Vox, "con ligeros matices" la política internacional del PP es la misma que la de Sánchez, quien "se ha abrazado a la Agenda 2030 como tabla de salvación", está renunciando a defender la soberanía española y acude a las cumbres internacionales "a pasearse y dejarse ver".

Abascal ha considerado que la COP26 de Glasgow (Reino Unido) ha sido un "conciliábulo" de la "superclase globalista" de la que Sánchez quiere formar parte en su empeño en una transición ecológica que está siendo concebida, en su opinión, de forma "tremendamente lesiva".

A su juicio, las trabas a la industria conllevan la deslocalización y que la producción se mueva "a sitios más contaminantes", y, a cambio, "habrá internet en los pueblos, aunque no habrá gente" porque se están despoblando.